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El PSOE presenta una moción de censura contra el Presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez

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El PSOE de Murcia ha presentado este viernes una moción de censura en el Parlamentario autonómico contra el presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Auditorio. Solicitan a la Mesa de la Asamblea Regional que admita este escrito para que por el Pleno «se pueda exigir la responsabilidad política del presidente y del Consejo de Gobierno mediante la adopción de una moción de censura que le retire la confianza obtenida anteriormente».

Los socialistas se han adelantado a Ciudadanos, que habían confirmado que el lunes presentarían la moción si el presidente no había dimitido, pese a que necesitaban el apoyo de tres diputados más para hacerlo. La moción socialista viene refrendada por los 13 diputados con los que cuenta el PSOE en el Parlamento autonómico, que integran más del 15% de la composición de la Cámara, dice el texto.

El texto de la moción recuerda las palabras del presidente murciano cuando dijo que si la justicia dictaminaba «una imputación por el caso Auditorio dimitiría, porque cumpliría su palabra sin necesidad de que nadie se lo pidiera».

Tras hacer referencia al artículo 54 de la Ley de Transparencia, recuerda que en el mismo se recoge el punto 1, que dice, textualmente, que «en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones».

Los socialistas acusan al presidente murciano de «faltar a la palabra dada, incumple lo que firma y quiebra el principio democrático de cumplir el mandato de la ley», así como de «situarnos en un escenario de total inestabilidad política, debido tanto a su imputación como a su falta de ejemplaridad en la ética pública».

Asimismo, recuerdan que desde que tomó posesión Sánchez, «la agenda del gobierno se ha ido eclipsando por las actuaciones judiciales y los tiempos procesales en relación con las causas abiertas, pendientes y en curso judicial que pesan sobre el presidente, poniendo en jaque la estabilidad de un gobierno que pende y depende de la acción de la justicia».

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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