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El Supremo confirma las condenas de la Gürtel

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Bárcenas

Ya hay sentencia firme del caso Gürtel. El Tribunal Supremo ha confirmado o rebajado muy ligeramente las penas que dictó la Audiencia Natural en una de las piezas principales de la trama, también llamada «Época I», que comprende su actividad entre los años 1999 y 2005. La resolución del Supremo también mantiene la condena al Partido Popular y a la exministra Ana Mato, ya que considera que resultaron beneficiados económicamente de la trama, y les obliga a devolver el dinero obtenido.

Los 29 condenados en firme, que han visto sus penas confirmadas o ligeramente rebajadas, son:

Francisco Correa: 51 años de cárcel. Líder de la trama.
Guillermo Ortega: 40 años y 3 meses de cárcel. Exalcalde de Majadahonda.
Pablo Crespo: 36 años y 8 meses de cárcel. Exsecretario de organización del PP en Galicia.
Luis Bárcenas: 29 años y 1 mes de cárcel. Extesorero y exsenador del PP.
Alberto López Viejo: 27 años y 10 meses de cárcel. Exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Carmen Rodríguez Quijano: 17 años y 8 meses de cárcel. Esposa de Francisco Correa.
Juan José Moreno: 17 años y 2 meses de cárcel. Exconcejal en Majadahonda.
Isabel Jordán: 14 años y 11 meses de cárcel. Gestora de las empresas de Correa.
Jesús Sepúlveda: 14 años y 4 meses de cárcel. Exsenador y exalcalde de Pozuelo.
José Luis Izquierdo: 13 años y 10 meses de cárcel. «Contable» de la trama.
Rosalía Iglesias: 12 años y 11 meses de cárcel. Esposa de Luis Bárcenas.
Luis de Miguel: 9 años y 1 mes de cárcel. Se ocupó de la «ingeniería» financiera de la trama.
Carlos Clemente: 7 años y 9 meses de cárcel. Exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
Ricardo Galeote: 6 años y 6 meses de cárcel. Exconcejal en Estepona.
José Luis Peñas: 4 años y 9 meses de cárcel. Exconcejal de Majadahonda que denunció el caso.
Antonio Villaverde: 3 años y 11 meses de cárcel. Testaferro de Francisco Correa.
Jesús Merino: 3 años y 7 meses de cárcel. Exsenador, diputado y consejero de la Junta de Castilla y León.
Pedro Rodríguez: 3 años de cárcel. Asesor técnico de López Viejo.
Javier Nombela: 2 años, 1 mes y 15 días de cárcel. Trabajador de las empresas de Correa.
Alicia Mínguez: 2 años, 1 mes y 15 días de cárcel. Trabajadora de las empresas de Correa.
Alfonso García Pozuelo: 2 años de cárcel. Empresario.
Iván Yáñez: 1 año y 10 meses de cárcel. Testaferro de Luis Bárcenas.
Teresa Gabarra: 1 año y 6 meses de cárcel. Esposa de López Viejo.
Ángel Sanchís Perales: 1 año de cárcel. Extesorero y diputado de Alianza Popular.
Roberto Fernández: 11 meses de cárcel. Exconcejal en Pozuelo.
Pablo Ignacio Gallo: 9 meses de cárcel. Trabajador de las empresas de Correa.
Ángel Sanchís Herrero: 9 meses de cárcel. Hijo del extesorero de Alianza Popular.
Jesús Calvo: 6 meses de cárcel. Empresario.
Jacobo Gordon: 5 meses de cárcel. Empresario.

En la sentencia, el Tribunal Supremo argumenta que se creó «»un auténtico y eficaz sistema de corrupción, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública».

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La UCO detiene al presidente del PP de la Diputación de Almería por presunta corrupción en la compra de mascarillas

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Almería a Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial y líder del Partido Popular en la provincia, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La operación incluye también la detención del vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP. Las detenciones se producen por presuntos contratos irregulares vinculados a la adquisición de material sanitario.


Registros en marcha y una investigación dirigida desde un juzgado de Almería

Según fuentes próximas al caso, el operativo está siendo coordinado por un juzgado de instrucción de Almería, que ha ordenado registros simultáneos en varios puntos de la provincia relacionados con los investigados.

Estas fuentes subrayan que el procedimiento no está conectado con los casos abiertos en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, que también investigan contratos de emergencia durante la pandemia. En este caso concreto, todos los implicados pertenecen al Partido Popular.


Contratos de mascarillas bajo sospecha

La investigación se inició tras detectar posibles irregularidades en contratos de suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios, adjudicados durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

La UCO analiza ahora documentación incautada para determinar el alcance de las responsabilidades y el presunto perjuicio económico.

 

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