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El Supremo confirma las condenas de la Gürtel

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Bárcenas

Ya hay sentencia firme del caso Gürtel. El Tribunal Supremo ha confirmado o rebajado muy ligeramente las penas que dictó la Audiencia Natural en una de las piezas principales de la trama, también llamada «Época I», que comprende su actividad entre los años 1999 y 2005. La resolución del Supremo también mantiene la condena al Partido Popular y a la exministra Ana Mato, ya que considera que resultaron beneficiados económicamente de la trama, y les obliga a devolver el dinero obtenido.

Los 29 condenados en firme, que han visto sus penas confirmadas o ligeramente rebajadas, son:

Francisco Correa: 51 años de cárcel. Líder de la trama.
Guillermo Ortega: 40 años y 3 meses de cárcel. Exalcalde de Majadahonda.
Pablo Crespo: 36 años y 8 meses de cárcel. Exsecretario de organización del PP en Galicia.
Luis Bárcenas: 29 años y 1 mes de cárcel. Extesorero y exsenador del PP.
Alberto López Viejo: 27 años y 10 meses de cárcel. Exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Carmen Rodríguez Quijano: 17 años y 8 meses de cárcel. Esposa de Francisco Correa.
Juan José Moreno: 17 años y 2 meses de cárcel. Exconcejal en Majadahonda.
Isabel Jordán: 14 años y 11 meses de cárcel. Gestora de las empresas de Correa.
Jesús Sepúlveda: 14 años y 4 meses de cárcel. Exsenador y exalcalde de Pozuelo.
José Luis Izquierdo: 13 años y 10 meses de cárcel. «Contable» de la trama.
Rosalía Iglesias: 12 años y 11 meses de cárcel. Esposa de Luis Bárcenas.
Luis de Miguel: 9 años y 1 mes de cárcel. Se ocupó de la «ingeniería» financiera de la trama.
Carlos Clemente: 7 años y 9 meses de cárcel. Exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
Ricardo Galeote: 6 años y 6 meses de cárcel. Exconcejal en Estepona.
José Luis Peñas: 4 años y 9 meses de cárcel. Exconcejal de Majadahonda que denunció el caso.
Antonio Villaverde: 3 años y 11 meses de cárcel. Testaferro de Francisco Correa.
Jesús Merino: 3 años y 7 meses de cárcel. Exsenador, diputado y consejero de la Junta de Castilla y León.
Pedro Rodríguez: 3 años de cárcel. Asesor técnico de López Viejo.
Javier Nombela: 2 años, 1 mes y 15 días de cárcel. Trabajador de las empresas de Correa.
Alicia Mínguez: 2 años, 1 mes y 15 días de cárcel. Trabajadora de las empresas de Correa.
Alfonso García Pozuelo: 2 años de cárcel. Empresario.
Iván Yáñez: 1 año y 10 meses de cárcel. Testaferro de Luis Bárcenas.
Teresa Gabarra: 1 año y 6 meses de cárcel. Esposa de López Viejo.
Ángel Sanchís Perales: 1 año de cárcel. Extesorero y diputado de Alianza Popular.
Roberto Fernández: 11 meses de cárcel. Exconcejal en Pozuelo.
Pablo Ignacio Gallo: 9 meses de cárcel. Trabajador de las empresas de Correa.
Ángel Sanchís Herrero: 9 meses de cárcel. Hijo del extesorero de Alianza Popular.
Jesús Calvo: 6 meses de cárcel. Empresario.
Jacobo Gordon: 5 meses de cárcel. Empresario.

En la sentencia, el Tribunal Supremo argumenta que se creó «»un auténtico y eficaz sistema de corrupción, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública».

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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