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El Supremo confirma las condenas de la Gürtel

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Bárcenas

Ya hay sentencia firme del caso Gürtel. El Tribunal Supremo ha confirmado o rebajado muy ligeramente las penas que dictó la Audiencia Natural en una de las piezas principales de la trama, también llamada «Época I», que comprende su actividad entre los años 1999 y 2005. La resolución del Supremo también mantiene la condena al Partido Popular y a la exministra Ana Mato, ya que considera que resultaron beneficiados económicamente de la trama, y les obliga a devolver el dinero obtenido.

Los 29 condenados en firme, que han visto sus penas confirmadas o ligeramente rebajadas, son:

Francisco Correa: 51 años de cárcel. Líder de la trama.
Guillermo Ortega: 40 años y 3 meses de cárcel. Exalcalde de Majadahonda.
Pablo Crespo: 36 años y 8 meses de cárcel. Exsecretario de organización del PP en Galicia.
Luis Bárcenas: 29 años y 1 mes de cárcel. Extesorero y exsenador del PP.
Alberto López Viejo: 27 años y 10 meses de cárcel. Exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Carmen Rodríguez Quijano: 17 años y 8 meses de cárcel. Esposa de Francisco Correa.
Juan José Moreno: 17 años y 2 meses de cárcel. Exconcejal en Majadahonda.
Isabel Jordán: 14 años y 11 meses de cárcel. Gestora de las empresas de Correa.
Jesús Sepúlveda: 14 años y 4 meses de cárcel. Exsenador y exalcalde de Pozuelo.
José Luis Izquierdo: 13 años y 10 meses de cárcel. «Contable» de la trama.
Rosalía Iglesias: 12 años y 11 meses de cárcel. Esposa de Luis Bárcenas.
Luis de Miguel: 9 años y 1 mes de cárcel. Se ocupó de la «ingeniería» financiera de la trama.
Carlos Clemente: 7 años y 9 meses de cárcel. Exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
Ricardo Galeote: 6 años y 6 meses de cárcel. Exconcejal en Estepona.
José Luis Peñas: 4 años y 9 meses de cárcel. Exconcejal de Majadahonda que denunció el caso.
Antonio Villaverde: 3 años y 11 meses de cárcel. Testaferro de Francisco Correa.
Jesús Merino: 3 años y 7 meses de cárcel. Exsenador, diputado y consejero de la Junta de Castilla y León.
Pedro Rodríguez: 3 años de cárcel. Asesor técnico de López Viejo.
Javier Nombela: 2 años, 1 mes y 15 días de cárcel. Trabajador de las empresas de Correa.
Alicia Mínguez: 2 años, 1 mes y 15 días de cárcel. Trabajadora de las empresas de Correa.
Alfonso García Pozuelo: 2 años de cárcel. Empresario.
Iván Yáñez: 1 año y 10 meses de cárcel. Testaferro de Luis Bárcenas.
Teresa Gabarra: 1 año y 6 meses de cárcel. Esposa de López Viejo.
Ángel Sanchís Perales: 1 año de cárcel. Extesorero y diputado de Alianza Popular.
Roberto Fernández: 11 meses de cárcel. Exconcejal en Pozuelo.
Pablo Ignacio Gallo: 9 meses de cárcel. Trabajador de las empresas de Correa.
Ángel Sanchís Herrero: 9 meses de cárcel. Hijo del extesorero de Alianza Popular.
Jesús Calvo: 6 meses de cárcel. Empresario.
Jacobo Gordon: 5 meses de cárcel. Empresario.

En la sentencia, el Tribunal Supremo argumenta que se creó «»un auténtico y eficaz sistema de corrupción, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública».

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Óscar Puente ofreció su dimisión a Sánchez tras el accidente de tren, pero el presidente la rechazó

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El ministro de Transportes puso su cargo a disposición del presidente tras el accidente ferroviario de Urda, que deja al menos 69 fallecidos, pero Sánchez consideró que su salida sería «injusta».

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y decenas de heridos. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo rechazó su dimisión al considerar que su salida en este momento sería «injusta».

El propio Puente ha desvelado este viernes, en una conversación informal con periodistas después de su comparecencia en la sede del Ministerio, que ofreció a Sánchez la posibilidad de abandonar el Gobierno tras el siniestro ocurrido este miércoles. El presidente, según ha explicado el ministro, le pidió que continuara al frente de Transportes.

La decisión confirma el respaldo de Moncloa al responsable de la política ferroviaria en uno de los momentos más delicados para el Gobierno, marcado por la magnitud de la tragedia y las investigaciones para esclarecer las causas del choque entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo.

Puente descarta dimitir y asegura que su deber es «dar la cara»

Durante su comparecencia de este viernes, Óscar Puente ha reiterado que no contempla abandonar el cargo y ha defendido que su manera de asumir responsabilidades es continuar al frente de la gestión de la crisis.

«Mi deber es estar al mando», ha trasladado el ministro, que considera que su responsabilidad ahora pasa por gestionar las consecuencias del accidente y ofrecer explicaciones mientras avanzan las investigaciones.

Puente ha insistido en que cuenta con la confianza de Pedro Sánchez, que le ha pedido permanecer en el Ejecutivo. El ministro ha descartado así una dimisión que había cobrado fuerza en el debate político tras las primeras declaraciones del presidente sobre la gravedad del siniestro.

Poco después del accidente, Sánchez calificó de «inasumible» que España acumulara dos accidentes ferroviarios mortales en un mismo año. Sus palabras alimentaron las especulaciones sobre una posible salida del titular de Transportes, aunque desde Moncloa ya habían asegurado que seguía contando con el respaldo del presidente.

La investigación apunta al centro de control de Adif en Atocha

En su intervención ante los medios, Puente ha señalado que los indicios apuntan a un posible fallo en el centro de control de Adif en Atocha, Madrid, como principal línea de investigación sobre el choque entre los dos trenes de alta velocidad.

El siniestro se produjo en el entorno de Urda, en la provincia de Toledo, cuando un AVE de Renfe y un tren de Iryo que circulaban por la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla se vieron implicados en la colisión.

No obstante, las causas definitivas del accidente todavía deben esclarecerse. La investigación tendrá que determinar qué ocurrió, por qué no se evitó el choque y si existieron fallos técnicos, operativos o de supervisión.

La tragedia ha abierto un nuevo frente político para el Gobierno, mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido y depurar las posibles responsabilidades.

Por el momento, Sánchez ha optado por mantener a Puente en su puesto. El ministro, que llegó a ofrecer su salida del Ejecutivo, seguirá al frente de Transportes en plena crisis ferroviaria y con la investigación todavía abierta.

 

 

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