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La víctima de los abusos pide al juez que el ex de Oltra entre ya en prisión

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exmarido Mónica Oltra prisión
El exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, Luis Ramírez (c), a su llegada a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que le ha citado este martes, para tramitar su ingreso en prisión, tras haber sido confirmada por el Supremo su condena por abuso sexual a una menor tutelada. EFE/Biel Aliño

València, 14 feb (OFFICIAL PRESS-EFE).- La víctima de los abusos sexuales cometidos por el educador social Luis Eduardo Ramírez -que estuvo casado con la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra- ha pedido al juez que su agresor entre ya en prisión y que no acceda a la petición de suspender la pena hasta que se resuelva su recurso ante el Tribunal Constitucional.

En un escrito, la abogada de la víctima, que era menor de edad cuando se cometieron los hechos, lamenta «la actitud torticera del condenado, quien ha esperado al último momento para solicitar la suspensión de la ejecución de la pena».

«Desde el mes de diciembre era conocedor de la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la condena, y cuando ha sido requerido para el ingreso voluntario en prisión lo ha retrasado alegando que tenía cita con el médico -añade-. Todo ello sin manifestar nada del recurso de amparo que pretendía interponer».

Además, continúa el escrito de esta letrada, al que ha tenido acceso EFE, «cuando quedaban pocos días para su ingreso, ha solicitado la suspensión de la condena hasta que se resuelva su recurso de amparo, por lo que con dicha actitud se aprecia claramente la intención de dilatar indebidamente la ejecución, con el riesgo que ello conlleva de eludir la acción de la Justicia».

La defensa de la menor señala que «la facultad de suspender la ejecución de las resoluciones recurridas en amparo corresponde al Tribunal Constitucional, siendo la misma de aplicación restrictiva e inusual», y considera que «en el presente supuesto nos encontramos con que se cumplen todos los criterios relevantes para denegar la suspensión».

Cita, entre otros motivos, «la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados», que se trata de «una condena por delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años por parte de un educador» y la «trascendencia social» de este proceso.

Este escrito responde a la pregunta que planteó la Audiencia a las partes el pasado lunes, tras recibir la petición de Luis Eduardo Ramírez de que se suspendiese su entrada en prisión mientras no se resuelva su recurso al Constitucional.

Ramírez fue condenado a cinco años de prisión por haber abusado sexualmente de forma continuada de una menor de edad cuando era monitor en un centro de menores de la Generalitat.

El Tribunal Supremo confirmó recientemente la condena y se tramitó su ingreso en la cárcel de Picassent (Valencia), inicialmente previsto para el día 6 de febrero aunque su letrada solicitó posponerlo diez días porque tenía una cita médica el día 15, de modo que se acordó finalmente el viernes 16 como fecha límite.

 

València, 9 febrero (OFFICIAL PRESS-EFE).- La defensa de Luis Eduardo Ramírez, el educador condenado por abusar sexualmente de una menor de edad y que estuvo casado con la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, ha solicitado la suspensión o paralización de su ingreso voluntario en prisión, previsto para el día 16 de febrero.

El Tribunal Supremo confirmó la condena de 5 años de prisión a Ramírez y se tramitó su ingreso en la cárcel de Picassent inicialmente para el día 6 de febrero aunque su letrada solicitó posponerlo diez días porque tenía una cita médica el día 15 que por error se dijo que era el día 5.

En un escrito a la Sala al que ha tenido acceso EFE, se argumenta la petición «a la vista de que ha sido presentado Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional».

La petición del exmarido de Oltra

Expone que «el condenado, ahora demandante de amparo, siempre ha permanecido, desde el ya lejano año 2018, a disposición de la justicia, compareciendo siempre que ha sido llamado y habiendo estado localizable en todo momento, pese a no tener ninguna medida cautelar» desde el año 2018″.

Igualmente, señala que una de las variables a tener en cuenta a la hora de resolver la suspensión de penas de prisión es «el eventual riesgo de eludir la acción de la justicia que pueda existir» y recuerda que se «satisfizo íntegramente la responsabilidad civil solicitada por el Ministerio Fiscal, concretamente 6.000 euros».

Además, considera que «cumple el requisito» por los años a los que ha sido condenado, ya que para la suspensión «cobra especial relevancia la gravedad de la pena impuesta» y el Tribunal Constitucional sigue «como directriz inicial que la pena se sitúe por encima o debajo de la frontera de los 5 años de prisión, que es la que sirve al legislador para distinguir entre las penas graves y las menos graves».

El exmarido de Mónica Oltra a prisión

A ello suma que además de «la importancia de evitar la ejecución de una condena» que consideran que se ha impuesto «ne vulneración de los derechos fundamentales de Ramírez», en caso de no suspenderse «todo apunta a que una eventual estimación del recurso tendrá lugar cuando se haya cumplido ya una parte muy importante de la prisión».

Por ello, solicita que se «suspenda el ingreso en prisión de Ramírez hasta que el recurso de amparo haya sido resuelto; o subsidiariamente hasta que este haya sido admitido o inadmitido a trámite por el Tribunal Constitucional».

Ramírez fue condenado a 5 años de prisión por haber cometido cuando era monitor en un centro de menores abusos sexuales a una chica de 16 años que estaba bajo la tutela de la Generalitat.

 

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Desahucian en Valencia a una familia con dos menores y una anciana enferma en La Malvarrosa

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El lanzamiento se ha ejecutado por orden judicial después de una sentencia de octubre de 2024 por el impago de 5.300 euros de alquiler; el Sindicat d’Habitatge denuncia que la familia no tiene alternativa habitacional

Una familia formada por una pareja, sus dos hijas de 6 y 16 años y una mujer mayor con problemas de salud ha sido desahuciada este lunes de la vivienda en la que residía en el barrio valenciano de La Malvarrosa. El lanzamiento se ha llevado a cabo por orden judicial, después de que el juzgado dictara una sentencia en octubre de 2024 por el impago de las rentas del alquiler.

El desahucio ha generado protestas y concentraciones de miembros del Sindicat d’Habitatge de València, que denuncia la situación de vulnerabilidad de los afectados y asegura que no disponen de una alternativa habitacional.

La familia llevaba viviendo de alquiler en el barrio desde 2008. Según el sindicato, los problemas económicos comenzaron después de que la madre de uno de los adultos enfermara de cáncer y este perdiera su empleo, lo que provocó dificultades para seguir pagando el alquiler.

Una sentencia por 5.300 euros de alquiler impagado

El Juzgado de Primera Instancia número 15 de València estimó el 29 de octubre de 2024 la demanda presentada por la propietaria del inmueble y acordó resolver el contrato de arrendamiento.

La resolución judicial consideró acreditado el impago de las rentas y condenó al arrendatario a abonar 5.300 euros a la propietaria. También le advirtió de que, si no abandonaba la vivienda dentro del plazo legal, se procedería al lanzamiento.

Días antes, el 23 de octubre de 2024, el juzgado ya había rechazado suspender el procedimiento porque consideró que no se había aportado la documentación necesaria para acreditar las circunstancias alegadas por el demandado.

El juzgado rechazó suspender el lanzamiento

La ejecución del desahucio se encontraba pendiente y el pasado 28 de octubre de 2026 el juzgado dictó un nuevo auto en el que rechazaba suspender el lanzamiento.

La parte afectada había solicitado el 15 de octubre la suspensión provisional del desahucio y la aplicación de medidas extraordinarias, alegando una situación de vulnerabilidad económica.

Sin embargo, el magistrado consideró que el informe presentado tenía un valor probatorio muy escaso porque estaba elaborado a partir de las manifestaciones de quien solicitaba la suspensión y no aportaba suficiente acreditación documental.

El juez entendió que la petición pretendía dilatar la ejecución de una sentencia firme y recordó que los ciudadanos, además de derechos, tienen obligaciones que deben cumplir.

Contra ese auto se ha presentado un recurso de reposición, aunque este no tiene efectos suspensivos y, por tanto, no impedía ejecutar el lanzamiento.

El sindicato denuncia la situación de vulnerabilidad de la familia

Desde el Sindicat d’Habitatge de València han lamentado el desalojo y aseguran que la familia no cuenta con una alternativa habitacional.

Según la versión de esta organización, los afectados llevaban residiendo en la vivienda desde 2008 sin problemas hasta que la enfermedad de la madre de uno de ellos y la pérdida del empleo alteraron su situación económica.

El sindicato sostiene que la propiedad ofreció renovar el contrato con una subida del alquiler, una opción que la familia no podía asumir debido a sus circunstancias personales y a las necesidades de cuidados de la mujer mayor y las dos menores.

La organización también ha explicado que el jueves anterior consiguió detener un primer intento de lanzamiento mediante una concentración de unas 30 personas frente al inmueble.

La Policía desplegó un dispositivo desde primera hora

Este lunes, la Policía volvió a desplegar un dispositivo en el barrio desde las seis de la mañana para garantizar la ejecución del desahucio.

El Sindicat d’Habitatge asegura que había aportado dos informes de vulnerabilidad y considera que el lanzamiento no debía haberse producido por la aplicación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre.

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