València, 8 may (EFE).- El ciudadano de origen sirio que encontró casualmente los papeles que incriminan al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana en una supuesta trama de adjudicaciones ilícitas de contratos públicos ha confirmado este miércoles ante el juez la forma en la que los encontró y cómo los hizo llegar al exgerente de Imelsa y autodenominado ‘yonqui del dinero’, Marcos Benavent.
La acusación contra Zaplana tiene uno de sus pilares esenciales en los conocidos como «papeles del sirio», unos documentos que estaban ocultos y doblados en un hueco en la pared junto a una caja fuerte.
En ellos se vislumbraba, según los investigadores, una posible connivencia en la adjudicación de determinadas concesiones públicas del Plan eólico y las ITV a favor de sociedades ligadas al grupo Sedesa, del clan familiar de los Cotino, formado por el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, y sus sobrinos.
Los documentos fueron hallados por el referido empresario sirio, de nombre Imad, citado este miércoles como testigo, en la vivienda en la que estuvo como inquilino en València entre 2008 y 2015, que había ocupado anteriormente Eduardo Zaplana.
Los papeles, según el testimonio de este testigo, fueron entregados al exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent, quien los conservó por observar en ellos datos de interés.
Tras registrar el despacho del primer abogado de Benavent, el 11 de noviembre de 2015 la UCO de la Guardia Civil informó al juez sobre el «hallazgo casual de unos documentos relevantes», y un día después el fiscal anticorrupción pedía la apertura de una pieza separada.
Preguntado este miércoles por el fiscal, Imad ha explicado que, como responsable de la comunidad árabe en València, tenía contacto con Benavent. «Le comenté que había encontrado esos documentos, me los pidió y se los di. Yo no sabía quién había ocupado la casa anteriormente».
A preguntas del letrado de Zaplana ha añadido que los encontró tras meses residiendo en la vivienda, concretamente en un hueco que se abría en la pared tras la puerta de la habitación principal. En ese espacio había una caja fuerte, pero junto a ella había un pequeño hueco donde se encontraban los papeles.
Este letrado ha insistido en preguntar qué vio de extraño en esa documentación o por qué no la entregó a la Policía. El testigo ha explicado que le parecieron importantes porque «se referían, al parecer, a parques eólicos… y estaban al lado de la caja fuerte».
También ha señalado que solía tener contacto con agentes de policía pero «nunca con el CNI, al menos no se identificaban como tal».
Estos documentos fueron objeto de un análisis de ADN por parte de la defensa de Zaplana para averiguar si conservaban restos del exministro, pero la prueba resultó fallida por no haberse hallado resto biológico alguno en ninguno de los papeles.
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Abandonados en un sobre
Los documentos estaban en poder del abogado del exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent porque se los había entregado en 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, que dijo haberlos encontrado «abandonados» dentro de un sobre alrededor de 2007 en una vivienda en la que residió en régimen de alquiler, cuyos propietarios fueron entre 1998 y diciembre de 2006 Zaplana y su esposa.
Tras registrar el despacho del primer abogado de Benavent, el 11 de noviembre de 2015 la UCO informó al juez sobre el «hallazgo casual de unos documentos relevantes», y un día después el fiscal anticorrupción pedía la apertura de una pieza separada.
Cambio de versión
Benavent se mostró colaborador con la justicia durante varios años, antes de que empezasen a materializarse las acusaciones contra él y antes también de cambiar de abogado, tras lo cual empezó a contradecir todas sus acusaciones, incluida también la que implicaba al exministro, expresident y exlíder del PP de la Comunitat Valenciana.
En uno de los juicios del caso Imelsa, Benavent afirmó que el registro del despacho de su anterior abogado «fue ilegal» (en ese despacho se hallaron los conocidos como ‘papeles del sirio’) y sin que nadie le interrogase por ello, añadió que cuando se le citó a declarar y le preguntaron por Zaplana «no había dormido en toda la noche» ni estaba «en condiciones de declarar nada».
«He recibido presiones de ese tipo, una detrás de otra durante seis años, tenía que decir que sí a todo, me sentí obligado a declarar, por decirlo de alguna forma», insistió el que será uno de los testigos en el juicio contra Zaplana.
Qué pasó durante el registro
Sobre el registro en el que se hallaron los papeles, la defensa del expresident recuerda que el auto judicial que lo autorizó rezaba que debía «evitarse cualquier inspección de sistemas informáticos» y que se tenía que limitar «la incautación material a documentos y archivos directamente relacionados con los hechos que se investigaban», es decir, con las empresas Imelsa o Berceo Mantenimientos.
El abogado de Zaplana lamenta que no fue hasta cinco meses después del registro cuando la Guardia Civil informó al juzgado de «hallazgos casuales».
Sin embargo, el abogado del exministro advierte de que el nombre de Zaplana «ni aparecía en los documentos incautados, ni en los protocolos notariales (para la constitución de las sociedades a través de las cuales se canalizaron supuestamente las comisiones), ni tenía relación con ninguna con las compañías citadas», por lo que «su conexión con los documentos se construye mediante la rocambolesca historia de su supuesta aparición en el domicilio que fuera de don Eduardo Zaplana».
Esto se construye así, en opinión de la defensa de Zaplana, «aunque para ello haya que olvidarse de que las fechas de dichos documentos o la de su impresión son posteriores a la venta y desalojo de la vivienda por mi representado. ¿Qué más da? El caso era inventarse un motivo que permitiera investigar a Zaplana y todo valía para lograr ese fin».
Sin rastro del ADN de Zaplana
Aunque existen otras pruebas y testimonios sobre los cuales apuntala su acusación el fiscal (como copias de correos electrónicos que conservaba o la declaración de su supuesto testaferro en Uruguay, que ha devuelto 6,8 millones de euros), el abogado del exministro ha fijado en ellos buena parte de su estrategia.
De hecho, una vez concluida ya la instrucción solicitó y le fue concedida la posibilidad de analizar estos documentos para averiguar si se conservaba o no ADN del exministro, una prueba que finalmente resultó fallida por no haberse hallado resto biológico alguno sobre el papel.
Jordi Ferrer
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