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Valencia

Empresarios del ocio valenciano: «Los controles policiales parecían redadas del franquismo»

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ximo puig medidas

València, 5 dic (EFE).- Los empresarios de ocio de la Comunidad Valenciana han criticado los controles realizados por la policía en las discotecas para comprobar que se exigía a los usuarios el certificado covid para acceder a las salas ya que las actuaciones de las fuerzas de seguridad «recordaban el tono y el estilo de las redadas de las brigadas de la policía político-social del franquismo».

La Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) , que esta mañana ha dirigido sendos escritos al Director General de la Agencia de seguridad, José María Ángel ,y al concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia, Aaron Cano, para transmitirle su sorpresa e indignación por estos hechos, ha afirmado que el dispositivo resultó «absolutamente inoportuno e incalificable», sin tener en cuenta que las disposiciones para leer los certificados «se ha distribuido con apenas 48 horas de antelación» por lo que se han «producido serios fallos de comunicación a la ciudadanía para hacer entender su importancia».

«En un momento en el que los locales de ocio han demostrado altura de miras a la hora de asumir la implantación de los certificados como mecanismo para promover la seguridad sanitaria y la lucha contra la enfermedad, se castiga a los locales de ocio con una actuación policial desproporcionada, cuando lo necesario hubiera sido contar con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para promover entre la ciudadanía la necesaria concienciación sobre el uso del pasaporte COVID», han indicado fuentes de la patronal CEOH.

Según los empresarios del ocio, «tras los 20 meses de sacrificios y restricciones sufridos por el sector del ocio y los espectáculos y de injusta estigmatización como culpables de la pandemia, ahora se nos persigue y se nos señala cómo supuestos culpables e incumplidores. Todo ello, en un momento en el que el inicio de la campaña navideña, de sus compras y de sus cenas de empresa, hacen necesaria la colaboración público-privada entre los sectores económicos y la administración para abordar globalmente el reto de la Navidad en lugar de perseguir y machacar la actividad económica, profesional y empresarial del sector que más ha sufrido las consecuencias económicas de la pandemia».

Los empresarios han pedido una reunión de trabajo con la Generalitat y Ayuntamientos para sentar unas bases que «eviten estas actuaciones desafortunadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el dispositivo diseñado por sus responsables políticos».

Por su parte, la Federación de ocio y Turismo (Fotur) ha criticado la actuación policial, con una veintena de agentes antidisturbios, que realizaron «inspecciones a distintos locales, ordenando la paralización de la actividad en plenas sesiones».

Para esta patronal, estas actuaciones «son totalmente desproporcionadas y propias de un estado policial represivo, pues atentan contra el principio de libertad de empresa y las libertades individuales de usuarios y clientes».

Fotur considera que las actuaciones policiales se deben realizar de manera discreta y no de forma coercitiva.

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Valencia

La jueza de la dana pide a la periodista que comió con Mazón los datos de la tarjeta con la que pagó el parking

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Maribel Vilaplana Mazón parking
La periodista Maribel Vilaplana (d) a su llegada a los Juzgados de Catarroja, a 3 de noviembre de 2025, en Catarroja, Valencia Jorge Gil - Europa Press VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado requerir a la periodista Maribel Vilaplana, que comió el día de las riadas con el ‘president’ de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, los datos de la tarjeta con la que pagó el parking de la Glorieta donde dejó su coche.

Qué solicita exactamente la jueza a Maribel Vilaplana

Así consta en una providencia dictada este miércoles en la que la instructora solicita esta información para que la empresa gestora del aparcamiento pueda remitir al órgano judicial los datos concretos de la hora de entrada y salida del vehículo de la periodista.

La magistrada requiere a la comunicadora que proporcione al Juzgado, “a la mayor brevedad”, una captura de pantalla del asiento contable del pago del estacionamiento en el parking Glorieta de la plaza Tetuán de València, correspondiente al 29 de octubre de 2024. También le pide los dígitos de la tarjeta bancaria utilizada y el tipo de tarjeta con la que efectuó el pago.

La jueza aclara que estos datos serán anonimizados y utilizados exclusivamente para cumplir con el oficio, remarcando que la propia testigo ya había manifestado su voluntad de facilitar dicha información durante su declaración.

El objetivo del requerimiento: reconstruir la cronología del 29O

Una vez se verifiquen los datos proporcionados por Vilaplana, la jueza enviará la documentación a la empresa Interparking para que, en un plazo de tres días, remitan la información oficial sobre la hora exacta de entrada y salida del vehículo aquel 29 de octubre de 2024.

La magistrada ya había solicitado el tique del parking durante la primera declaración de la periodista —realizada por orden de la Audiencia de Valencia—, pero Vilaplana no pudo aportarlo. En su testimonio, explicó que estuvo en el restaurante El Ventorro desde las 15.00 hasta las 18.45 horas, momento en el que se dirigió hacia el aparcamiento acompañada por Mazón, dato que se conoció en fechas recientes.


Las grabaciones del 29 de octubre, nuevas pruebas en la causa

Por otra parte, la instructora ha aceptado en un auto la petición de Intersindical Valenciana para recabar las grabaciones de las comunicaciones realizadas durante el 29 de octubre de 2024 a través del Grupo de Comunicación de Radio V-Valencia del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Se recogerán, además, sus transcripciones, acotando el periodo a las horas solicitadas por la Fiscalía: entre las 12.00 y las 15.30.

Por qué estas grabaciones son consideradas determinantes

La jueza fundamenta su decisión en el testimonio de un sargento de Bomberos, quien declaró que todas sus comunicaciones estaban grabadas, podían solicitarse y estaban monitorizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

A juicio de la magistrada, estas grabaciones constituyen documentación esencial de la actuación profesional de los intervinientes. Su análisis se considera clave en el contexto de una investigación penal sobre la gestión de la dana que dejó 229 víctimas mortales y múltiples heridos.

Además, señala que la obtención de estos datos no vulnera la intimidad de los participantes en las comunicaciones, ya que:

  • Son profesionales conocedores de que sus comunicaciones se graban.

  • No se trata de conversaciones de carácter privado.

  • No afecta al secreto de las comunicaciones, dado que el contenido está vinculado a la prestación de un servicio público en una situación de emergencia.


La gestión de la dana, bajo el escrutinio judicial

La decisión de solicitar la información bancaria de la periodista y las grabaciones del 29O se enmarca en un contexto judicial y político especialmente sensible. La cronología exacta de los movimientos del entonces president en funciones, Carlos Mazón, durante las horas críticas de la tragedia, continúa siendo uno de los puntos más relevantes de la investigación.

El papel de la periodista en la reconstrucción de los hechos

Maribel Vilaplana, figura conocida en València y vinculada a distintos ámbitos de la comunicación institucional, se ha convertido en testigo clave porque estuvo con Mazón durante parte de la franja horaria investigada. Su testimonio puede ayudar a esclarecer:

  • Dónde se encontraba Mazón en las horas críticas.

  • A qué hora llegó y salió del restaurante.

  • En qué momento exacto se dirigieron al parking.

  • Cuánto tiempo permaneció su vehículo estacionado en la zona.

La delimitación precisa de estos movimientos es relevante para contrastar con otras fuentes, como grabaciones oficiales, comunicaciones institucionales y testimonios del dispositivo de emergencia.


Un procedimiento judicial que avanza paso a paso

La investigación continúa acumulando documentos, testimonios y pruebas técnicas con el objetivo de reconstruir al detalle lo ocurrido el 29 de octubre de 2024, día en el que una de las mayores tragedias por inundación en la historia reciente de España provocó la muerte de 229 personas.

La jueza insiste en que cada requerimiento se justifica por la necesidad de depurar responsabilidades y entender con claridad si hubo fallos de coordinación, retrasos en la reacción o ausencia de decisiones esenciales durante las horas clave de la emergencia.

Carlos Mazón acompañó a Maribel Vilaplana a un parking tras la comida en El Ventorro, según confirma el entorno de la periodista

 

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