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Valencia

Empresarios del ocio valenciano: «Los controles policiales parecían redadas del franquismo»

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ximo puig medidas

València, 5 dic (EFE).- Los empresarios de ocio de la Comunidad Valenciana han criticado los controles realizados por la policía en las discotecas para comprobar que se exigía a los usuarios el certificado covid para acceder a las salas ya que las actuaciones de las fuerzas de seguridad «recordaban el tono y el estilo de las redadas de las brigadas de la policía político-social del franquismo».

La Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) , que esta mañana ha dirigido sendos escritos al Director General de la Agencia de seguridad, José María Ángel ,y al concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia, Aaron Cano, para transmitirle su sorpresa e indignación por estos hechos, ha afirmado que el dispositivo resultó «absolutamente inoportuno e incalificable», sin tener en cuenta que las disposiciones para leer los certificados «se ha distribuido con apenas 48 horas de antelación» por lo que se han «producido serios fallos de comunicación a la ciudadanía para hacer entender su importancia».

«En un momento en el que los locales de ocio han demostrado altura de miras a la hora de asumir la implantación de los certificados como mecanismo para promover la seguridad sanitaria y la lucha contra la enfermedad, se castiga a los locales de ocio con una actuación policial desproporcionada, cuando lo necesario hubiera sido contar con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para promover entre la ciudadanía la necesaria concienciación sobre el uso del pasaporte COVID», han indicado fuentes de la patronal CEOH.

Según los empresarios del ocio, «tras los 20 meses de sacrificios y restricciones sufridos por el sector del ocio y los espectáculos y de injusta estigmatización como culpables de la pandemia, ahora se nos persigue y se nos señala cómo supuestos culpables e incumplidores. Todo ello, en un momento en el que el inicio de la campaña navideña, de sus compras y de sus cenas de empresa, hacen necesaria la colaboración público-privada entre los sectores económicos y la administración para abordar globalmente el reto de la Navidad en lugar de perseguir y machacar la actividad económica, profesional y empresarial del sector que más ha sufrido las consecuencias económicas de la pandemia».

Los empresarios han pedido una reunión de trabajo con la Generalitat y Ayuntamientos para sentar unas bases que «eviten estas actuaciones desafortunadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el dispositivo diseñado por sus responsables políticos».

Por su parte, la Federación de ocio y Turismo (Fotur) ha criticado la actuación policial, con una veintena de agentes antidisturbios, que realizaron «inspecciones a distintos locales, ordenando la paralización de la actividad en plenas sesiones».

Para esta patronal, estas actuaciones «son totalmente desproporcionadas y propias de un estado policial represivo, pues atentan contra el principio de libertad de empresa y las libertades individuales de usuarios y clientes».

Fotur considera que las actuaciones policiales se deben realizar de manera discreta y no de forma coercitiva.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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