Sucesos
Intervienen 80 toneladas de encurtidos no aptos para el consumo en Valencia
Publicado
hace 1 añoen
Detenidos e investigados en una macrooperación internacional contra el fraude alimentario
En una extensa operación liderada por la Guardia Civil, 32 personas han sido detenidas y 21 investigadas en el marco de la macrooperación OPSON XIII, una colaboración internacional contra el fraude alimentario. Esta operación ha focalizado sus esfuerzos en productos como el aceite de oliva virgen extra (AOVE) y vinos con denominación de origen protegida (DOP).
Más de 3.000 inspecciones y 2.200 infracciones administrativas detectadas en OPSON XIII
La operación OPSON XIII está compuesta por 12 operativos individuales, mediante los cuales los agentes han llevado a cabo más de 3.000 inspecciones en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos de toda España. En el proceso, se han registrado 2.200 infracciones administrativas relacionadas con delitos de fraude alimentario, falsificación documental y contra la salud pública.
Productos incautados y su valor en el mercado
Se han incautado un total de 22.000 toneladas de productos ilícitos y 850.000 litros de bebidas, mayormente alcohólicas, mientras que el valor de los bienes retirados del mercado asciende a más de 91 millones de euros. Entre los productos se han encontrado alimentos caducados que estaban siendo reintroducidos en la cadena de suministro con etiquetas de fechas de vencimiento manipuladas.
Principales operaciones en Madrid, La Rioja, Sevilla, Valencia y Málaga
Las intervenciones clave se han realizado en Madrid, La Rioja, Sevilla, Valencia y Málaga, donde se han descubierto redes organizadas que comercializaban productos alimentarios fraudulentos o en condiciones no aptas para el consumo.
- Madrid: Los agentes decomisaron 642 garrafas de cinco litros de aceite, 104 jamones y 207 quesos, siendo detenida una persona y otras cuatro investigadas. Se descubrió la venta de aceite de semillas como AOVE, y productos de calidad inferior como jamones y quesos sin trazabilidad adecuada.
- La Rioja: En una conservera en Alfaro, se incautaron 120.000 botes de conserva de atún y 45.000 litros de aceite. Los detenidos comercializaban conservas elaboradas con atún de baja calidad y aceites que no se correspondían con los indicados en el etiquetado.
- Sevilla: Se inmovilizaron 45.320 kg de productos congelados, principalmente lomos de bacalao, que estaban siendo reetiquetados con nuevas fechas de vencimiento. También se desarticuló un grupo que distribuía AOVE adulterado con otros aceites, logrando la detención de 11 personas y la incautación de 20.000 litros de aceite falso.
- Valencia: Una empresa de encurtidos fue investigada por poner a la venta productos con colorantes y conservantes no permitidos, incautándose 80.000 kg de encurtidos no aptos para el consumo.
- Málaga: Una organización criminal fue desmantelada con 1.800 kg de productos como embutidos, salmón y huevos mal conservados y etiquetados. Los responsables quitaban o alteraban las etiquetas de caducidad para reintroducir los alimentos en el mercado.
Coordinación europea y acciones internacionales
La operación, coordinada con las autoridades de Euipo y Europol, se ha extendido a 29 países de la Unión Europea, resultando en 104 órdenes de detención, 184 registros y 278 denuncias. Además, se han desarticulado 11 organizaciones delictivas en toda Europa, reafirmando el compromiso de las autoridades para combatir el fraude alimentario a nivel internacional.
Esta operación subraya la importancia de mantener una vigilancia estricta en toda la cadena de suministro para asegurar que los productos que llegan al consumidor cumplen con las normativas de seguridad y calidad establecidas.
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Sucesos
La Policía Nacional registra la clínica dental de Alzira tras la muerte de una niña de 6 años
Publicado
hace 9 horasen
26 noviembre, 2025
La Policía Nacional ha iniciado este miércoles un registro en la Clínica dental de Alzira, centro donde fueron atendidas una niña de 6 años fallecida y otra de 4 años hospitalizada en la UCI tras recibir tratamientos odontológicos. La inspección está siendo realizada por los grupos de Homicidios y Policía Científica, junto a la letrada judicial, con el objetivo de recopilar toda la documentación, recursos del centro y la medicación almacenada.
Autopsia y análisis forenses
La autopsia inicial practicada a la niña de 6 años no detectó ninguna enfermedad previa ni anomalías en los órganos que expliquen el fallecimiento. Los investigadores esperan los resultados de los análisis de sangre, orina y tejidos, así como de las ampollas y viales utilizados durante el tratamiento, para determinar qué desencadenó la muerte de la menor y la intoxicación de la niña de 4 años.
Los estudios preliminares también descartaron problemas congénitos o malformaciones que pudieran haber dificultado la respiración durante la sedación y la anestesia local, administradas siguiendo los protocolos habituales de odontopediatría.
Sedación consciente y anestesia local
Ambas menores recibieron sedación consciente por el anestesista y anestesia local por la odontopediatra. Según las declaraciones de los profesionales ante la Policía Nacional y la Inspección de Servicios Sanitarios, se emplearon dosis estándar ajustadas al peso y tiempo de relajación recomendado por los laboratorios. Los viales utilizados fueron requisados por la Policía Científica para su análisis.
Investigación en curso
El registro de la clínica se realiza tras la toma de declaración de todo el personal implicado en los tratamientos, incluidos la dueña del centro, la higienista, el anestesista, la odontopediatra y los padres de las menores. La investigación está siendo coordinada por el Juzgado de Instrucción 5 de Alzira, y busca esclarecer las causas que provocaron la reacción adversa que derivó en la muerte de la niña de 6 años.
Qué ocurrió dentro de la clínica: sedaciones, complicaciones y ausencia de infraestructura adecuada
La odontopediatra confirma que no había sala de recuperación
En su comparecencia, la profesional reconoció que la clínica carecía de un espacio acondicionado para la recuperación tras la sedación. Ambas niñas permanecieron en gabinetes dentales, uno de ellos contiguo a la sala donde se realizaron las intervenciones. Allí permanecieron acompañadas por sus familiares y bajo observación.
La odontopediatra insistió en que no se empleó anestesia general, sino sedación, un procedimiento que exige supervisión constante, equipos de reanimación y salas preparadas para la estabilización del paciente.
La menor que falleció estuvo horas en observación
Los padres de la niña fallecida detallaron que su hija permaneció varias horas en observación antes de ser trasladada al Hospital de la Ribera, donde ingresó ya en parada cardiorrespiratoria. Los esfuerzos de los equipos médicos resultaron infructuosos.
La otra menor presentó somnolencia, fiebre, vómitos y dificultad respiratoria, síntomas compatibles con reacciones adversas por sedación, según fuentes sanitarias.
¿Tenía la clínica permiso para realizar sedaciones? Sanidad confirma que no
El lunes, fuentes de la Conselleria de Sanidad confirmaron que la clínica dental no disponía de autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia, incluidas las sedaciones intravenosas en menores.
La autorización del centro se limitaba a la práctica de odontología y estomatología, lo que permite administrar anestesia local, pero no sedaciones con fármacos intravenosos, que requieren licencia específica, formación acreditada y equipamiento avanzado.
Sanidad ha ordenado el cierre cautelar de la clínica y continúa investigando.
¿Quién realizó las sedaciones? El Colegio de Odontólogos aporta más datos
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV) ha emitido un comunicado en el que:
-
Confirma que los tratamientos fueron realizados por profesionales colegiados.
-
Indica que las sedaciones fueron administradas por un médico especialista en anestesia.
-
Traslada sus condolencias a la familia de la niña fallecida.
-
Muestra su deseo de recuperación para la menor de cuatro años, ya fuera de la UCI.
Pese a ello, los expertos subrayan que la presencia de un anestesista no sustituye las obligaciones estructurales del centro: permisos, sala de recuperación, monitorización y equipamiento de emergencia.
Qué investiga ahora Sanidad: puntos clave del caso
1. La legalidad de la sedación administrada
Se analiza si el tipo de sedación empleada estaba autorizado y si se ajustó a los protocolos vigentes en pediatría.
2. El estado y origen de los fármacos
Sanidad investiga si la anestesia estaba alterada, contaminada o mal fabricada, una línea abierta tras las primeras diligencias.
3. La infraestructura del centro
El hecho de que no existiera una sala de recuperación podría constituir un incumplimiento grave de la normativa sanitaria.
4. El tiempo que pasó entre la sedación y el traslado
Se intenta determinar si el retraso en trasladar a la menor a un hospital contribuyó al fatal desenlace.
La segunda niña evoluciona favorablemente
La menor de cuatro años recibió atención urgente en el Hospital de la Ribera y posteriormente fue derivada en SAMU al Clínico de València, donde permaneció varios días en la UCI pediátrica. Su evolución ha sido positiva y ya se encuentra en planta.
Cronología sanitaria: dos niñas atendidas en una hora y un desenlace trágico
La menor fallecida, de seis años
-
16:52 h, jueves 20 de noviembre: llega en parada cardiorrespiratoria al Hospital de la Ribera.
-
Los equipos sanitarios intentan reanimarla sin éxito y se declara su fallecimiento.
La niña de cuatro años
-
12:00 h: acude a la misma clínica dental para un tratamiento con sedación intravenosa.
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15:11 h: ingresa en Urgencias del Hospital de la Ribera con fiebre, vómitos y somnolencia.
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Tras estabilizarla, es trasladada en SAMU al Clínico de València y permanece en la UCI hasta este lunes, donde su estado ya es estable y en planta.
Ambos tratamientos fueron realizados en la misma mañana y por el mismo anestesista.
Líneas clave de la investigación: fármacos, trazabilidad y procedimientos
Sanidad investiga:
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El lote del anestésico utilizado.
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La trazabilidad del fármaco y la cadena de suministro.
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Las condiciones de conservación del medicamento.
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La legalidad de los procedimientos aplicados.
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El cumplimiento de protocolos de sedación en menores.
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La documentación clínica de ambas pacientes.
Además, la Policía Nacional ha trasladado el caso al grupo de Homicidios para determinar posibles responsabilidades penales. La autopsia de la niña fallecida será determinante.
La versión de la clínica: “La niña salió aparentemente bien”
La dirección del centro ha declarado que no se empleó anestesia general, sino una sedación intravenosa leve para extraer dientes de leche y colocar empastes. Afirman que la niña “salió del centro dental aparentemente bien” y que desconocen qué pudo ocurrir después. Añaden que “se está investigando el lote de la anestesia”.
Estas afirmaciones deberán contrastarse con los informes toxicológicos y la pericia médica.
Los padres denuncian que la niña estuvo cuatro horas con síntomas antes del alta
La familia de la menor fallecida sostiene que la niña presentó síntomas graves —somnolencia, vómitos, dificultad respiratoria y falta de respuesta a estímulos— durante cuatro horas dentro de la clínica antes de que le dieran el alta.
Al no mejorar en casa, decidieron trasladarla por su cuenta al Hospital de la Ribera, donde llegó en parada cardiorrespiratoria.
Investigación judicial en marcha
El juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas para esclarecer el fallecimiento, mientras Sanidad desarrolla un expediente informativo completo. La jueza de guardia estudia ahora toda la documentación para determinar si existieron irregularidades o mala praxis en la sedación.
Un caso que sacude a la ciudadanía y refuerza el debate sobre la sedación en odontología infantil
La gravedad de los hechos y la implicación de menores han generado enorme preocupación social. El caso reabre el debate sobre los protocolos de seguridad en la sedación odontológica, la necesidad de centros acreditados y el control exhaustivo de medicamentos anestésicos.
Sanidad insiste en que la suspensión cautelar de la clínica busca garantizar la seguridad de otros pacientes mientras avanzan las investigaciones.
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