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Intervienen 80 toneladas de encurtidos no aptos para el consumo en Valencia

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encurtidos no aptos consumo Valencia
Imagen de la operación facilitada por la PN

Detenidos e investigados en una macrooperación internacional contra el fraude alimentario

En una extensa operación liderada por la Guardia Civil, 32 personas han sido detenidas y 21 investigadas en el marco de la macrooperación OPSON XIII, una colaboración internacional contra el fraude alimentario. Esta operación ha focalizado sus esfuerzos en productos como el aceite de oliva virgen extra (AOVE) y vinos con denominación de origen protegida (DOP).

Más de 3.000 inspecciones y 2.200 infracciones administrativas detectadas en OPSON XIII

La operación OPSON XIII está compuesta por 12 operativos individuales, mediante los cuales los agentes han llevado a cabo más de 3.000 inspecciones en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos de toda España. En el proceso, se han registrado 2.200 infracciones administrativas relacionadas con delitos de fraude alimentario, falsificación documental y contra la salud pública.

Productos incautados y su valor en el mercado

Se han incautado un total de 22.000 toneladas de productos ilícitos y 850.000 litros de bebidas, mayormente alcohólicas, mientras que el valor de los bienes retirados del mercado asciende a más de 91 millones de euros. Entre los productos se han encontrado alimentos caducados que estaban siendo reintroducidos en la cadena de suministro con etiquetas de fechas de vencimiento manipuladas.

Principales operaciones en Madrid, La Rioja, Sevilla, Valencia y Málaga

Las intervenciones clave se han realizado en Madrid, La Rioja, Sevilla, Valencia y Málaga, donde se han descubierto redes organizadas que comercializaban productos alimentarios fraudulentos o en condiciones no aptas para el consumo.

  • Madrid: Los agentes decomisaron 642 garrafas de cinco litros de aceite, 104 jamones y 207 quesos, siendo detenida una persona y otras cuatro investigadas. Se descubrió la venta de aceite de semillas como AOVE, y productos de calidad inferior como jamones y quesos sin trazabilidad adecuada.
  • La Rioja: En una conservera en Alfaro, se incautaron 120.000 botes de conserva de atún y 45.000 litros de aceite. Los detenidos comercializaban conservas elaboradas con atún de baja calidad y aceites que no se correspondían con los indicados en el etiquetado.
  • Sevilla: Se inmovilizaron 45.320 kg de productos congelados, principalmente lomos de bacalao, que estaban siendo reetiquetados con nuevas fechas de vencimiento. También se desarticuló un grupo que distribuía AOVE adulterado con otros aceites, logrando la detención de 11 personas y la incautación de 20.000 litros de aceite falso.
  • Valencia: Una empresa de encurtidos fue investigada por poner a la venta productos con colorantes y conservantes no permitidos, incautándose 80.000 kg de encurtidos no aptos para el consumo.
  • Málaga: Una organización criminal fue desmantelada con 1.800 kg de productos como embutidos, salmón y huevos mal conservados y etiquetados. Los responsables quitaban o alteraban las etiquetas de caducidad para reintroducir los alimentos en el mercado.

Coordinación europea y acciones internacionales

La operación, coordinada con las autoridades de Euipo y Europol, se ha extendido a 29 países de la Unión Europea, resultando en 104 órdenes de detención, 184 registros y 278 denuncias. Además, se han desarticulado 11 organizaciones delictivas en toda Europa, reafirmando el compromiso de las autoridades para combatir el fraude alimentario a nivel internacional.

Esta operación subraya la importancia de mantener una vigilancia estricta en toda la cadena de suministro para asegurar que los productos que llegan al consumidor cumplen con las normativas de seguridad y calidad establecidas.

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El asesinato de la valenciana Pilar Garrido en México da un giro nueve años después

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Jorge Fernández, condenado en 2019 a 47 años de prisión por el feminicidio, ha sido absuelto tras detectarse dos irregularidades en la sentencia. La familia de la valenciana denuncia que nadie le comunicó oficialmente su excarcelación.

El caso del asesinato de la valenciana María del Pilar Garrido Santamans, ocurrido en México en julio de 2017, ha dado un giro judicial casi nueve años después. Jorge Fernández, su marido y único condenado por el crimen, ha quedado en libertad después de que la Justicia mexicana revocara la condena de 47 años de prisión que pesaba sobre él y dictara una sentencia absolutoria.

La Sala Colegiada en Materia Penal de Tamaulipas acordó la absolución el pasado 28 de octubre, después de revisar el caso por orden de un tribunal federal. Fernández permanecía encarcelado en Ciudad Victoria desde hacía años y había sido condenado por el feminicidio de su esposa.

La decisión deja el asesinato de Pilar Garrido sin ningún responsable penalmente condenado. Sin embargo, la absolución no significa que se haya demostrado la inocencia del marido, sino que el tribunal considera que las pruebas presentadas por la Fiscalía no permiten mantener la condena en los términos en que fue dictada.

Dos errores en la sentencia que condenó al marido de Pilar Garrido

El origen de la excarcelación está en el amparo directo 497/2024, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito. Este órgano federal detectó dos irregularidades en la fundamentación de la condena y ordenó a la Sala penal de Tamaulipas volver a examinar las pruebas.

El tribunal federal no declaró inocente a Jorge Fernández ni resolvió que no hubiera cometido el crimen. Su intervención se centró en los defectos procesales de la sentencia y en la forma en que se habían valorado los elementos utilizados para condenarlo.

El primero de los errores estaba relacionado con la carga de la prueba. La sentencia había considerado que el marido no había conseguido demostrar su versión de los hechos, según la cual unos desconocidos habían interceptado el vehículo familiar y secuestrado a Pilar. A partir de esa falta de acreditación se había reforzado la hipótesis de su responsabilidad.

El tribunal federal consideró que ese razonamiento era incorrecto: que la versión del acusado no resulte creíble no demuestra automáticamente que la hipótesis de la Fiscalía sea cierta. La responsabilidad penal debía acreditarla la acusación, sin obligar al procesado a demostrar su inocencia.

La segunda irregularidad afectaba a las primeras declaraciones de Fernández. Cuando denunció la desaparición de su mujer, las autoridades todavía lo trataban como denunciante y supuesto perjudicado por el secuestro. Sin embargo, esas manifestaciones fueron utilizadas posteriormente como indicios en su contra.

El tribunal entendió que no podían incorporarse de esa manera para fundamentar la condena, especialmente después de que el acusado se acogiera a su derecho a no declarar durante el juicio oral.

Tras recibir la orden de revisar el caso, la Sala estatal volvió a valorar las pruebas y dictó la absolución el 28 de octubre. La resolución todavía puede ser recurrida.

La familia de Pilar se entera de la libertad por una llamada

La excarcelación ha provocado una nueva conmoción en el entorno de la valenciana. Según la información publicada por medios mexicanos y españoles, la familia de Pilar no habría recibido una comunicación oficial sobre la salida de prisión de Jorge Fernández.

Fue el propio hombre quien telefoneó a Raquel Garrido, hermana de la víctima y tutora del hijo de ambos, para comunicarle que había recuperado la libertad.

El niño tenía apenas un año cuando desapareció su madre y ahora tiene diez. La familia vuelve a enfrentarse a la incertidumbre sobre un crimen que marcó su vida y que, tras la resolución judicial, se queda sin una condena firme contra el único acusado.

El asesinato de Pilar Garrido en México en 2017

María del Pilar Garrido Santamans tenía 34 años y un hijo pequeño cuando fue asesinada en julio de 2017 en el estado mexicano de Tamaulipas. La valenciana había pasado unos días con su marido y el niño en la zona turística de La Pesca, en el municipio de Soto de la Marina.

Durante el regreso a su domicilio de Ciudad Victoria, Fernández aseguró que un vehículo les cortó el paso y que varios hombres armados se llevaron a su esposa. Según su relato, los asaltantes le obligaron a bajar del coche y secuestraron a Pilar.

La investigación policial descartó posteriormente la versión del secuestro y dirigió las sospechas hacia el marido. La Fiscalía sostuvo que la mujer había sido asesinada y que murió estrangulada.

En 2019, Jorge Fernández fue condenado a 47 años de prisión por el feminicidio. La sentencia se convirtió durante años en la principal respuesta judicial al asesinato de la valenciana.

Ahora, la revisión de las pruebas y los errores detectados en la fundamentación de la condena han cambiado el rumbo del procedimiento. La absolución deja sin efecto la pena de prisión y abre una nueva etapa para la familia de Pilar, que vuelve a reclamar justicia casi nueve años después de su muerte.

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