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Entra en vigor el reglamento de la Ley de Renta Valenciana de Inclusión

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guia autonomos 2023

El decreto del reglamento de la Ley de Renta Valenciana de Inclusión elaborada por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha entrado en vigor tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El texto normativo desarrolla aspectos concretos de la normativa y el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a percibir esta prestación que se rige por los criterios de simplificación, coordinación interadministrativa e interdepartamental y gestión telemática.

Asimismo, regula las modalidades de la renta valenciana de inclusión y sus complementos, las personas titulares, requisitos y obligaciones, establece las cuantías y su cálculo así como el procedimiento de concesión de la Renta.
También regula los criterios e indicadores que permiten a los servicios sociales municipales llevar a cabo la labor que la ley les encomienda, y aplicar de manera homogénea y personalizada los instrumentos de inclusión social.
Además, regula los órganos de coordinación y participación y los plazos de aplicación a los procedimientos en el primer año de funcionamiento de la norma.

La renta valenciana de inclusión, que sustituye a la renta garantizada de ciudadanía, incluye mejoras como la ampliación y flexibilización de los requisitos para poder acceder a la ayuda, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática.

En concreto, este año se ponen en marcha dos de las cuatro modalidades de estas ayudas, la renta de garantía de ingresos mínimos, para los que no quieren someterse al plan de integración sociolaboral previsto por los técnicos de los servicios sociales; y la de inclusión social para los demandantes que sí acepten el plan de integración planteado por los especialistas para su inclusión social y búsqueda de empleo.
Con esta normativa, el Consell convierte la renta en un instrumento unificado que permite a las personas rehacer su proyecto de vida y también terminar con la burocracia y la gestión dispersa, de manera que se logre una mayor eficacia en la lucha contra la pobreza.

En este sentido, el reglamento prevé la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, siempre y cuando persista la situación que hace necesaria su percepción, y una renovación cada 3 años y además, será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses anteriores, exigiendo únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma.
Además, contempla que la prestación económica prevista en la ley podrá ampliarse hasta en un 25% adicional para cubrir los gastos derivados de la vivienda, en el caso de que ésta sea residencia habitual, y del consumo energético.

También introduce novedades significativas como la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren.
Pueden solicitar esta nueva ayuda a través de los servicios sociales municipales, todas las personas que carezcan de recursos económicos y que acrediten su residencia efectiva en algún municipio valenciano durante el último año, así como aquellas que hayan vivido en la Comunitat 5 años de los últimos 10.
La solicitud deberá presentarse según el modelo normalizado establecido por la Conselleria y que se encontrará a disposición de las personas interesadas en todos los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana e irá acompañada, en su caso, de la solicitud de Prestaciones Complementarias de ayuda a la vivienda y derechos energéticos reguladas en el decreto o también presentarse a través de la Sede Electrónica de la conselleria competente en materia de inclusión social

En cuanto al importe de la prestación, será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 809,49 euros para una unidad familiar de seis personas. Cuantía que puede verse incrementada hasta en un 25% en el caso de necesitar ayudas para vivienda y del 10% para la pobreza energética, con lo que las cuantías oscilarían entre los 643,91 y los 1.1011,86 euros.

Titulares de la renta
En líneas generales, para ser titulares de la renta, además del requisito de residencia, deben ser mayores de 25 años, pero también se contempla a los mayores de 18 años en los casos de que hayan tenido entre 1-2 años de alta en la seguridad social y tengan un hogar independiente anterior; estén en situación de dependencia o diversidad funcional, en situación de orfandad, o que hayan estado entre los 15 y los 17 años en el sistema de protección o de reeducación para personas menores de edad.

Igualmente, pueden ser titulares personas mayores de 16 años cuando tengan personas con diversidad funcional o dependencia a su cargo, que hayan sido víctimas de explotación sexual o trata, así como de violencia de género o intrafamiliar, o que estén participando en un programa de preparación para la vida independiente.

Comisión Técnica de Seguimiento
El reglamento normativo incluye la constitución de una Comisión Técnica de Seguimiento e Implementación de la Renta Valenciana de Inclusión en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, como órgano de coordinación para garantizar la máxima eficiencia y utilidad para la ciudadanía valenciana.
Entre las funciones de dicha comisión cabe destacar el seguimiento y la evaluación del desarrollo de la ley, incluyendo la valoración de los resultados y los objetivos conseguidos, formular observaciones y propuestas, emitir un informe de impacto de la ley, con carácter bienal, en el que se incluirán los perfiles de las personas perceptoras, los resultados de inclusión social e inserción laboral, así como la coordinación de los departamentos del Consell y de las distintas administraciones implicadas para garantizar la inclusión social.

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Sánchez plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años

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Sánchez plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y endurecer el control sobre el odio digital

El Gobierno anuncia nuevas medidas para responsabilizar a las plataformas digitales que no retiren contenido ilegal o de odio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado una futura prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, dentro de una estrategia más amplia para reforzar la protección de los jóvenes en el entorno digital y combatir la difusión de contenido de odio e ilegal en internet.

La iniciativa contempla mayores obligaciones para las plataformas tecnológicas, que deberán retirar este tipo de contenidos de forma más rápida y eficaz. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo prevé acciones legales y sanciones que podrían alcanzar no solo a las empresas, sino también a sus responsables directivos.

Objetivos de la medida

  • Proteger a los menores frente a riesgos digitales y discursos dañinos

  • Reforzar la responsabilidad legal de las plataformas digitales

  • Combatir la proliferación de mensajes de odio y contenidos ilícitos en redes

  • Adaptar la legislación española al nuevo contexto tecnológico europeo

El anuncio se enmarca en el debate europeo sobre la regulación de las grandes plataformas, en línea con normativas como la Ley de Servicios Digitales (DSA), que busca un mayor control sobre los contenidos que circulan en internet.

La propuesta abre ahora un proceso político y legislativo que determinará cómo se verificará la edad de los usuarios, qué redes se verán afectadas y qué sanciones concretas se aplicarán en caso de incumplimiento.

Países donde ya se limita o prohíbe el acceso de menores a las redes sociales

La propuesta anunciada en España no es un caso aislado. Varios países ya han aprobado prohibiciones o restricciones severas al uso de redes sociales por parte de menores, especialmente para protegerlos frente a contenidos nocivos, adicción digital y discursos de odio.

Australia

Australia se ha convertido en uno de los referentes internacionales tras aprobar una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, obligando a las plataformas a verificar la edad de los usuarios. El incumplimiento puede acarrear multas millonarias para las empresas tecnológicas.

China

China mantiene desde hace años una de las regulaciones más estrictas del mundo. Los menores tienen límites de tiempo muy reducidos, controles parentales obligatorios y restricciones de acceso nocturno, especialmente en redes sociales y plataformas de vídeo.

Estados Unidos

Aunque no existe una prohibición federal, varios estados han aprobado leyes que limitan el acceso de menores, exigen verificación de edad o requieren consentimiento paterno para usar redes sociales. Estas medidas han abierto un intenso debate legal con las grandes tecnológicas.

Francia

Francia ha impulsado normas que obligan a contar con autorización parental para menores de 15 años, además de reforzar la responsabilidad de las plataformas en la retirada de contenidos ilegales o dañinos.

Corea del Sur

El país asiático ha aplicado políticas de control del uso digital juvenil, con restricciones horarias y herramientas obligatorias para evitar la adicción a redes y videojuegos en menores.

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