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España no recibirá ni una mascarilla de las que reparte la UE porque el Gobierno no las pidió

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La última polémica que salpica al Gobierno de España, y que traerá cola, está relacionada con el reparto de 1,5 millones de mascarillas que repartirá la Unión Europea y de las que España no recibirá ni una porque el Gobierno no las ha pedido. Esta polémica sumada a la avalancha de críticas al ejecutivo de Sánchez por no querer hacer test masivos a la población, por considerarlos ineficaces, está generando mucho malestar entre los ciudadanos.

La Comisión Europea anunció este viernes el reparto de 1,5 millones de mascarillas para personal sanitario en 18 países europeos entre los que no está España porque no solicitó participar en esta iniciativa de compra conjunta de material necesario en la lucha contra el coronavirus, han indicado fuentes comunitarias. «Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a los Estados miembro a proveer equipos de protección a los trabajadores sanitarios en primera línea.

Ellos son los héroes de la Europa actual, esto es solidaridad europea en acción», ha expresado la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, en un comunicado. Esta entrega se inscribe en una nueva compra de diez millones de mascarillas financiada por el Ejecutivo comunitario con arreglo al Instrumento para la Prestación de Asistencia Urgente, añade el comunicado.

Estas mascarillas se distribuirán entre el personal sanitario de Austria, Polonia, Malta, Chipre, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Francia, Italia, Croacia, Eslovenia, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría, y también de Reino Unido aunque no sea Estado miembro.

España, sin embargo «no figura en la lista de países que señalaron su interés por participar» en esta compra conjunta, han explicado fuentes comunitarias a Europa Press, que apuntan que el país sí recibió material a través de «otros mecanismos» comunitarios.

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Vox pide retirar el pasaporte al hermano de Pedro Sánchez para evitar una posible fuga a Japón

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hermano de Pedro Sánchez
David Sánchez Pérez-Castejón

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está siendo investigado por supuestos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. En este contexto, el partido político Vox, personado como acusación popular, ha solicitado la retirada de su pasaporte para evitar su posible fuga a Japón, país donde residen su esposa e hija.

Vox alerta del riesgo de fuga ante la falta de tratado de extradición

La solicitud de Vox se produce después de que el diario ABC haya informado este martes de que el consulado de Japón ha concedido un visado a David Sánchez por reagrupamiento familiar. Ante esta situación, Marta Castro, coordinadora nacional del Área Jurídica de Vox, ha advertido en un comunicado de prensa que España no tiene tratado de extradición con Japón, lo que podría impedir la celebración del juicio en caso de que Sánchez se trasladase a dicho país.

Antecedentes del caso: investigación por corrupción en Badajoz

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga la contratación de David Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz, acordó en mayo enviarlo a juicio. En el proceso también figura como investigado el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.

Ambos están acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la designación de David Sánchez como alto cargo de la institución provincial.

Petición urgente de medidas cautelares

Vox ha solicitado al juzgado que libre un oficio urgente a la Brigada de Policía para verificar si David Sánchez ha obtenido efectivamente el visado para trasladarse a Japón. En caso afirmativo, pide que se le retire el pasaporte de forma inmediata, con el objetivo de garantizar su presencia en el juicio.

Marta Castro ha insistido en que, de no actuar con celeridad, se corre el riesgo de que el procedimiento judicial no pueda continuar si el acusado abandona territorio nacional.

Claves del caso

  • David Sánchez está investigado por su contratación como cargo público en Badajoz.

  • Japón no tiene tratado de extradición con España.

  • Vox actúa como acusación popular y solicita medidas preventivas.

  • La jueza ya ordenó la apertura de juicio oral.

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