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Desarticulan una red criminal que estafaba a ancianos en la Comunitat

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Estafas ancianos Valencia

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red criminal, compuesta por una docena de personas afincadas en Murcia, Comunitat Valenciana y Galicia, dedicada a estafar a ancianos con problemas cognitivos y solvencia económica, a los que vendían productos innecesarios a precios desorbitados.

Según han informado fuentes de este cuerpo, hasta el momento han sido detenidos por estos hechos dos hombres, de entre 24 y 36 años en Murcia, como presuntos responsables de un delito de estafa.

La operación se inició después de que en los últimos meses se registrasen más de una decena de denuncias en la ciudad de Zaragoza por diversas estafas por valor de más 45.000 euros. Entre ellas, la de un hombre al que habían realizado cargos fraudulentos en su cuenta bancaria por valor de 10.000 euros, en concepto de unas supuestas compras a una empresa de productos de salud y hogar.

Tras analizar todas las denuncias, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de Zaragoza descubrieron un patrón común en todas ellas: los vendedores de varias empresas comerciales se aprovechaban de personas mayores con enfermedades como el Alzheimer o principios de pérdida de facultades cognitivas, a las que manipulaban para que comprasen productos innecesarios a precios exorbitantes.

Los comerciales seleccionaban previamente a clientes, a los que calificaban de ‘caramelos’, con un perfil específico: personas mayores que viviesen solas, con problemas de memoria o comprensión y con suficientes recursos económicos. Cuando se ganaban su confianza, les ofrecían regalos que luego formalizarían en contratos de venta de productos absurdos.

En otras ocasiones, regresaban al domicilio y, con la excusa de que ese regalo no funcionaba y que necesitaba sustituirlo, les hacían un nuevo contrato con una nueva deuda para el anciano. Los supuestos comerciales se las apañaban para conseguir el PIN de las tarjetas bancarias de sus víctimas e incluso pedían préstamos online con firma digital, contratos que ellos mismos realizaban sin el consentimiento de los ancianos.

Las visitas eran realizadas por un entramado de empresas, cuyos comerciales pasaban de unas a otras, e incluso vendían los datos de sus víctimas a otros colegas.

Los contratos presentados por algunas de estas empresas para intentar justificar estas ventas denunciadas incluían artículos repetidos, productos que nunca llegaron a su destino e incluso el cobro de servicios que supuestamente eran gratuitos.

Según las fuentes, «resultaba curioso» que estos contratos tuviesen exactamente el mismo importe final y que reflejasen prácticamente los mismos artículos en todos ellos, incluyendo los supuestos regalos y los productos desconocidos.

Una de las víctimas en Zaragoza sólo reconocía haber adquirido dos productos: una batería de cocina y un aparato de osmosis, éste último por sugerencia de los comerciales. Sin embargo, el resto de los productos mencionados en los contratos que corresponderían a los supuestos regalos (tablets, almohadas, smartphones y relojes smartwach) eran totalmente desconocidos para el denunciante.

Los agentes identificaron a los presuntos autores de estas estafas en Murcia, Galicia y la Comunitat Valenciana, y el pasado 25 de abril, agentes de la Jefatura Superior de Murcia procedieron a la detención de dos de ellos, que, tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, quedaron en libertad con cargos.

 

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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