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Estas son las medidas para las visitas al cementerio en Todos los Santos

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propuesta del Ayuntamiento de València para enterrar a las personas

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha publicado un protocolo de medidas sanitarias específico para la próxima festividad de Todos los Santos, en previsión de la asistencia masiva a los cementerios de la Comunitat Valenciana.

El protocolo incide en las medidas de protección e higiene ya acordadas por el Pleno del Consell frente a la COVID-19, como el mantenimiento de la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros.

Para ello, se establece un control de aforo para asegurar que la ocupación del cementerio no exceda de una persona por 2,25 metros cuadrados, incluyendo al personal. Del mismo modo, se establecen circuitos de entrada y salida diferenciados, con itinerarios dirigidos en una dirección para evitar contacto y aglomeraciones. También se facilitará mantener esta distancia con marcas en el suelo, balizas, cartelería y señalización específica.

La Conselleria de Sanidad recuerda en este protocolo que el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, salvo en los casos ya contemplados de personas dependientes, problemas de conducta derivados de su uso o que presenten enfermedades que puedan agravarse por su utilización.

Por otro lado, la entidad titular o responsable de las instalaciones ha de asegurar que se adoptan las medidas de limpieza adecuadas al espacio y afluencia, donde prestará especial atención a aquellos espacios de uso común. Las papeleras serán de pedal y tapa para el material desechado del proceso de limpieza.

El protocolo indica la necesidad de poner a disposición de las visitas dispensadores de gel hidroalcóholico o desinfectantes con viricida, en condiciones de uso, autorizados y registrados, en un lugar visible y en la entrada.

Finalmente, se recuerda que el uso de aseos con una superficie inferior a 4 metros cuadrados se limita a una persona, salvo en casos de personas dependientes que precisen de ayuda. Para espacios superiores, el uso de aseos queda limitado al 50% de su capacidad.

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Nueva ley del alquiler: qué pasará con tu vivienda a partir de ahora

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Gobierno aprueba medidas para frenar el encarecimiento del alquiler y proteger a los inquilinos

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2026 con nuevas medidas urgentes en materia de alquiler, con el objetivo de contener el aumento de precios y proteger a los inquilinos ante el impacto económico derivado de la guerra en Irán.

Esta nueva normativa introduce cambios clave en los contratos de alquiler de vivienda habitual, especialmente en lo relativo a la prórroga de contratos y a la limitación de las subidas de la renta.

Entre las principales medidas destacan:

  • Prórroga extraordinaria de contratos de hasta dos años
  • Límite máximo del 2% en la subida del alquiler
  • Medidas específicas para grandes tenedores y propietarios particulares

Prórroga obligatoria de los contratos de alquiler

El artículo 1 del decreto establece que los contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 podrán prorrogarse.

  • El inquilino podrá solicitar una prórroga extraordinaria de hasta 2 años
  • El propietario estará obligado a aceptarla
  • Se mantendrán las mismas condiciones del contrato

Solo se podrá rechazar esta prórroga si el propietario acredita la necesidad de recuperar la vivienda para uso propio o familiar, según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Es importante tener en cuenta que, si el decreto no es convalidado por el Congreso, estas medidas dejarían de aplicarse a futuros contratos.

Límite del 2% en la subida del alquiler

Para evitar que la inflación se traslade al precio de la vivienda, la ley fija un tope del 2% en la actualización anual del alquiler.

Diferencias según el tipo de propietario

  • Grandes tenedores:
    El incremento no podrá superar el 2%, aunque exista acuerdo entre las partes
  • Propietarios particulares:
    • Se puede pactar la subida
    • Si no hay acuerdo, el máximo será del 2%
    • Nunca podrá superar el límite legal vinculado al IPC

Se considera gran tenedor a quien posee más de 10 viviendas o más de 1.500 m² de uso residencial.

Cómo afecta la nueva ley a los inquilinos

Esta normativa afecta directamente a quienes viven de alquiler en vivienda habitual regulada por la LAU.

Si finaliza el contrato

Si tu contrato termina entre marzo de 2026 y diciembre de 2027:

  • Podrás solicitar una prórroga de hasta dos años
  • Mantendrás el mismo precio y condiciones

Los expertos recomiendan solicitar esta prórroga mediante burofax para dejar constancia legal.

Si se revisa el precio anual

  • La subida no podrá superar el 2% en la mayoría de casos
  • Se limita el impacto de la inflación en el alquiler

Cómo afecta a los propietarios

Las obligaciones varían en función del tipo de arrendador.

Si el contrato finaliza

  • Están obligados a aceptar la prórroga si el inquilino la solicita
  • La prórroga será anual, hasta un máximo de dos años
  • Solo podrán negarse por causas justificadas

Si se actualiza el precio

  • Caseros particulares: podrán pactar el incremento
  • Grandes tenedores: limitación obligatoria del 2%

Impacto económico y contexto de la medida

El Gobierno ha aprobado esta normativa como respuesta al aumento de precios provocado por la guerra en Irán, que ha disparado los costes energéticos y la inflación.

El objetivo es evitar una crisis habitacional y garantizar la estabilidad de los hogares en un contexto económico incierto.

Calculadora para calcular la subida del alquiler

Algunas plataformas han desarrollado herramientas para calcular el incremento máximo permitido del 2%, facilitando tanto a inquilinos como a propietarios conocer cómo aplicar la nueva normativa.

Una medida clave para el mercado del alquiler

El Real Decreto-ley 8/2026 refuerza el control sobre el mercado del alquiler en España, limitando las subidas de precios y garantizando la continuidad de los contratos en un periodo de incertidumbre económica.

Estas medidas buscan equilibrar la protección de los inquilinos con la seguridad jurídica de los propietarios.

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