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Estas son las medidas propuestas por los pediatras para una vuelta al cole segura

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Ante la inminente apertura de los centros escolares y la situación epidemiológica actual, la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha actualizado la propuesta de recomendaciones generales que ya elaboró en el mes de mayo en relación a la “Apertura gradual de las áreas de educación infanto-juvenil”, con el objetivo de “minimizar el riesgo de transmisión del virus en las escuelas y la contención de la diseminación de la pandemia a partir de los escolares. Este documento, de fecha 31 de agosto, puede consultarse íntegramente en la web de la AEP, donde también está disponible el documento “Recomendaciones para la reincorporación de niños crónicos a la escuela”, elaborado por las sociedades de especialidades pediátricas integradas en la AEP. Ante la situación actual, los pediatras reiteran la importancia de que los centros educativos sean rigurosos a la hora de cumplir con todas las medidas de seguridad propuestas, al tiempo que los padres han de ser responsables a la hora de llevar a sus hijos a la escuela si estos presentan algún síntoma, por leve que sea.

“Reconociendo la importancia de la experiencia vital asociada al modelo educacional tradicional basado en la asistencia a las aulas, es importante prever adecuadamente cómo y en qué condiciones debe producirse la vuelta a los colegios, y qué medidas son necesarias desde una visión de salud pública para garantizar la seguridad de los menores y minimizar el riesgo de transmisión”, asegura la doctora María José Mellado, presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP). “Es necesario considerar los costes sociales y económicos asociados con mantener las escuelas cerradas, que pueden fomentar un aumento en las desigualdades sociales”, explica.

Por su parte, el doctor Quique Bassat, coordinador del Grupo de Trabajo de la AEP para la Reapertura de la Escolarización, asegura que “la reincorporación presencial a los centros escolares se hace en cumplimiento del derecho que tienen los niños y los adolescentes al aprendizaje y a la socialización, como necesidades básicas para su desarrollo, contempladas por la Convención de los Derechos del Niño (CDN)”.

Con los conocimientos adquiridos desde el inicio de la epidemia de SARS-CoV-2, parece que los niños no son una población particularmente vulnerable a los efectos graves de la infección por COVID-19. Los casos de enfermedad pediátrica grave son infrecuentes y, con muy pocas excepciones, la mayoría de las infecciones transcurren de forma leve o incluso asintomática. Es importante destacar que “los niños parecen infectarse de forma similar a los adultos, suelen expresar de forma más leve los síntomas asociados a la infección y son una potencial fuente de transmisión a otros niños y adultos, aunque menos eficientes, especialmente los menores de 10 años”, explica la doctora Mellado.

Las recomendaciones de la AEP pretenden minimizar el riesgo de transmisión del virus en las escuelas y la contención de la diseminación de la pandemia a partir de los escolares. Sin embargo, “conviene recordar que no existe un riesgo cero”, matiza la doctora. Estas medidas han sido diseñadas con una visión de utilidad en salud pública y pueden ser difíciles de implementar en su totalidad en las diferentes escuelas, dependiendo de las particularidades de cada centro. “Somos conscientes de que su interpretación a la hora de ser puestas en marcha dependerá de los recursos disponibles y de la situación epidemiológica en la que se encuentre la zona donde esté la escuela”, concluye la presidente de la AEP.

El doctor Bassat confía en que estas medidas “bien implementadas” consigan que el curso escolar pueda desarrollarse dentro de una asidua asistencia por parte de los escolares y que la “vuelta al cole” transcurra, “dentro de lo posible y dadas las circunstancias, de manera normal”. Para ello, explica el coordinador del grupo de Reapertura de la Escolarización, es importante que “todos los agentes implicados -ya sean los centros o los padres- sean responsables, cada uno en la medida de sus posibilidades, y cumplan de forma rigurosa las medidas propuestas”.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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