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Estas son las ratios de alumnos aprobadas para el curso escolar 2017-2018

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El Pleno del Consell ha aprobado el decreto que modifica las disposiciones transitorias del Decreto 59/2016 y que tiene como objetivo regular, para el curso 2017-18 y sucesivos, el número máximo de alumnos por aula, unidad o profesor, y la jornada lectiva del personal docente en los centros docentes públicos y concertados de la Comunitat Valenciana.

La nueva redacción del decreto determina un calendario de implantación progresiva de las ratios establecidas en el Decreto 59/2016 durante el curso 2017-2018 y sucesivos.

Cabe recordar, por tanto, que las ratios máximas por unidad o grupo para cada nivel educativo, según el Decreto 59/2016, son:

-Educación Infantil (primer ciclo): para alumnado menor de un año es de 8 alumnos máximo por unidad; para alumnado de uno a dos años es de 13 por unidad; para alumnado de dos a tres años es de 20 por unidad.

-Educación Infantil (segundo ciclo): 25 alumnos por unidad

-Educación Primaría: 25 alumnos por unidad

-Educación Secundaría Obligatoria: 30 alumnos por unidad

-Bachillerato: 35 alumnos por unidad (45 en régimen nocturno o en régimen semipresencial o a distancia);

-Formación Profesional Inicial: 18 alumnos por unidad en la Básica y 30 alumnos por unidad en la de Grado Medio o Superior (45 en régimen semipresencial o a distancia)

-Enseñanzas de Idiomas: entre 20 y 35 alumnos por unidad, según el nivel (50 para la modalidad a distancia)

-Educación Personas Adultas: entre 12 y 35 alumnos por unidad, según el nivel y ciclo.

-Enseñanzas deportivas, enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y enseñanzas artísticas superiores: el número máximo de alumnado por profesor o profesora será el que se determine en la normativa básica vigente.

Implantación

Según la disposición primera, desde el curso 2016-2017, la implantación se irá realizando de manera progresiva, curso a curso, a partir del primer nivel de cada una de las etapas, excepto en Educación Primaria, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias.

En lo que respecta a la Educación Primaria, la implantación de la ratio máxima se realizará progresivamente curso a curso, a partir del primer nivel del curso 2019-2020, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias.

Además, la disposición segunda establece que, durante el período de implantación, se aprovecharán las bajas del alumnado para regularizar las ratios.

También especifica que, una vez empezado el curso escolar y en caso de que se produzca escolarización de alumnado de incorporación tardía, corresponderá a la Comisión Municipal de Escolarización efectuar la propuesta de reparto.

Por otra parte, la disposición tercera indica que los centros que tengan dos o más unidades en sexto de Educación Primaria, podrán establecer, en el arreglo escolar del curso siguiente, un número de unidades para primero de Educación Primaria que permita fijar una ratio máxima de 25 alumnos por unidad, sin que ello pueda comportar variaciones del número de unidades de Educación Primaria ni de la plantilla del centro, y siempre que se disponga de los espacios suficientes.

Esta medida se podrá aplicar solo durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019 y siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permiten.

Por último, la disposición cuarta hace extensiva a todo el período de implantación progresiva, la referencia, que se hace en el Decreto 59/2016, a que en el curso 2016-2017, y para los cursos no afectados por el calendario de implantación, habría que ajustarse a lo dispuesto la Orden 19/2012.

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Leire Díez se defiende: “Ni soy fontanera ni cobarde”

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Leire Díez

“No trabajo para el PSOE, investigo tramas para un libro”

La exmilitante del PSOE Leire Díez niega vínculos operativos con el partido y afirma que los audios filtrados forman parte de una investigación periodística independiente.

La periodista y exmilitante socialista Leire Díez ha vuelto a rechazar públicamente cualquier relación laboral con el PSOE, tras la filtración de varios audios donde supuestamente realizaba gestiones sensibles que afectan a altos funcionarios. Según ha declarado, dichas grabaciones corresponden a un trabajo de investigación periodística que está desarrollando para un libro de próxima publicación.

“Ni soy fontanera ni cobarde”, ha afirmado con contundencia, marcando distancia con quienes la señalan como un agente oficioso del partido.

¿Qué se sabe de los audios filtrados?

Los audios, difundidos recientemente por diversos medios, han generado polémica por el tono y el contenido de las conversaciones, en las que Díez parece intentar influir o intervenir en actuaciones administrativas. Sin embargo, la periodista sostiene que estas interacciones estaban grabadas dentro del marco de una investigación personal sobre redes de poder, conflictos de interés y funcionamiento institucional en España.

Díez asegura que no tenía autorización ni instrucciones de ninguna organización política, y que todo lo hizo “por iniciativa propia, con fines exclusivamente periodísticos”.

Una exmilitante bajo el foco

Aunque fue militante del PSOE en el pasado, Leire Díez ya no forma parte de ninguna estructura orgánica del partido. Su desvinculación, asegura, fue total y anterior a los hechos que ahora se cuestionan. Subraya además que no percibe salario, ayuda ni encargo de parte del partido, y que su labor no debe confundirse con una operación encubierta.

¿Qué dice el PSOE?

Hasta ahora, ningún portavoz oficial del PSOE ha confirmado relación contractual alguna con Díez, ni se ha atribuido ninguna responsabilidad sobre sus actos. Fuentes extraoficiales del partido, citadas en algunos medios, deslizan que sus actuaciones fueron “a título personal” y que su nombre no figura en ninguna estructura interna actual.

Leire Díez, periodismo de investigación y controversia

Díez ha trabajado como comunicadora en distintos entornos y ha estado vinculada a temas de actualidad política. El libro en el que trabaja, según ha declarado, busca arrojar luz sobre “las dinámicas ocultas del poder en la administración pública española”, y se basa en conversaciones reales, fuentes directas y documentación obtenida durante los últimos años.

Este caso recuerda otros momentos recientes en los que el periodismo de investigación ha generado reacciones políticas y judiciales, poniendo en cuestión los límites entre reporterismo encubierto y legalidad institucional.

 

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