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Estas son las restricciones que continuarán después del final del estado de alarma

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Madrid, 5 may (EFE).- Las restricciones que imperaban antes de la declaración del último estado de alarma, como acotar horarios a la hostelería y establecimientos comerciales, el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle sin distancia de seguridad, volverán a estar vigentes a partir del 9 de mayo.

Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que insistido en que el estado de alarma, conforme aparece regulado en la Constitución Española, está previsto «para situaciones excepcionales, no para que permanezca sine die en el tiempo».

Así, la ministra ha explicado que en el Consejo Interterritorial se han repasado actuaciones coordinadas adoptadas por este órgano que siguen vigentes una vez que decaiga el estado de alarma, en concreto las aprobadas entre agosto y octubre, ha recordado, y que se refieren a restricciones que pueden adoptar las comunidades como acotar horarios comerciales o de ocio nocturno.

El Gobierno entiende que las comunidades disponen de herramientas que les proporciona la legislación ordinaria para contener el virus, a las que se suma el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que les permite recurrir en casación al Tribunal Supremo las resoluciones de los tribunales superiores de justicia.

«Son suficientes para mantener el virus a raya», ha enfatizado la ministra, quien ha recordado que las autonomías no han estado siempre bajo el paraguas del estado de alarma y han ido tomando decisiones que en su mayoría han ido ratificando los TSJ.

Y ahora, con el real decreto, y ante la posibilidad de que se abra una nueva disparidad de criterios por parte de los jueces, será el Supremo el que tenga la última palabra y unifique doctrina al respecto.

Sanidad: las comunidades tienen instrumentos para mantener el virus a raya

El Gobierno mantiene que la legislación ordinaria, las actuaciones coordinados aprobadas con anterioridad por el Consejo Interterritorial y la unificación de doctrina que acabará haciendo el Tribunal Supremo sobre las restricciones que impongan las comunidades tras el estado de alarma son «suficientes para mantener el virus a raya».

Así lo ha subrayado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que varios consejeros han trasladado de nuevo su inquietud por el fin del estado de alarma el próximo domingo.

Darias ha insistido en que el estado de alarma, conforme aparece regulado en la Constitución Española, está previsto «para situaciones excepcionales, no para que permanezca sine die en el tiempo».

Y ha explicado que en la reunión se han repasado actuaciones coordinadas «aún vigentes» adoptadas por este órgano entre agosto y octubre de 2020; en esas fechas, Gobierno y comunidades acordaron distintas medidas como acotar horarios comerciales y aforos, el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle cuando no se pudiera respetar la distancia de seguridad.

El Gobierno entiende que las comunidades disponen de herramientas que les proporciona la legislación ordinaria para contener el virus, a las que se suma desde ayer el real decreto que les permite recurrir en casación al Tribunal Supremo las resoluciones desfavorables de los tribunales superiores de justicia.

La reforma contenida en el citado decreto permitirá así que el Supremo unifique doctrina, con lo que se evitarán disparidades entre territorios tal y como ocurrió el pasado verano.

De esta forma, con las leyes ordinarias, las actuaciones coordinadas y el reciente real decreto, las comunidades tienen herramientas «suficientes para mantener el virus a raya», ha enfatizado la ministra, quien ha recordado que las autonomías no han estado siempre bajo el paraguas del estado de alarma y han ido tomando decisiones que en su mayoría han ido ratificando los jueces.

«El escenario que se sitúa tras el 9 de mayo es completamente diferente a cuando tuvimos que declararlo a petición de las comunidades» en octubre, ha respondido la ministra al ser preguntada por qué ahora y no antes se ha aprobado este real decreto.

La ministra ha recordado que ya son varias las regiones las que están relajando restricciones; no en vano, la situación epidemiológica es muy distinta y cuenta además con el impulso de la campaña de vacunación, que «va como un tiro».

De cara al fin del estado de alarma, ya son varias las comunidades autónomas que ha anunciado que no mantendrán el toque de queda nocturno, como Cataluña, Castilla y León, Andalucía, mientras que Baleares ya ha anunciado que lo mantendrán hasta el 23 de mayo, y Navarra plantea prorrogarlo aunque levantará el cierre perimetral.

Igualmente, Extremadura dejará sin efecto el cierre perimetral desde las cero horas de este viernes.

Mientras, la Fiscalía Superior del País Vasco ha expresado su rechazo a que se autoricen judicialmente los cierres de Euskadi y de los municipios, así como el toque de queda una vez finalice el estado de alarma.

Por su parte, Cantabria mantendrá otros 14 días cerrado el interior de los establecimientos de hostelería, y baraja la posibilidad de cierres perimetrales de municipios que incluyan toque de queda dependiendo de la situación epidemiológica.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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