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Estas son las restricciones que continuarán después del final del estado de alarma

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Madrid, 5 may (EFE).- Las restricciones que imperaban antes de la declaración del último estado de alarma, como acotar horarios a la hostelería y establecimientos comerciales, el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle sin distancia de seguridad, volverán a estar vigentes a partir del 9 de mayo.

Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que insistido en que el estado de alarma, conforme aparece regulado en la Constitución Española, está previsto «para situaciones excepcionales, no para que permanezca sine die en el tiempo».

Así, la ministra ha explicado que en el Consejo Interterritorial se han repasado actuaciones coordinadas adoptadas por este órgano que siguen vigentes una vez que decaiga el estado de alarma, en concreto las aprobadas entre agosto y octubre, ha recordado, y que se refieren a restricciones que pueden adoptar las comunidades como acotar horarios comerciales o de ocio nocturno.

El Gobierno entiende que las comunidades disponen de herramientas que les proporciona la legislación ordinaria para contener el virus, a las que se suma el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que les permite recurrir en casación al Tribunal Supremo las resoluciones de los tribunales superiores de justicia.

«Son suficientes para mantener el virus a raya», ha enfatizado la ministra, quien ha recordado que las autonomías no han estado siempre bajo el paraguas del estado de alarma y han ido tomando decisiones que en su mayoría han ido ratificando los TSJ.

Y ahora, con el real decreto, y ante la posibilidad de que se abra una nueva disparidad de criterios por parte de los jueces, será el Supremo el que tenga la última palabra y unifique doctrina al respecto.

Sanidad: las comunidades tienen instrumentos para mantener el virus a raya

El Gobierno mantiene que la legislación ordinaria, las actuaciones coordinados aprobadas con anterioridad por el Consejo Interterritorial y la unificación de doctrina que acabará haciendo el Tribunal Supremo sobre las restricciones que impongan las comunidades tras el estado de alarma son «suficientes para mantener el virus a raya».

Así lo ha subrayado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que varios consejeros han trasladado de nuevo su inquietud por el fin del estado de alarma el próximo domingo.

Darias ha insistido en que el estado de alarma, conforme aparece regulado en la Constitución Española, está previsto «para situaciones excepcionales, no para que permanezca sine die en el tiempo».

Y ha explicado que en la reunión se han repasado actuaciones coordinadas «aún vigentes» adoptadas por este órgano entre agosto y octubre de 2020; en esas fechas, Gobierno y comunidades acordaron distintas medidas como acotar horarios comerciales y aforos, el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle cuando no se pudiera respetar la distancia de seguridad.

El Gobierno entiende que las comunidades disponen de herramientas que les proporciona la legislación ordinaria para contener el virus, a las que se suma desde ayer el real decreto que les permite recurrir en casación al Tribunal Supremo las resoluciones desfavorables de los tribunales superiores de justicia.

La reforma contenida en el citado decreto permitirá así que el Supremo unifique doctrina, con lo que se evitarán disparidades entre territorios tal y como ocurrió el pasado verano.

De esta forma, con las leyes ordinarias, las actuaciones coordinadas y el reciente real decreto, las comunidades tienen herramientas «suficientes para mantener el virus a raya», ha enfatizado la ministra, quien ha recordado que las autonomías no han estado siempre bajo el paraguas del estado de alarma y han ido tomando decisiones que en su mayoría han ido ratificando los jueces.

«El escenario que se sitúa tras el 9 de mayo es completamente diferente a cuando tuvimos que declararlo a petición de las comunidades» en octubre, ha respondido la ministra al ser preguntada por qué ahora y no antes se ha aprobado este real decreto.

La ministra ha recordado que ya son varias las regiones las que están relajando restricciones; no en vano, la situación epidemiológica es muy distinta y cuenta además con el impulso de la campaña de vacunación, que «va como un tiro».

De cara al fin del estado de alarma, ya son varias las comunidades autónomas que ha anunciado que no mantendrán el toque de queda nocturno, como Cataluña, Castilla y León, Andalucía, mientras que Baleares ya ha anunciado que lo mantendrán hasta el 23 de mayo, y Navarra plantea prorrogarlo aunque levantará el cierre perimetral.

Igualmente, Extremadura dejará sin efecto el cierre perimetral desde las cero horas de este viernes.

Mientras, la Fiscalía Superior del País Vasco ha expresado su rechazo a que se autoricen judicialmente los cierres de Euskadi y de los municipios, así como el toque de queda una vez finalice el estado de alarma.

Por su parte, Cantabria mantendrá otros 14 días cerrado el interior de los establecimientos de hostelería, y baraja la posibilidad de cierres perimetrales de municipios que incluyan toque de queda dependiendo de la situación epidemiológica.

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Koldo García se acoge a su derecho a no declarar y el Supremo lo mantiene en libertad

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Caso Koldo
Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha acudido este jueves al Tribunal Supremo por su implicación en el conocido como caso Koldo. Durante su cuarta comparecencia, García se ha acogido a su derecho a no declarar, y la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado su ingreso en prisión, por lo que el Supremo ha decidido mantenerlo en libertad.

Motivos de su decisión de no declarar

El exasesor no respondió a las preguntas del juez Leopoldo Puente porque no dispone del material completo de los audios que él mismo grabó y que constan en el informe de la UCO. Koldo ha solicitado en varias ocasiones que se le devuelva este material para contextualizar sus declaraciones. El instructor le recordó que no está obligado a justificar su decisión de no declarar, mientras que la Fiscalía criticó su postura, alegando que su elocuencia ante los medios contrasta con su silencio en sede judicial. La defensa de García defendió que sus declaraciones públicas se deben al acoso mediático que sufre.

Libertad bajo medidas cautelares

A pesar de la acusación popular que solicitaba su ingreso en prisión por riesgo de que el dinero investigado estuviera fuera del país, la Fiscalía consideró que las medidas cautelares actuales son suficientes. Koldo García mantiene la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar quincenalmente ante el juez. Según fuentes judiciales, aunque los indicios han aumentado tras los últimos informes de la UCO, no existen razones para decretar prisión preventiva.

Investigación sobre movimientos de dinero

El juez quiere que García aclare el origen y la mecánica de 95.437 euros vinculados a gastos del exministro Ábalos, cantidad que se cruza con otra línea de investigación sobre ingresos en efectivo y pagos en metálico del PSOE sin respaldo documental. Los informes policiales mencionan un supuesto “lenguaje en clave”, con términos como “chistorras” (billetes de 500 €), “soles” (200 €) y “lechugas” (100 €), así como referencias a “folios” y a una contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos.

El último informe de la UCO destaca la existencia de vínculos patrimoniales estrechos entre Ábalos y García, indicando que el exasesor ha asumido gastos de Ábalos con su propio patrimonio. Esto ha motivado la comparecencia ante el Supremo para verificar estos movimientos antes de decidir si se endurecen las medidas cautelares.

Estrategia de la defensa

La defensa de Koldo García ha solicitado la anulación parcial de la causa, alegando que el instructor está entrando en hechos que no están amparados por el suplicatorio concedido por el Congreso para actuar contra Ábalos. El origen del procedimiento se remonta a presuntas adjudicaciones irregulares de contratos sanitarios, aunque el caso se ha fragmentado en varias piezas, incluyendo supuestos amaños de obra pública.

 

 

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