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Esto es lo que cobra Ximo Puig y el resto de presidentes autonómicos

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¿Cuánto cobran los políticos? Es una de las preguntas más pronunciadas en la calle sobre todo en tiempos en los que los altos precios, como por ejemplo el de la luz, ahogan a los ciudadanos.

Hace tan solo unos meses los medios de comunicación se hacían eco de la información publicada por Transparencia en la que se podían ver los sueldos del equipo de Presidencia de Pedro Sánchez, y en el que se podía comprobar que el presidente del Gobierno cobra 84.845,16 euros anuales.

Forbes ha publicado los sueldos de los presidentes de las Comunidades Autónomas. En el repaso a los 13 presidentes y las cuatro presidentas autonómicas se pueden apreciar las diferencias que hay entre cada uno de ellos.  ¿A qué se debe? La razón es que no existe un baremo único para decidirlos puesto que se rige por las leyes de cada una de las autonomías.

Algunos datos extraídos de las páginas de transparencia de los respectivos gobiernos autonómicos, sorprenden como que seis de los diecisiete están por encima del salario del presidente del Gobierno.

¿Y cuánto cobra nuestro presidente autonómico? El sueldo de Ximo Puig, presidente de la Generalidad Valenciana, es de 83.648,40 euros al año. Además, es secretario general del Partit Socialista Pais Valencia y diputado de las Cortes Valencianas por Castellón.

Entre las cifras y datos que más sorprenden destaca las de Pere Aragonès, el que lidera la lista con el sueldo más alto. El presidente de la Generalidad de Cataluña, de ERC, percibe anualmente 130.250,60 euros por el desempeño de su cargo.

Le sigue a continuación Iñigo Urkullu (PNV) es el lehendakari del Gobierno Vasco desde 2012 cuyo sueldo actual por ostentar este cargo asciende a 106.778,14 euros anuales.

La tercera en el top del ranking es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), percibe un salario anual de 103.090,32 euros.

El resto de la lista de sueldo anuales queda de la siguiente manera:

  • Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, 87.872,16 euros.
  • Concha Andreu, presidenta de La Rioja, 85.871,18 euros.
  • Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, 84.894,26 euros.
  • Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla – La Mancha, 83.531,14 euros
  • Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, 81.506,78 euros.
  • Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, 76.823,81 euros.
  • Miguel Ángel Revilla, presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 76.567,54 euros.
  • Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, 75.670,00 euros.
  • María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, 75.262,04 euros.
  • Alfonso Fernández Muñueco, presidente de la Junta de Castilla y León, 74.857,92 euros.
  • Adrián Barbón Rodríguez, presidente del Principado de Asturias, 69.128,62 euros.
  • Francina Armengol, presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, 69.084,68 euros.
  • Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, 69.243,84 euros.

 

 

 

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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