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Europol pide colaboración ciudadana para detener a más de 50 fugitivos

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Europol pide colaboración ciudadana para detener a más de 50 fugitivos
Los 50 prófugos más buscados de la UE en 2022 EUROPOL

Bruselas/València, 28 sep (OFFICIAL PRESS/ EFE).- La Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos (ENFAST) y Europol lanzaron este jueves una campaña de colaboración ciudadana para tratar de detener a más de cincuenta «jefes» de grupos de delincuencia organizada, entre ellos cinco reclamados por España, de los cuales tres son considerados «peligrosos».

Uno de ellos, Vassil Nikolov Baklarov, de 55 años, es considerado un peligroso delincuente relacionado con diferentes delitos dentro de una organización criminal dedicada al robo y tráfico de vehículos.

Se le imputa el asesinato de dos empresarios valencianos y de un ciudadano camerunés.

«Podrías acabar con ellos: ayuda a encontrar a los fugitivos más peligrosos de la UE»

Bajo el lema «Podrías acabar con ellos: ayuda a encontrar a los fugitivos más peligrosos de la UE», la campaña de este año se centra específicamente en los «líderes» y miembros «clave» de grupos de delincuencia organizada.

La iniciativa policial pone el foco en delincuentes buscados por delitos graves en Europa, como el asesinato, trata de seres humanos, robo a mano armada y terrorismo, señaló Europol en un comunicado.

Sus fotografías, acompañadas de fichas sobre las razones por las que se les busca y descripciones de sus características físicas, pueden ser consultadas en la página web de la agencia policial.

«No podría ser más sencillo para los ciudadanos de la UE participar en esta campaña: una pequeña acción suya podría significar la detención e inculpación de un peligroso fugitivo, salvando así a posibles víctimas.

Consulta la página web y ayúdanos a encontrarlos», dijo la directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle.

Europol hizo hincapié en que algunos de los perfiles destacados en la lista de este año son «los jefes de las mafias que han cometido asesinatos y masacres de personas inocentes, los narcotraficantes, los traficantes de personas, los delincuentes violentos que cometen asesinatos u otros actos violentos en nombre del grupo delictivo, y los blanqueadores de dinero y malversadores».

En este sentido, al igual que en un entorno empresarial, el núcleo de una red delictiva está compuesto por capas directivas y operadores de campo, explicó la agencia europea.

Este núcleo, añadió, está rodeado por una serie de actores vinculados a la infraestructura delictiva que prestan servicios de apoyo.

Por eso, al poner el foco en ellos, la campaña pretende derribar grupos enteros de delincuencia organizada.

Tres hombres con la etiqueta de «peligrosos» reclamados por España

Los tres hombres con la etiqueta de «peligrosos» reclamados por España son los supuestos narcotraficantes Nikolay Shterev Kurkuchev y Abdellah El Haj Sadek El Menbri y el traficante de vehículos Vassil Nikolov Baklarov.

A Kurkuchev, de 54 años, se le busca por ser uno de los miembros «clave» de una organización internacional dedicada al tráfico de grandes cantidades de drogas ilegales en contenedores desde Sudamérica, especialmente desde Colombia, hacia Europa.

El Haj Sadek El Menbri, de 38 años, es considerado el presunto líder de una organización internacional dedicada al tráfico de grandes cantidades de drogas ilícitas y al lavado de dinero, así como a la tenencia de armas de fuego.

Actualmente es considerado el jefe de las mayores organizaciones de traficantes de hachís en España, en la zona del Campo de Gibraltar.

En cuanto a Baklarov, de 55 años, es considerado un peligroso delincuente relacionado con diferentes delitos dentro de una organización criminal dedicada al robo y tráfico de vehículos.

Se le imputa el asesinato de dos empresarios valencianos y de un ciudadano camerunés.

La lista se completa con Erick Ventura Pacheco, considerado lugarteniente de una de las organizaciones criminales más peligrosas y violentas de España, y por Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez, buscada por trata de personas para la prostitución.

Ventura, también conocido como «Perú», de 36 años, es sospechoso de al menos 36 delitos como narcotráfico, detención ilegal, tortura, amenaza o secuestro, por los que la justicia solicita pena de prisión por un total de 965 años.

En cuanto a la colombiana Vallejo, de 37 años, se busca por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como tráfico de seres humanos, ya que se le acusa de traer a España a mujeres a las que explotaba sexualmente.

Además de en internet, la campaña va acompañada del despliegue de murales en las calles para atraer la atención de ciudadanos de a pie.

El primer mural, confeccionado como un castillo de naipes, en alusión a que la caída de una pieza clave puede hacer caer toda la estructura, se inaugura este miércoles en Bruselas.

Desde que se pusieron por primera vez en marcha este tipo de campañas en 2016, Europol ha divulgado 335 perfiles de fugitivos, de los cuales 120 han sido detenidos, y «en 43 de ellos ha influido directamente el hecho de que el perfil del fugitivo se haya publicado en el sitio web».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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