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Querella contra el rey emérito Juan Carlos I por presuntos delitos fiscales

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querella rey Juan Carlos I

Un grupo de magistrados jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales han presentado una querella criminal conjunta ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el rey emérito, Juan Carlos I. La acción judicial se basa en la supuesta comisión de cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública entre los años 2014 y 2018, que, según los querellantes, no habrían prescrito.

Delitos fiscales imputados

La querella señala que el rey Juan Carlos I habría cometido irregularidades tributarias que, por su gravedad, podrían ser calificadas como delitos fiscales. Según los exmagistrados, estos hechos no habrían prescrito y, por tanto, pueden ser investigados y enjuiciados. En el texto presentado, se argumenta que la Fiscalía habría comunicado al rey emérito la apertura de una investigación por posibles infracciones tributarias relacionadas con estas actividades irregulares.

Irregularidades en el proceso de regularización fiscal

El texto de la querella, que ha sido difundido por medios como Europa Press, también apunta a presuntas irregularidades en el proceso de regularización fiscal del rey emérito. Los querellantes subrayan que:

«El Ministerio Fiscal, cuando comunica a un investigado la apertura de unas Diligencias de Investigación en la que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización».

Este argumento pone en duda la legitimidad de las regularizaciones fiscales realizadas por el rey emérito, que podrían haberse efectuado con conocimiento previo de la investigación, lo que constituiría un hecho irregular en sí mismo.

Contexto de las acusaciones

Las acusaciones contra el rey Juan Carlos I se enmarcan en una serie de investigaciones previas que han puesto en el punto de mira su patrimonio y presuntas actividades opacas. Aunque algunas de estas investigaciones fueron archivadas debido a la prescripción de los delitos o a la inviolabilidad que el monarca disfrutó hasta su abdicación en 2014, esta querella busca reabrir el debate sobre la posible responsabilidad penal del rey emérito en los años posteriores a su abdicación.

Un precedente legal controvertido

La presentación de una querella contra una figura como el rey emérito supone un hecho inusual en España y plantea cuestiones legales y políticas complejas. Si bien desde su abdicación Juan Carlos I dejó de gozar de inviolabilidad, el análisis de sus actos posteriores a 2014 sigue generando controversia tanto en el ámbito jurídico como en el público.

Reacciones y consecuencias

La querella ha generado un intenso debate en España sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las altas instituciones del Estado. Algunos sectores consideran que estas acciones judiciales son fundamentales para reforzar la confianza en la justicia y demostrar que nadie está por encima de la ley, mientras que otros las critican por considerar que buscan dañar la imagen de la monarquía.

Por ahora, la Sala Segunda del Tribunal Supremo deberá decidir si admite a trámite esta querella y, en su caso, determinar los próximos pasos a seguir en la investigación de los presuntos delitos fiscales.

 

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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