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F1| Camps pide a la juez citar a Garzón como testigo para averiguar su relación con los abogados de Costa y El Bigotes

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VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) – El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha pedido a la juez del Juzgado de Instrucción número 17 de València, que investiga las adjudicaciones en la construcción del circuito urbano de Fórmula 1, que cite a declarar como testigo a Baltasar Garzón, a raíz de unas declaraciones judiciales de Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP en Galicia y condenado a 37 años y medio de prisión por la primera época de actividades de la trama Gürtel, en las que atribuía al exjuez la relación y coordinación de los abogados de Ricardo Costa y Álvaro Pérez El Bigotes.

Así consta en un escrito con fecha 10 de octubre, en la que la defensa de Camps recuerda que Costa, ex secretario general del PPCV, prestó declaración voluntaria como testigo ante Fiscalía sobre los hechos investigados en esta pieza, declarada secreta, y manifestó que esa comparecencia no obedecía a ningún acuerdo alcanzado con el fiscal en la causa seguida en la Audiencia Nacional y en la que atribuyó a su antiguo jefe la decisión de contratar con la empresa Orange Market de Álvaro Pérez, vinculada a la Gürtel, para organizar los actos de campaña de las elecciones de 2007 y generales de 2008 y que se financiasen en parte con dinero negro.

En el seno de este caso, Crespo declaró como testigo el pasado 6 de septiembre y, según consta en el escrito de la defensa de Camps, fue preguntado por el interés de Costa en realizar esas manifestaciones en la causa en la Audiencia Nacional en la que fue sentenciado a cuatro años de cárcel, condena que no recurrió y resultaba coincidente con la petición de Anticorrupción.

Así, en el escrito, la defensa de Camps señala que Crespo atribuyó esa declaración de Costa que ha provocado la investigación a su cliente a «la relación más allá de la coincidencia en juicio entre el Señor A.Pérez y el Sr R.Costa, sus abogados, el letrado Sr. Vasallo (personado en esta causa) y el Sr. Manuel Ollé, atribuyendo la relación y coordinación de estos entre sí y sus clientes para este particular al abogado ejerciente Sr. D. Baltasar Garzón».

Además, apunta los «últimos acontecimientos que se han conocido entorno a estos señores de continuo y reciente reflejo mediático» y las revelaciones «de la investigación seguida por un juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional al respecto de la participación del referido Sr. Garzón y la sociedad de servicios que administra» en «pactos, acuerdos y encomiendas en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pone de relieve la declaración del Sr. Crespo y, por tanto, la plausible veracidad de la misma, frente a la más que probable mendacidad de las manifestaciones del Sr. Costa y por ende el interés espurio en el que estas se fundaran».

Por ello, la defensa de Camps ve oportuno, para «dar luz» a la controversia, la declaración como testigo de Garzón «toda vez que si no fuera abogado de ninguno de los autores de los testimonios controvertidos quedaría libre de excusar su conocimiento en el secreto profesional y por tanto habilitado para testificar» sobre estos extremos.

En su declaración como testigo en esta pieza, Crespo afirmó que Costa había estado ayudando a Pérez en los diez años de «problemas judiciales» y que mantenían una estrategia «conjunta» con reuniones de sus abogados, desconociendo los beneficios procesales que pudiera tener el ex secretario general del PPCV, al tiempo que negó que hubiera llamada a Camps en la reunión en la que Costa propuso la facturación a empresas constructoras para hacer frente a la situación de Orange Market por la deuda que mantenía con el partido.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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