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Fijan una indemnización de 1.573 millones para el Estado por los daños de la catástrofe del Prestige

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La Audiencia Provincial de A Coruña ha notificado hoy el auto de ejecución de la sentencia del caso Prestige dictada en enero de 2016 por el Tribunal Supremo, que modificó parcialmente la que la Sección Primera de la Audiencia coruñesa pronunció en 2013.

En la resolución se determinan las sumas que definitivamente procede abonar a los perjudicados, cantidades que han de ser pagadas por las partes condenadas, esto es, directamente por Apostolos Ioannis Mangouras (capitán del barco) y la compañía aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, por lo menos hasta el límite de un billón de dólares estadounidenses.

Subsidiariamente, se condena a hacer frente al pago de estas cantidades a la entidad Mare Shipping INC (propietaria del buque), mientras que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) está obligado a indemnizar hasta los límites expresamente establecidos en el convenio aplicable.

De esta forma, la Sala entiende que corresponde al Estado español la cantidad de 1.573 millones de euros, a la Xunta de Galicia 1,8 millones y a Francia 61 millones de euros, además de las sumas que se fijan para otras entidades, ayuntamientos y particulares.

En relación a la cantidad fijada para el Estado, la Sala entiende que el daño patrimonial acreditado es de 931 millones de euros, cantidad a la que suma un 30% por daño medioambiental, es decir, 279 millones de euros. Los magistrados entienden que a esta cifra hay que añadirle otro 30% por daño moral indemnizable, es decir, 363 millones de euros, lo que arroja un total de 1.573 millones.

Indica el auto que “los daños morales causados son obvios, extensos y profundos, no solo por el sentimiento de temor, ira y frustración que afectó a gran parte de los ciudadanos españoles y franceses, sino también por la huella indeleble de la percepción referida a que catástrofes de esta o más amplia magnitud pueden afectar en cualquier momento a los mismos perjudicados”.

En la sentencia dictada por el Tribunal Supremo ya se reconocía como cantidad acreditada indemnizable la de 513 millones de euros, pero los magistrados de la Audiencia Provincial afirman que “existen demostraciones técnicas que avalan la necesidad de aumentar la indemnización por encima de lo certificado, como se infiere de los informes del Consorcio de Seguros, aceptados por su origen oficial e imparcial, sin que sean los más favorables al Estado”.

En relación a los 1,8 millones que se adjudican a la Xunta, se refieren exclusivamente al coste del reciclaje de elementos contaminantes depositados en la Sociedade Galega de Refugallos Industriais (SOGARISA), “ya que la Xunta suscribió un acuerdo con el Estado en el que renunciaba a toda indemnización al considerarse íntegramente resarcida por los daños ocasionados por el accidente del buque Prestige”. En concreto, se refiere el auto a un acuerdo transaccional de julio de 2005 por el importe anteriormente mencionado de 513 millones.

Los magistrados han decidido, con respecto a la suma de 22,7 millones de euros depositada por la entidad aseguradora The London Steamship Owners (The London P&I Club), que ha de procederse a su distribución entre los perjudicados a prorrata de las cantidades fijadas en la resolución. En cuanto a los intereses, solo se exigirán desde la firmeza del auto notificado hoy. Frente a esta resolución cabe interponer recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

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Estado actual de los incendios en España: Estos son los focos más graves

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Incendio Ontinyent
En la imagen, una tormenta eléctrica en Gandía.Archivo/EFE/ Natxo Frances

Cuatro fallecidos y miles de hectáreas arrasadas en uno de los veranos más críticos de las últimas décadas

El verano de 2025 se está convirtiendo en uno de los más destructivos por incendios forestales en España. A día de hoy, los fuegos se concentran principalmente en Castilla y León, Galicia y Extremadura, dejando un balance devastador: cuatro fallecidos, cientos de heridos y decenas de miles de hectáreas calcinadas.

León: epicentro de la emergencia

La provincia de León vive la peor situación, con 15 incendios activos y un operativo al límite. La tragedia golpeó a los equipos de extinción en Espinoso de Compludo, donde un bombero forestal perdió la vida al volcar la autobomba en la que se dirigía al incendio de Yeres. Otro trabajador resultó herido en el mismo accidente.

La Junta de Castilla y León ha confirmado la evacuación de más de 2.000 personas en 60 localidades y pedanías, muchas de ellas situadas en entornos naturales de alto valor ecológico, como los Picos de Europa.

Galicia: Ourense cercada por las llamas

En Ourense, los incendios arrasan ya más de 58.000 hectáreas y mantienen activos 14 focos. Seis personas han resultado heridas, entre ellas un bombero y un brigadista. La situación ha obligado a suspender los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia, que acumulan ya dos días de interrupción.

La población se ve obligada a participar en tareas de contención improvisadas, usando cubos de agua y mangueras domésticas para frenar el avance de las llamas en municipios como Retorta.

Extremadura: el fuego de Jarilla

El incendio de Jarilla, en el norte de Cáceres, ya ha calcinado más de 11.000 hectáreas y mantiene un perímetro de 130 kilómetros. Aunque algunas localidades han recuperado la normalidad, otras como Hervás permanecen en alerta. Vecinos de Cabezabellosa tuvieron que ser evacuados en convoy por la Guardia Civil y Protección Civil.

Refuerzos internacionales

El Gobierno de España ha solicitado ayuda a la Unión Europea para reforzar las labores de extinción. Países como Alemania, Eslovaquia y Países Bajos han ofrecido medios aéreos y brigadas forestales, que se suman a los ya enviados por Italia y Francia.


La ola de incendios en España une a agricultores y ecologistas: reclaman más prevención y limpieza de montes

La falta de gestión forestal, en el centro del debate sobre los fuegos que arrasan miles de hectáreas

La grave ola de incendios forestales en España durante este mes de agosto, con numerosos focos activos en comunidades como Castilla y León, Galicia y Extremadura, ha provocado la unión de colectivos que hasta ahora mantenían posturas enfrentadas: agricultores y ecologistas. Ambos coinciden en un mismo mensaje: “Un fuego se apaga en invierno, con limpiezas de montes y más prevención”.

Un verano marcado por el fuego

El balance provisional es devastador: miles de hectáreas calcinadas, decenas de pueblos evacuados y cuatro fallecidos. Las altas temperaturas, el viento y la sequía extrema han creado el escenario perfecto para que los incendios se propaguen sin control.

Precariedad en el sector forestal

Desde los sindicatos de bomberos forestales y agentes medioambientales se denuncia una precarización del sector, con plantillas insuficientes y contratos temporales que impiden garantizar una respuesta sólida durante todo el año. Reclaman una mayor inversión en recursos humanos y materiales, así como planes de formación y estabilidad laboral.

Agricultores y ecologistas, unidos

Lo que sorprende en esta crisis es la alianza entre agricultores y ecologistas, dos colectivos que en muchas ocasiones han mantenido diferencias sobre la gestión del medio rural. Ambos insisten en la necesidad de apostar por una gestión forestal preventiva, que incluya la limpieza de montes, cortafuegos efectivos y una mejor coordinación entre administraciones.

“El verdadero incendio se combate en invierno, con prevención, no en verano con aviones”, señalan representantes del sector agrícola.

Por su parte, las asociaciones ecologistas subrayan que la abandono del campo y el despoblamiento rural son factores clave que favorecen la acumulación de combustible en los montes, lo que agrava la propagación del fuego.

Hacia un consenso en la prevención

La emergencia actual ha abierto la puerta a un debate nacional sobre el modelo de gestión forestal en España. Tanto agricultores como ecologistas reclaman una estrategia a largo plazo, que combine inversión pública, apoyo al sector rural y medidas de conservación del medio natural.

¿Por qué el cielo en la Comunitat Valenciana está blanco?

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