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La Generalitat permitirá abrir un negocio con una declaración responsable

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Generalitat permitirá abrir negocio con declaración responsable
La Generalitat permitirá abrir un negocio con una declaración responsable-Carlos Mazón-GVA

La Generalitat permitirá abrir un negocio en la Comunitat Valenciana con una declaración responsable. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha resaltado que el Plan Simplifica 2024-2026 “elimina la losa burocrática para empresas y ciudadanos y modificará al menos 28 leyes, 46 decretos, 6 órdenes y 448 artículos vigentes”.

En el transcurso del acto, Carlos Mazón ha anunciado la aprobación de un Decreto-Ley de simplificación administrativa que afectará al conjunto de entidades de nuestro territorio, incluidas las administraciones locales. Además, el Pleno del Consell de este lunes ha aprobado el Decreto que regula la Comisión Interdepartamental para la Transformación Digital y Simplificación Administrativa en la Comunitat Valenciana, encargada de coordinar, impulsar y supervisar el diseño y ejecución de la política de la Generalitat en materia de transformación digital, simplificación administrativa y calidad de los servicios públicos.

La Generalitat permitirá abrir un negocio con una declaración responsable

El jefe del Ejecutivo valenciano ha destacado que con este plan cumple con su promesa de hacer realidad la simplificación administrativa con el objetivo de convertir este territorio en “una tierra más abierta y dinámica que revierta en mejores servicios públicos”.

En ese sentido, ha criticado “las herramientas antiguas con las que estábamos compitiendo en una España y Europa del siglo XXI” ya que desde 2015 no se había adoptado en la Generalitat “ni una sola Ley, ni un solo decreto, ni siquiera una sola orden” encaminada a la agilización de la administración y la burocracia cero.

Asimismo, ha remarcado que el Plan Simplifica que pone en marcha este Consell es fruto del trabajo de la Generalitat con el conjunto de la sociedad civil, el sector empresarial, colegios profesionales, entidades locales y la ciudadanía.

Durante su discurso, Carlos Mazón ha explicado que este plan beneficiará a las empresas, a los ciudadanos y a la propia administración con un triple objetivo: “conseguir una mejor regulación, más clara y sencilla, unas menores trabas burocráticas para todos y una mayor transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública”.

Así, ha matizado que el principio general del Decreto-Ley de simplificación administrativa “será el de la mínima intervención administrativa pero sin dejar de lado el principio de la buena regulación”.

Además, se ha comprometido a seguir optimizando la regulación cada año para “eliminar grasa y gasto innecesario” y destinar los recursos públicos “a lo verdaderamente importante como una sanidad, educación y servicios sociales públicos”.

El jefe del Consell ha resaltado que entre las principales novedades del Plan Simplifica se incluye un Canal Empresa para facilitar y acelerar los trámites empresariales con la Administración en una única ventanilla, la renovación de la Carpeta Ciudadana, un gestor de expedientes único, y la reducción de la brecha digital, entre otras medidas.

Con todo ello, Carlos Mazón ha remarcado que se trata de disminuir los tiempos de espera y simplificar los procedimientos administrativos, por lo que se contará con la última tecnología y se reducirá el plazo máximo de tramitación y resolución genérico a tres meses. Además ha aclarado que este plan no supondrá la reducción de empleo público y tendrá un coste cero.

Igualmente, ha indicado que este plan “situará a la Comunitat Valenciana en la vanguardia de la digitalización, la reducción de la burocracia y la transparencia en sus comunicaciones”.

Principales novedades para las empresas

Además del Canal Empresa, el plan Simplifica contempla la creación de la Oficina de Simplificación Administrativa y Gobierno del Dato para la eliminación de las cargas administrativas innecesarias y la puesta en marcha del dato único para todas las administraciones. Una medida, que “no tendrá más coste de personal” como ha avanzado el president ya que se reubicarán los efectivos disponibles para su puesta en marcha.

Además, se identificarán los proyectos de interés estratégico para esta Comunitat con el fin de habilitar su tramitación de forma urgente y preferente. Para ello, los titulares de estos proyectos dispondrán de una ventanilla única de solicitud y de la posibilidad de una sola interlocución.

Asimismo, se potenciará la Declaración Responsable por encima de la Licencia “para que desde el primer día se pueda abrir la persiana, comenzar la actividad y generar riqueza”, ha señalado el president de la Generalitat.  En este sentido, ha advertido que se reforzará el sistema de control e inspección y se aumentará el importe de las sanciones “que podrán llegar al millón de euros”.

Igualmente, se creará la figura de las entidades colaboradoras de certificación y la declaración responsable visada con las que se abre la puerta a la colaboración con colegios profesionales, cámaras de comercio o asociaciones empresariales para la expedición de documentos que permitan iniciar la actividad económica desde el primer día.

Novedades para los ciudadanos

El plan prevé la creación de un único punto de comunicación entre los ciudadanos y la administración en el que “con un simple clic” el interesado tendrá a su disposición toda la documentación y tramitación de expedientes con la administración.

Así, a modo de ejemplo, el ciudadano podrá acceder a su historial médico, su licencia de actividad o su permiso para reformar la cocina. Igualmente, se reducirá la brecha digital para asegurar la igualdad de acceso por parte de la ciudadanía a los servicios públicos.

Principales novedades para la administración y entidades locales

Entre las principales medidas encaminadas a mejorar la administración, cabe reseñar la creación de un registro único de documentación ciudadana para poner fin a las duplicidades y que pondrá fin “al vuelva usted mañana”, tal y como ha manifestado el president.

Del mismo modo, se implementará un gestor de expedientes común y se integrará la tramitación robotizada a través de un sistema de inteligencia artificial.

En el ámbito local, todos los ayuntamientos, Diputaciones y el resto de las entidades locales deberán aprobar un Reglamento de Simplificación Administrativa para hacer más eficientes sus procesos. En este sentido, la Generalitat colaborará con las entidades locales para que puedan adaptar sus sistemas a las exigencias de esta Ley con el fin de conseguir una única administración más conectada y cercana.

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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