David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está siendo investigado por supuestos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. En este contexto, el partido político Vox, personado como acusación popular, ha solicitado la retirada de su pasaporte para evitar su posible fuga a Japón, país donde residen su esposa e hija.

Vox alerta del riesgo de fuga ante la falta de tratado de extradición

La solicitud de Vox se produce después de que el diario ABC haya informado este martes de que el consulado de Japón ha concedido un visado a David Sánchez por reagrupamiento familiar. Ante esta situación, Marta Castro, coordinadora nacional del Área Jurídica de Vox, ha advertido en un comunicado de prensa que España no tiene tratado de extradición con Japón, lo que podría impedir la celebración del juicio en caso de que Sánchez se trasladase a dicho país.

Antecedentes del caso: investigación por corrupción en Badajoz

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga la contratación de David Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz, acordó en mayo enviarlo a juicio. En el proceso también figura como investigado el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.

Ambos están acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la designación de David Sánchez como alto cargo de la institución provincial.

Petición urgente de medidas cautelares

Vox ha solicitado al juzgado que libre un oficio urgente a la Brigada de Policía para verificar si David Sánchez ha obtenido efectivamente el visado para trasladarse a Japón. En caso afirmativo, pide que se le retire el pasaporte de forma inmediata, con el objetivo de garantizar su presencia en el juicio.

Marta Castro ha insistido en que, de no actuar con celeridad, se corre el riesgo de que el procedimiento judicial no pueda continuar si el acusado abandona territorio nacional.

Claves del caso

• David Sánchez está investigado por su contratación como cargo público en Badajoz.

• Japón no tiene tratado de extradición con España.

• Vox actúa como acusación popular y solicita medidas preventivas.

• La jueza ya ordenó la apertura de juicio oral.

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