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Hombres de entre 35 y 45 años, consumidores de cocaína y en paro, perfil del atendido en Proyecto Hombre

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VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) –

El perfil más habitual de las personas atendidas de edad adulta por Proyecto Hombre València es el de los hombres entre 35 y 35 años, consumidores de cocaína, solteros y en situación de paro. En el caso de los jóvenes y adolescentes, se trata de hombres de 18 años, estudiantes y consumidores de cannabis.

Así lo ha indicado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que ha destacado la «dedicación y profesionalidad del valioso equipo humano» de Proyecto Hombre València, que se ocupa de ayudar a las personas con problemas de adicción al alcohol y otras drogas, o a otros comportamientos como el juego patológico, o el uso compulsivo de nuevas tecnologías o internet.

Oltra ha participado en la jornada de puertas abiertas organizada por la Fundación Arzobispo Miguel Roca-Proyecto Hombre València, para dar a conocer sus instalaciones y programas de prevención y tratamiento de adicciones y el trabajo de los centros de día de València, Ontinyent y Gandia y de las comunidades terapéutica de València y intraterapèutica de Picassent.

En su intervención, la vicepresidenta del Consell ha mostrado el respaldo del Consell a la labor de la entidad, centrada en las personas más vulnerables, en la prevención de comportamientos en colectivos sensibles en el ámbito escolar, comunitario y laboral, y en la intervención temprana en adolescentes.

Oltra también se ha referido a las 1.500 personas atendidas por la entidad en 2017, un 20 por ciento más que en 2016, y ha manifestado que se trata de un crecimiento «muy destacable, que sigue con la progresión constante mostrada en años anteriores».

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
Respecto al perfil de las personas atendidas, ha indicado que en el caso de la atención a personas adultas, se trata mayoritariamente de hombres de entre 35 y 45 años, consumidores de cocaína, solteros y en situación de paro, y en el caso de jóvenes y personas adolescentes, son hombres de 18 años estudiantes y consumidores de cannabis.

También ha señalado que en 2017 un total de 83 jóvenes menores de 25 años fueron atendidos por Proyecto Hombre en la provincia de Valencia y, de ellos, el 18 por ciento acudieron a la entidad por su adición a las apuestas on-line.

En este apartado la vicepresidenta del Ejecutivo valenciano ha advertido que la atención a la adolescencia y las posibles adiciones en esta edad temprana es muy preocupante y, por eso, ha afirmado, «es fundamental la tarea de concienciación y sensibilización».

Para colaborar con la tarea diaria de Proyecto Hombre, la Conselleria de Políticas Inclusivas ha destinado este año una ayuda de 15.000 euros en el marco de la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana. Del mismo modo, la Conselleria de Igualdad ha destinado otros 15.000 euros a apoyar al Servicio de Atención a Personas Migrantes de Proyecto Hombre que.

NUEVA LEY DEL JUEGO
Asimismo, la vicepresidenta del Consell ha hecho hincapié en la importancia del anteproyecto de la nueva Ley del Juego de la Comunitat Valenciana, aprobado recientemente, que pretende reforzar las medidas de protección de «los eslabones más débiles de la cadena: las personas menores de edad y las personas con problemas de ludopatia».

En esta línea, ha precisado que la nueva norma reclasificará las sanciones y la presencia de menores o personas inscritas en el Registro de personas excluidas de acceso al juego en salones de juego, pasará de ser considerada como ‘grave’ a ‘muy grave’. Así, ha matizado, con una sola persona menor de edad dentro, la infracción comportará multas a partir de 6.000 euros, el doble que en la actualidad.

Además, cuando se apruebe el proyecto de ley, Oltra ha señalado que los cerca de 500.000 euros que el Consell recauda anualmente en sanciones en el ámbito del juego se destinarán a medidas de prevención y lucha contra la ludopatía.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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