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Homeaway, Airbnb y Rentalia, entre las empresas multadas por Turismo por apartamentos ilegales

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La Agència Valenciana de Turisme ha resuelto los siete expedientes abiertos a diversas plataformas de alquiler de apartamentos en Internet y, en total, ha impuesto sanciones por valor de 120.000 euros a seis de ellas. En este sentido, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha remarcado que «como Administración, debemos ser firmes en el cumplimiento de la ley y en la defensa de un modelo turístico basado en la profesionalización y en la calidad».

De hecho, cabe recordar que, desde el inicio de esta legislatura, Colomer ha mantenido una posición contraria «al intrusismo y la competencia desleal, que se traduce en graves perjuicios económicos para el sector y que puede acarrear problemas a los consumidores que hacen uso de este tipo de ofertas», ha afirmado, al tiempo que ha señalado que «no todo cabe en la denominada economía colaborativa».

En este sentido, ha destacado que «el modelo turístico que buscamos es el de la profesionalización, las garantías y el respeto a la ley y a los derechos de turistas y consumidores, por eso no se puede confundir la economía colaborativa y los nuevos modelos de negocio con otras prácticas». Así, ha hecho hincapié en que «sancionamos porque existen leyes que son para todos y que deben cumplirse, porque lo peor sería trasladar una sensación de impunidad que, bajo ningún concepto, nos podemos permitir».

En concreto, Homeaway, Airbnb y Rentalia deberán abonar un total de 30.000 euros de multa por no exigir y reflejar el número de registro que acredita que las viviendas que se anuncian en sus páginas web son turísticas. Estas tres plataformas han recibido la sanción máxima que permite actualmente la ley, una cifra que se endurecerá en el nuevo texto en el que se está trabajando desde la Agència Valenciana de Turisme. En este sentido, Colomer ha destacado que «son plataformas con mucho tráfico y con un volumen económico muy alto, por eso se les ha sancionado con el máximo que, por ahora, nos permite la ley».

Cabe recordar que se en 2016 se abrieron un total siete expedientes a las plataformas Homeaway, Milanuncios, Niumba, Airbnb, Fotoalquiler, Rentalia y Ya encontre-Ya Hetrobat. En concreto, en junio de 2016 se abrió expediente sancionador a tres de ellas, que se han resuelto con multas de 30.000, 6.000 y 20.000 euros. Posteriormente, en diciembre de 2016, se tramitaron los expedientes sancionadores a otras cuatro. En este caso, se ha comunicado una resolución de sanción de 30.000 euros dos de ellas. Por su parte, en otro caso se ha subsanado y la empresa ya solicita el registro a la mayor parte de las viviendas turísticas que comercializa en su portal, por lo que, por ahora, la sanción impuesta es de 4.000 euros. Finalmente, otro de los últimos expedientes abiertos se ha resuelto con apercibimiento después de que hayan regularizado su situación.

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La UCO detiene al presidente del PP de la Diputación de Almería por presunta corrupción en la compra de mascarillas

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Almería a Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial y líder del Partido Popular en la provincia, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La operación incluye también la detención del vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP. Las detenciones se producen por presuntos contratos irregulares vinculados a la adquisición de material sanitario.


Registros en marcha y una investigación dirigida desde un juzgado de Almería

Según fuentes próximas al caso, el operativo está siendo coordinado por un juzgado de instrucción de Almería, que ha ordenado registros simultáneos en varios puntos de la provincia relacionados con los investigados.

Estas fuentes subrayan que el procedimiento no está conectado con los casos abiertos en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, que también investigan contratos de emergencia durante la pandemia. En este caso concreto, todos los implicados pertenecen al Partido Popular.


Contratos de mascarillas bajo sospecha

La investigación se inició tras detectar posibles irregularidades en contratos de suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios, adjudicados durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

La UCO analiza ahora documentación incautada para determinar el alcance de las responsabilidades y el presunto perjuicio económico.

 

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