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Homeaway, Airbnb y Rentalia, entre las empresas multadas por Turismo por apartamentos ilegales

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La Agència Valenciana de Turisme ha resuelto los siete expedientes abiertos a diversas plataformas de alquiler de apartamentos en Internet y, en total, ha impuesto sanciones por valor de 120.000 euros a seis de ellas. En este sentido, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha remarcado que «como Administración, debemos ser firmes en el cumplimiento de la ley y en la defensa de un modelo turístico basado en la profesionalización y en la calidad».

De hecho, cabe recordar que, desde el inicio de esta legislatura, Colomer ha mantenido una posición contraria «al intrusismo y la competencia desleal, que se traduce en graves perjuicios económicos para el sector y que puede acarrear problemas a los consumidores que hacen uso de este tipo de ofertas», ha afirmado, al tiempo que ha señalado que «no todo cabe en la denominada economía colaborativa».

En este sentido, ha destacado que «el modelo turístico que buscamos es el de la profesionalización, las garantías y el respeto a la ley y a los derechos de turistas y consumidores, por eso no se puede confundir la economía colaborativa y los nuevos modelos de negocio con otras prácticas». Así, ha hecho hincapié en que «sancionamos porque existen leyes que son para todos y que deben cumplirse, porque lo peor sería trasladar una sensación de impunidad que, bajo ningún concepto, nos podemos permitir».

En concreto, Homeaway, Airbnb y Rentalia deberán abonar un total de 30.000 euros de multa por no exigir y reflejar el número de registro que acredita que las viviendas que se anuncian en sus páginas web son turísticas. Estas tres plataformas han recibido la sanción máxima que permite actualmente la ley, una cifra que se endurecerá en el nuevo texto en el que se está trabajando desde la Agència Valenciana de Turisme. En este sentido, Colomer ha destacado que «son plataformas con mucho tráfico y con un volumen económico muy alto, por eso se les ha sancionado con el máximo que, por ahora, nos permite la ley».

Cabe recordar que se en 2016 se abrieron un total siete expedientes a las plataformas Homeaway, Milanuncios, Niumba, Airbnb, Fotoalquiler, Rentalia y Ya encontre-Ya Hetrobat. En concreto, en junio de 2016 se abrió expediente sancionador a tres de ellas, que se han resuelto con multas de 30.000, 6.000 y 20.000 euros. Posteriormente, en diciembre de 2016, se tramitaron los expedientes sancionadores a otras cuatro. En este caso, se ha comunicado una resolución de sanción de 30.000 euros dos de ellas. Por su parte, en otro caso se ha subsanado y la empresa ya solicita el registro a la mayor parte de las viviendas turísticas que comercializa en su portal, por lo que, por ahora, la sanción impuesta es de 4.000 euros. Finalmente, otro de los últimos expedientes abiertos se ha resuelto con apercibimiento después de que hayan regularizado su situación.

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Correos sorprende con carros motorizados de reparto y provoca la ira de los sindicatos

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La empresa pública Correos ha generado controversia tras introducir de manera sorpresiva carros de reparto motorizados en varias ciudades españolas, entre ellas Valencia, Murcia, Cartagena y Barcelona. La medida, que busca modernizar la logística postal, ha encendido la polémica entre los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., que denuncian riesgos para la seguridad de los trabajadores y el incumplimiento de la normativa vigente.


Carros motorizados: una implementación sin consenso

Los nuevos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se incorporan al reparto tradicional a pie, pero su llegada ha sido criticada por los sindicatos por falta de consulta, formación y evaluación de riesgos. Según CSIF y UGT, Correos ha tomado esta decisión sin:

  • Consultar con los representantes de los trabajadores.

  • Proporcionar formación específica sobre el manejo de los carros.

  • Analizar las implicaciones ergonómicas y físicas de estos vehículos.

  • Establecer criterios de asignación o compensaciones económicas.

CC.OO. ha calificado esta medida como una “idea de bombero”, alertando que obliga a los carteros a interactuar con el tráfico urbano directamente, aumentando el riesgo de accidentes.


Riesgos legales y normativos

Los sindicatos subrayan que la introducción de estos VMP no respeta la normativa de tráfico. En particular:

  • La Resolución de 12 de enero de 2022 de la DGT establece características específicas para los VMP.

  • El Real Decreto 970/2020 modifica el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, definiendo criterios claros para la circulación de estos medios.

  • Cada ciudad y comunidad autónoma puede aplicar ordenanzas locales sobre VMP que deben cumplirse.

La ausencia de formación y medidas de seguridad coloca a los carteros en una situación de riesgo, lo que podría derivar incluso en responsabilidades penales si ocurre un accidente laboral.


Modernización de Correos vs. polémica sindical

Correos ha reforzado su estrategia de movilidad sostenible este 2025, incorporando más de 1.000 vehículos eléctricos, incluyendo furgonetas híbridas y motos ciberseguras, con el objetivo de que el 25 % de su flota sea “verde” antes de fin de año. Sin embargo, los nuevos carros motorizados no forman parte oficial de este plan, aumentando la incertidumbre y el malestar entre los trabajadores.

Aunque no es la primera experiencia de Correos con carros asistidos—en 2021 se probó un proyecto piloto con 48 unidades en Madrid, Valencia, Málaga y Bilbao—los sindicatos destacan que ahora los carros se integran directamente en el reparto diario, sin evaluación técnica ni consenso laboral.


Sindicatos exigen diálogo y seguridad

CSIF, UGT y CC.OO. exigen a la dirección de Correos:

  • Suspender la implantación hasta garantizar seguridad y formación.

  • Establecer un plan de asignación de los VMP.

  • Negociar condiciones de trabajo adaptadas a los nuevos vehículos.

  • Cumplir estrictamente con la normativa de tráfico y prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos advierten que de no mediar un diálogo transparente, podrían emprender medidas legales o sindicales para proteger la seguridad de los trabajadores.


Conclusión

La llegada de los carros motorizados de Correos evidencia el choque entre modernización tecnológica y seguridad laboral. La polémica pone de relieve la necesidad de consultas previas, formación y cumplimiento normativo antes de implementar cambios que afecten directamente al personal. Mientras Correos busca eficiencia y sostenibilidad, los sindicatos reclaman que la protección de los trabajadores siga siendo una prioridad.

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