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Valencia

Sanidad atiende a 147 mujeres con mutilación genital y realiza 43 reconstrucciones

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La Unidad de Referencia para la Cirugía Reconstructiva de la Mutilación Genital Femenina de la Comunitat Valenciana, ubicada en el Hospital Universitario Doctor Peset, ha valorado a 147 mujeres y niñas sometidas a esta práctica desde su creación en junio de 2016.

De ellas, un total de 43 han sido intervenidas quirúrgicamente para realizar una reconstrucción que evite las graves secuelas genitourinarias y ginecológicas que esta mutilación provoca en muchos casos. 13 de estas cirugías se realizaron en 2023, una de ellas a una menor.

Asimismo, estas mujeres también reciben asistencia psico-sexual como parte de la atención integral que presta la unidad de referencia. En estos momentos, hay 19 mujeres en seguimiento por parte del equipo de profesionales de la unidad, que también cuentan con el apoyo de la agente de salud de base comunitaria Aminata Soucko.

Con motivo de la celebración cada 6 de febrero del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, la doctora Reyes Balanzá, jefa de Ginecología del Hospital Universitario Doctor Peset, ha señalado que esta práctica, a pesar de la poca prevalencia en nuestro medio, “no deja de ser una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas que son mutiladas y la repercusión sobre su salud es tan importante que consideramos que es necesario seguir trabajando en este sentido”.

Actualización del protocolo

En estos momentos, la Conselleria de Sanidad ha iniciado la actualización del Protocolo de Atención Sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina, que se publicó en 2016, para lograr mayor agilidad en la detección de casos y facilitar la consulta de todos los procedimientos a seguir.

Este protocolo establece la ruta de atención y prevención de la mutilación genital y se sostiene en tres pilares: la atención a los casos en que las mujeres presentan secuelas físicas y/o psicológicas, la prevención de nuevos casos en aquellas niñas residentes en la Comunitat Valenciana cuyas madres están mutiladas o proceden de países donde se realiza esta práctica, y la acción comunitaria en el ámbito de la salud pública mediante agentes sociales de base que trabajan con asociaciones de personas de países de riesgo.

Los esfuerzos se centran principalmente en la prevención de nuevos casos y en la vigilancia de las casi 1.300 niñas en riesgo por su país de origen que viven en la Comunitat Valenciana. Para esos casos, Pediatría activa una Hoja de Seguimiento que incluye la revisión de la integridad de los genitales y se proporciona a los progenitores un compromiso informado para garantizar la salud de cualquier niña ante un posible viaje al país de procedencia que implique riesgo de mutilación.

El protocolo permite ofrecer a la mujer una atención multidisciplinar por parte de los servicios asistenciales. De hecho, profesionales de Pediatría, Medicina Familiar y Comunitaria, Ginecología, Obstetricia, Matronas, Enfermería, Psicología, Trabajo Social y Salud Pública, trabajan de forma coordinada para detectar casos, así como para valorarlos y hacerles seguimiento en función de sus singularidades.

La detección de casos en mujeres adultas se produce principalmente por parte de las matronas de atención primaria que realizan el seguimiento de los embarazos, las trabajadoras sociales, urgencias hospitalarias por complicaciones graves tras la mutilación y también cuando estas mujeres acuden a dar a luz a los hospitales y se comprueba que están mutiladas.

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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