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Hoteleros acusan al Gobierno de obstruir la movilidad con impuestos y peajes

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EFE/Gelmert Finol/Archivo

Madrid, 7 may (EFE).- La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha acusado al Gobierno de «poner trabas» a la movilidad, elemento clave para reactivar el turismo, con el anuncio de una subida de impuestos al transporte aéreo y el pago de peajes en la red de carreteras del Estado.

Los hoteleros han manifestado su rechazo a estas medidas, que califican de «irresponsables», «anticompetitivas» y «dañinas» para todos los destinos turísticos españoles, y han reclamado un plan de recuperación de la demanda y la definición de una estrategia para ganar competitividad.

A su juicio, es un error plantear iniciativas como éstas, especialmente ahora, ya que creen que prolongarán la crisis en España y la difícil situación en la que se encuentran los trabajadores y empresarios turísticos.

Los últimos datos del el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos a movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y gasto turístico (Egatur) reflejan caídas cercanas al 90 %, nunca vistas en el sector turístico español.

El presidente de la Cehat subraya, además, en un comunicado que el factor precio es muy sensible al movimiento de personas: «mientras los países competidores se dedican a implantar medidas para incentivar el turismo, España parece que se dedica a poner trabas. Es el momento de trabajar para ganar en competitividad y contribuir a que aumenten tanto la facturación como la recaudación, de lo contrario se conseguirá el efecto opuesto», afirma.

La patronal del sector alojativo español lamenta que no se haya consultado previamente con los sectores implicados, como el turístico, y acusan al Ejecutivo de haberse «olvidado de esta industria que es motor clave para la economía española».

«Para el turismo es un mazazo habernos enterado por los medios de que se va a gravar la movilidad de las personas. En lugar de aplicar este tipo de medidas, pensemos en invertir en este sector a cambio de todo lo que aporta el turismo a España», recalca Marichal.

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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