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Hoteleros acusan al Gobierno de obstruir la movilidad con impuestos y peajes

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EFE/Gelmert Finol/Archivo

Madrid, 7 may (EFE).- La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha acusado al Gobierno de «poner trabas» a la movilidad, elemento clave para reactivar el turismo, con el anuncio de una subida de impuestos al transporte aéreo y el pago de peajes en la red de carreteras del Estado.

Los hoteleros han manifestado su rechazo a estas medidas, que califican de «irresponsables», «anticompetitivas» y «dañinas» para todos los destinos turísticos españoles, y han reclamado un plan de recuperación de la demanda y la definición de una estrategia para ganar competitividad.

A su juicio, es un error plantear iniciativas como éstas, especialmente ahora, ya que creen que prolongarán la crisis en España y la difícil situación en la que se encuentran los trabajadores y empresarios turísticos.

Los últimos datos del el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos a movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y gasto turístico (Egatur) reflejan caídas cercanas al 90 %, nunca vistas en el sector turístico español.

El presidente de la Cehat subraya, además, en un comunicado que el factor precio es muy sensible al movimiento de personas: «mientras los países competidores se dedican a implantar medidas para incentivar el turismo, España parece que se dedica a poner trabas. Es el momento de trabajar para ganar en competitividad y contribuir a que aumenten tanto la facturación como la recaudación, de lo contrario se conseguirá el efecto opuesto», afirma.

La patronal del sector alojativo español lamenta que no se haya consultado previamente con los sectores implicados, como el turístico, y acusan al Ejecutivo de haberse «olvidado de esta industria que es motor clave para la economía española».

«Para el turismo es un mazazo habernos enterado por los medios de que se va a gravar la movilidad de las personas. En lugar de aplicar este tipo de medidas, pensemos en invertir en este sector a cambio de todo lo que aporta el turismo a España», recalca Marichal.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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