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Huelga de Renfe y Adif: estos son los servicios mínimos

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huelga Renfe y Adif
Vista general de las colas de pasajeros en el acceso a las vías de la estación Joaquín Sorolla durante la mañana de este viernes. EFE/Ana Escobar

Las primeras horas de la huelga en Renfe y Adif están transcurriendo con normalidad y unos seguimientos que ambas empresas públicas cifran en el 2,6 % y 4,8 %, respectivamente, mientras que CCOO los eleva hasta cerca del 75 %, sin que se hayan registrado incidencias relevantes.

Con motivo de la huelga convocada para este viernes por CCOO en Renfe y Adif, a la que se añadió en esta última el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), la operadora ha cifrado el seguimiento de la huelga en los turnos de noche (fundamentalmente personal de mantenimiento) y mañana, desde las 00:00 horas hasta las 8:00 horas, en el 2,68 % y señala que ha sido secundada por 133 trabajadores.

La operadora ha asegurado a EFE que el servicio se está prestando con normalidad, más allá de los trenes que se han tenido que cancelar con motivo de la huelga convocada, y que los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transportes se están cumpliendo.

Incidencias ajenas a la huelga

Fuentes de Renfe han agregado que no hay constancia de incidencias significativas y que las dos que se han registrado en la red esta mañana son ajenas a la huelga.

Una de ellas entre Navalmoral de la Mata y Oropesa (línea Madrid-Cáceres) por una incidencia en la infraestructura provocada por la climatología adversa, que ya se ha solucionado, y otra en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, entre Majarabique y Hornachuelos.

Por su parte, desde Adif han indicado que el seguimiento de la huelga en el turno de noche ha sido del 4,8 % y que tampoco se han registrado incidencias.

Desde CCOO señalan que en estas primeras horas la huelga ha tenido un seguimiento del entorno del 75 % en ambas empresas y tienen previsto para este mediodía hacer un balance de la misma en la concentración que protagonizarán en Atocha.

Cancelación de trenes

La jornada de huelga de 23 horas convocada por el sindicato ha obligado al operador ferroviario público a cancelar la circulación de 310 trenes, 89 de alta velocidad y larga distancia, y 221 de media distancia.

La huelga ha sido convocada por CCOO tanto en Renfe como en Adif, donde se ha sumado a la protesta también el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), para reivindicar el desbloqueo de los acuerdos pactados con ambas empresas.

En el caso de Adif, se trata de un acuerdo de implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales que estaba ya negociado entre el Comité General de Empresa y la compañía y, en el de Renfe, de uno sobre las categorías de ingreso.

Servicios mínimos

El Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 75 % en Cercanías en hora punta y del 50 % en el resto de la jornada. En media distancia, ha fijado unos servicios del 65 %, mientras que en alta velocidad y larga distancia se elevan al 73 % del total de los programados.

Para los trenes de mercancías, el Ministerio ha establecido unos servicios mínimos del 25 % y en el caso de las Rodalies de Cataluña, la Generalitat ha fijado unos servicios esenciales del 66 % en hora punta y del 33 % durante el resto de la jornada.

Para los viajeros afectados Renfe ofrecerá, siempre que sea posible, viajar en otro tren en el horario más próximo al adquirido y, en el caso de que no deseen realizar el viaje, permite anular o cambiar para otra fecha el billete sin coste adicional.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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