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Hugo Mallo, condenado por abuso sexual a la mujer que vestía de mascota del Espanyol

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Hugo Mallo condena abuso sexual

El juez impone una indemnización de 1.000 euros a Hugo Mallo

La sentencia incluye un pago de 10 euros diarios durante 20 meses

El juez ha determinado que el jugador Hugo Mallo es culpable de abuso sexual y le ha impuesto una indemnización de 1.000 euros más intereses por el daño moral causado a la víctima. Este monto incluye un pago diario de 10 euros durante 20 meses, según informó el diario deportivo As.

Denuncia presentada tras el partido entre Espanyol y Celta

El jugador realizó tocamientos inapropiados a una trabajadora vestida de mascota

La denuncia fue presentada el 25 de abril de 2019, un día después del partido entre Espanyol y Celta. Según la acusación, Mallo aprovechó un saludo protocolario para realizar tocamientos inapropiados a la trabajadora, quien vestía el disfraz de la mascota del Espanyol. El incidente ocurrió poco antes del inicio del encuentro, cuando Mallo, al saludar a las mascotas del club, introdujo sus manos bajo el disfraz y tocó los pechos de la mujer.

La respuesta del jugador

Hugo Mallo niega las acusaciones

El Juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona ha declarado culpable a Hugo Mallo por este acto de abuso sexual, aunque el jugador ha negado en todo momento la veracidad de los hechos imputados.

 

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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