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Illa confía en empezar la vacunación en enero y llegar a 20 millones en junio

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Illa será el candidato del PSC en las elecciones catalanas al renunciar Iceta

San Sebastián, 4 dic (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado este viernes que calcula que «a principios de enero» empezarán las vacunaciones contra la covid-19, aunque no hay todavía una fecha concreta, y ha avanzado que en los dos primeros meses de 2021 estarán inmunizadas 2,5 millones de personas y entre mayo y junio «15 o 20 millones».

Illa ha indicado en rueda de prensa en San Sebastián que hoy se celebra una «reunión operativa» entre los coordinadores de cada comunidad autónoma en materia de vacunación y el equipo de Ministerio de Sanidad para «ajustar detalles».

El titular de Sanidad ha visitado este viernes, acompañado del delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, las instalaciones de la empresa Viralgen dedicada a la elaboración de vectores virales para terapias génicas que se prepara para el desarrollo de la vacuna que elabora el Massachusetts General Brigham Hospital, un centro de la Universidad de Harvard.

Respecto al anuncio de Pfizer de reducir a la mitad las previsiones de producción de su vacuna, Illa ha indicado que es una información que «no tiene contrastada», pero ha subrayado que esta farmacéutica tiene un contrato firmado con la UE y «existen unos compromisos».

El ministro ha señalado que las vacunas «no llegarán todas de golpe» sino progresivamente por parte de todas las compañías y ha garantizado que España «está preparada» para que, en cuanto lleguen las primeras dosis, se proceda a su aplicación.

La previsión es que entre mayo y junio «entre 15 y 20 millones» de personas estén ya vacunadas en España aunque esto dependerá de cuándo sean autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y cuándo se realice la «entrega efectiva» de las dosis con los seis contratos firmados por la Unión Europea.

En todo caso, ha remarcado que la UE solo suministrará vacunas «seguras y eficaces» y que la Agencia del Medicamento Europea adoptará las decisiones «sin presiones», según los criterios de los expertos.

A las puertas del puente que comienza hoy, el ministro ha insistido en que «cuanta menor movilidad mejor» y ha remarcado que «en Navidad en casa» porque éste no es un año de desplazamientos, «sino de quedarse en casa», con el grupo de convivientes «si puede ser».

En este sentido, ha recordado que en otros países como Estados Unidos se ha registrado un incremento de casos tras celebraciones como el Día de Acción de Gracias, por lo que es «relevante» el acuerdo adoptado el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, que ha resumido con la frase «en Navidad en casa».

Illa ha indicado que los datos han mejorado en España hasta los 240 casos de incidencia acumulada en 14 días pero «siguen siendo preocupantes».

Preguntado por concreciones sobre el término «allegado», ha señalado que las relaciones familiares hoy «no son las tradicionales» que se conocían. «Hay personas que han desarrollado vínculos afectivos que no están formalizados en una relación familiar clásica y eso es lo que se ha querido recoger», ha indicado el ministro, que se ha mostrado «seguro» de que la gente lo entiende y lo va a cumplir.

En cuanto a la decisión de la Comunidad de Madrid de cancelar la celebración de las campanadas de sede la Puerta del Sol, ha indicado que «van en la línea» del acuerdo del Consejo Interterritorial y ha afirmado que «estaba seguro de que sería así».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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