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Inditex cerrará en verano 4 tiendas en la Comunitat Valenciana
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Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»
Publicado
hace 5 añosen
CCOO ha comunicado este jueves esta nueva fase de cierres en el gigante del sector textil, cuyo programa, asegura, ha sido facilitado por la propia compañía y que se unen a los más del centenar que se anunciaron hasta abril.
En esta nueva fase en pleno verano de cierres de tiendas afectará a 475 trabajadores con contrato indefinido, con un especial impacto en Andalucía, ya que bajarán definitivamente la persiana 19 puntos de venta y se verán afectados 195 trabajadores de plantilla fija.
Según la representación sindical, la marca más afectada por los nuevos cierres en España es Oysho, con 13 tiendas, seguida por Zara Home (10) y Stradivarius (10).
Otras 9 tiendas quedarán cerradas en verano de la marca Massimo Dutti; Pull&Bear y Zara clausurarán media docena cada una, en tanto que Berskha y KC sumarán entre ambas dos tiendas al plan previsto por Inditex, ha informado CCOO.
Por comunidades autónomas, a las citadas clausuras en Andalucía (19 tiendas) se irán sumando las previstas en Cataluña (8), Madrid (8), Galicia (5), Comunitat Valenciana (4), Murcia (4), Castilla y León (3), Canarias (2), País Vasco (2) y Aragón (1).
Antes del 25 de julio se ejecutarán 6 cierres; otros 43 se concentrarán entre el 25 y el 31 de julio, y otros 7 en agosto.
Inditex garantizó para este proceso la reubicación en tiendas cercanas y sin pérdida de horas de contrato del personal afectado por estos cierres.
El sindicato alerta sobre el proceso y en materia de empleo de «una insuficiente calidad» de las vacantes ofertadas «especialmente en términos de horas de contrato y proximidad».
Añade que esa ha sido la causa principal, junto con las cargas de trabajo y las dificultades de conciliación, de que el 25 % de las personas afectadas por los cierres anteriores «hayan optado por la extinción de su contrato».
Al respecto, el sindicato asegura en una nota que exigirá que se cumpla «rigurosamente el procedimiento pactado, garantizando la reubicación en tiendas cercanas y sin pérdida de horas de contrato» para los trabajadores afectados.
Recuerda asimismo que en los procesos de cierres anteriores, del total de vacantes ofertadas solo el 60 % se produjeron en la misma provincia y el 44 %, con entre 30 y 40 horas semanales de trabajo.
Inditex y los sindicatos acordaron a finales del año pasado una transición a su modelo de transformación digital por el que se cerrarán entre 1.000 y 1.200 tiendas en el mundo y 300 en España.
El grupo se comprometió a mantener todos los puestos de trabajo en España, con reubicaciones en otros centros (con un límite máximo de 25 kilómetros) que, en el caso de no ser aceptadas, las bajas se considerarán improcedentes y el empleado recibirá la indemnización de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades o 45 si el contrato es anterior a 2012.
Este programa iniciado por Inditex tiene como objetivos primordiales reforzar las ventas electrónicas, acelerar la transformación digital y optimizar la red de tiendas.
Al cierre del último ejercicio fiscal, Inditex operaba 6.829 tiendas en toda el mundo, 640 tiendas menos, en tanto que el año pasado abrió puntos de venta en 29 mercados.
Publicado
hace 6 horasen
7 abril, 2026
MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS) –
Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.
“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.
Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.
Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.
“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.
“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.
En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.
“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.
Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.
Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:
“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.
Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.
Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.
Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.
No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.
“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.
La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.
Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.
“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.
Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.
Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.
Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.
Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.
Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.
El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.
El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.
Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.
La Fiscalía solicita:
Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.
Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.
A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.
La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.
También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.
Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.
El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.
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