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Inhabilitado un médico 5 años por tratar el cáncer con métodos no probados científicamente

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Estas son las principales causas de muerte en la Comunitat

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) – La Junta de Gobierno del Col.legi de Metges de Barcelona (Comb) ha acordado sancionar a un colegiado con cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión médica por haber divulgado y puesto en práctica procedimientos sin evidencia científica con pacientes oncológicos, en concreto el ‘método Hamer’.

También ha hecho un requerimiento explícito al colegiado, que tiene consulta en las provincias de Barcelona y Castellón, para que «no vuelva a practicar ni a difundir en un futuro procedimientos no validados y sin evidencia científica», ha informado este martes el Comb en un comunicado.

Según el colegio, el ‘método Hamer’ supone un riesgo para los pacientes por su falta de fundamento científico, y ha asegurado que de forma explícita «anima a los pacientes con cáncer a apartarse de tratamientos eficaces y validados por la comunidad científica», lo que contraviene las normas deontológicas y de buena praxis.

El expediente que ha resuelto la junta del Comb se inició a raíz de un escrito que el propio médico sancionado dirigió al colegio en junio de 2017, poco después de su aparición en un reportaje sobre pseudoterapias que una cadena estatal emitió en mayo.

El contenido de ese escrito, en el que el médico defendía la eficacia de la aplicación del método Hamer, y el visionado posterior del reportaje fueron considerados por parte de la junta motivos suficientes para abrir un expediente de forma inmediata.

YA FUE INHABILITADO
En 1995 el mismo colegiado fue objeto de otra inhabilitación del Comb por hechos prácticamente idénticos –aplicar las teorías del método Hamer– por un periodo de dos años, y la resolución fue ratificada judicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El Comb ha remarcado que en el ámbito de las terapias alternativas ha mantenido una «actitud muy firme» en la defensa del ejercicio de la medicina adecuado a las buenas prácticas y actuar como garante de la protección de la salud de los ciudadanos, como demuestra la apertura de diversos expedientes en los últimos años y la publicación del documento ‘El malalt amb càncer’.

Ha alertado a los ciudadanos del riesgo que suponen para la salud las «pseudoterapias» sin evidencia científica demostrada cuando implican el abandono de otros tratamientos de eficacia validada.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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