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Quién es Camilo Villarino, el nuevo jefe de la Casa del Rey

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Camilo Villarino, en 2017. Ministerior de Exteriores

Madrid (EFE).- Felipe VI ha nombrado al diplomático Camilo Villarino nuevo jefe de la Casa del Rey en lugar de Jaime Alfonsín, quien ha sido su mano derecha durante casi treinta años, como responsable de la secretaría cuando era príncipe de Asturias y desde que comenzó su reinado en junio de 2014.

En un comunicado, el jefe del Estado, en puertas del décimo aniversario de su reinado, ha acordado que Villarino (Zaragoza, 1964), actual director del gabinete del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pase a ser el nuevo responsable de la institución a partir del próximo mes de febrero.

Alfonsín, de 67 años y natural de Lugo, fue primero jefe de su secretaría (1995-2014) como príncipe y, a partir de la proclamación, pasó a ser el jefe de la Casa del Rey.

El rey seguirá contando con el “leal consejo” de Alfonsín

El monarca ha decidido que va a seguir contando con el “valioso y leal consejo” de Alfonsín, a quien nombrará consejero privado con el fin de que continúe “prestando el asesoramiento que requiera y desempeñará las funciones que le encomiende”, añade el comunicado.

El relevo tiene lugar a cinco meses de que Felipe VI conmemore el décimo aniversario de su reinado y tres meses después de que la princesa Leonor jurara la Constitución el día que cumplió 18 años, el pasado 31 de octubre.

Villarino cuenta con amplia experiencia como diplomático

Villarino cuenta con una dilatada experiencia como diplomático, carrera a la que accedió en 1989.

Ha sido el director del gabinete de los ministros de Exteriores entre 2017 y 2021, por lo que incluye la última etapa del Gobierno del PP de Mariano Rajoy y la del PSOE de Pedro Sánchez.

Desde octubre de 2022, es el director del gabinete de Borrell, y antes fue consejero político del secretario general adjunto para Asuntos Políticos del Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas.

El jefe de la Casa del Rey, que cuenta con rango de ministro, es el hombre de confianza del rey, quien tiene potestad para elegirlo libremente, como establece el artículo 65.2 de la Constitución.

Alfonsín ingresó en 1980 como abogado del Estado, lo que le llevó a desempeñar distintas tareas en la Administración, como director general de Cooperación con los Regímenes Autonómicos del Ministerio de Administración Territorial.

Desde 1984 hasta 1992 fue secretario general y jefe de la asesoría jurídica de Barclays Bank, y desde 1992 a 1995 ejerció la abogacía en el despacho de abogados Uría y Menéndez.

¿De qué se encarga el jefe de la Casa del Rey?

Con rango de ministro, el puesto de jefe de la Casa del Rey, que a partir de ahora ocupará el diplomático Camilo Villarino, se puede resumir en cinco palabras: la mano derecha del rey.

El cargo de jefe de la Casa del Rey tiene entre sus competencias la dirección y coordinación de todos los servicios de la institución pero también la comunicación con los ministerios e instituciones para los asuntos que afecten a sus funciones.

Se encarga, además de formular la propuesta de presupuesto de la Casa del Rey, de la firma de los contratos y de la aprobación de las cuentas anuales. A él le compete la asignación de funciones al personal integrado en la Secretaría General, Cuarto Militar y Guardia Real, así como la prestación de apoyos funcionales entre esos órganos.

Del jefe de la Casa del Rey dependen además orgánicamente un consejero diplomático para dar apoyo en el ámbito de las relaciones internacionales y una interventora que se encarga de la gestión económica-financiera.

Es, en definitiva, quien mueve la batuta para que el equipo que conforma la Casa del Rey interprete la partitura que marca el monarca.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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