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Jorge Rodríguez, la joven promesa del socialismo valenciano

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VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) –

Jorge Rodríguez, detenido este miércoles en el marco de la operación ‘Alquería’ por presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa pública Divalterra, es actualmente uno de los rostros más destacados del socialismo valenciano, ya que ocupa el cargo de portavoz del PSPV, además de ser presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de la localidad de Ontinyent.

Ahora, al verse salpicado por este caso su futuro político queda en el aire. PP, Ciudadanos y Podemos han expresado ya la necesidad de que dimita. Compromís ha instado a esperar pero cree que ninguna institución debe estar presidida por nadie «sometido a indicios de comportamiento delictivo» y el propio PSPV se ha declarado en «shock» y espera a disponer de toda la información para tomar medida «justas» de acuerdo a su código ético.

Rodríguez accedió a la presidencia de la corporación provincial en 2015, tras las elecciones autonómicas y municipales de ese año que propiciaron un vuelco en el color político de la mayoría de las instituciones valencianas. Nacido en 1979, se convirtió así en el presidente de la Diputación de Valencia más joven de su historia con solo 37 años.

Antes, se había curtido en la política local, puesto que en 2011 fue designado alcalde su población natal, Ontinyent, y lo hizo con el apoyo de los concejales del PSPV-PSOE, Compromís y de EUPV. Posteriormente, sería reelegido en 2015 con mayoría absoluta.

Y es que Rodríguez se ha mostrado siempre como un político dialogante y durante su carrera ha insistido en la conveniencia de buscar «grandes consensos».

De hecho, también fue nombrado el 14 de julio de 2015 presidente de la Diputación gracias al acuerdo entre PSPV y Compromís para consensuar a un candidato y desbancar así de la presidencia de la institución provincial al PP, que la ostentaba ya en la anterior legislatura y que tras las elecciones locales de mayo de 2015 obtuvo el mayo número de diputados provinciales.

En la sesión plenaria en la que fue investido obtuvo mayoría absoluta al contar con el voto favorable de los 17 diputados provinciales de PSPV (nueve), Compromís (seis), Esquerra Unida (uno) y València en Comú (uno). Estas cuatro formaciones son las que actualmente conforman el equipo de gobierno.

Además de sus responsabilidades como presidente de la institución provincial y primer edil de Ontinyent, Rodríguez desempeña el cargo de portavoz del PSPV-PSOE al ser en su Comisión Ejecutiva Nacional secretario del Área de Portavoz y Comunicación.

RENUNCIÓ A LA POSIBILIDAD DE SUCEDER A ÁBALOS
Durante un tiempo se planteó la posibilidad de que Rodríguez presentara su candidatura a las primarias para la secretaría del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y sustituir al entonces responsable, José Luis Ábalos, que acababa su mandato.

No obstante, Rodríguez volvió a hacer gala de su talante conciliador y no dio el paso. «Lo más importante es la estabilidad» y «no entrar en nuevas guerras cruentas», afirmó entonces y se mostró partidario de «lograr grandes consensos». Finalmente, fue Mercedes Caballero, persona de confianza de Ábalos, la elegida como secretaria de los socialistas de la provincia de Valencia en noviembre del año pasado.

Jorge Rodríguez, nacido en Ontinyent, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de haber realizado estudios de Medicina.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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