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Jorge Rodríguez, la joven promesa del socialismo valenciano

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VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) –

Jorge Rodríguez, detenido este miércoles en el marco de la operación ‘Alquería’ por presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa pública Divalterra, es actualmente uno de los rostros más destacados del socialismo valenciano, ya que ocupa el cargo de portavoz del PSPV, además de ser presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de la localidad de Ontinyent.

Ahora, al verse salpicado por este caso su futuro político queda en el aire. PP, Ciudadanos y Podemos han expresado ya la necesidad de que dimita. Compromís ha instado a esperar pero cree que ninguna institución debe estar presidida por nadie «sometido a indicios de comportamiento delictivo» y el propio PSPV se ha declarado en «shock» y espera a disponer de toda la información para tomar medida «justas» de acuerdo a su código ético.

Rodríguez accedió a la presidencia de la corporación provincial en 2015, tras las elecciones autonómicas y municipales de ese año que propiciaron un vuelco en el color político de la mayoría de las instituciones valencianas. Nacido en 1979, se convirtió así en el presidente de la Diputación de Valencia más joven de su historia con solo 37 años.

Antes, se había curtido en la política local, puesto que en 2011 fue designado alcalde su población natal, Ontinyent, y lo hizo con el apoyo de los concejales del PSPV-PSOE, Compromís y de EUPV. Posteriormente, sería reelegido en 2015 con mayoría absoluta.

Y es que Rodríguez se ha mostrado siempre como un político dialogante y durante su carrera ha insistido en la conveniencia de buscar «grandes consensos».

De hecho, también fue nombrado el 14 de julio de 2015 presidente de la Diputación gracias al acuerdo entre PSPV y Compromís para consensuar a un candidato y desbancar así de la presidencia de la institución provincial al PP, que la ostentaba ya en la anterior legislatura y que tras las elecciones locales de mayo de 2015 obtuvo el mayo número de diputados provinciales.

En la sesión plenaria en la que fue investido obtuvo mayoría absoluta al contar con el voto favorable de los 17 diputados provinciales de PSPV (nueve), Compromís (seis), Esquerra Unida (uno) y València en Comú (uno). Estas cuatro formaciones son las que actualmente conforman el equipo de gobierno.

Además de sus responsabilidades como presidente de la institución provincial y primer edil de Ontinyent, Rodríguez desempeña el cargo de portavoz del PSPV-PSOE al ser en su Comisión Ejecutiva Nacional secretario del Área de Portavoz y Comunicación.

RENUNCIÓ A LA POSIBILIDAD DE SUCEDER A ÁBALOS
Durante un tiempo se planteó la posibilidad de que Rodríguez presentara su candidatura a las primarias para la secretaría del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y sustituir al entonces responsable, José Luis Ábalos, que acababa su mandato.

No obstante, Rodríguez volvió a hacer gala de su talante conciliador y no dio el paso. «Lo más importante es la estabilidad» y «no entrar en nuevas guerras cruentas», afirmó entonces y se mostró partidario de «lograr grandes consensos». Finalmente, fue Mercedes Caballero, persona de confianza de Ábalos, la elegida como secretaria de los socialistas de la provincia de Valencia en noviembre del año pasado.

Jorge Rodríguez, nacido en Ontinyent, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de haber realizado estudios de Medicina.

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Nueva Ley ‘Antiokupas’ en España: Adiós a la ocupación de viviendas, esta será su fecha de entrada en vigor

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nueva ley antiokupas

El Congreso aprueba una enmienda para agilizar los juicios por usurpación y allanamiento de morada

La ocupación ilegal de viviendas en España está cerca de un cambio significativo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que los delitos de usurpación y allanamiento de morada sean tramitados en juicios abreviados, permitiendo que se resuelvan en un máximo de 15 días desde que los ‘okupas’ son puestos a disposición judicial.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, ERC y Bildu, aunque este último reconoció su voto como un error y se disculpó públicamente. Vox se abstuvo, mientras que PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra.

 

Siguientes pasos para la aprobación definitiva

La reforma forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y ahora se encuentra en el Senado, que tiene hasta dos meses para debatir la propuesta. Sin embargo, al no ser un proyecto declarado urgente, los plazos pueden extenderse. En el Senado pueden suceder tres escenarios:

  1. Aprobación sin cambios: La ley pasa directamente al proceso de sanción, promulgación y publicación.
  2. Veto absoluto: La iniciativa vuelve al Congreso sin ser aprobada, aunque no se espera que ocurra debido a la mayoría del PP en la Cámara Alta.
  3. Enmiendas parciales: El texto es modificado y regresaría al Congreso para su debate final.

Si se aprueba sin modificaciones, el Rey procederá a sancionar y promulgar la ley, un acto formal que no puede ser revocado. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en el plazo indicado por la ley o, en su defecto, en 20 días.

Impacto de la nueva ley en los plazos legales actuales
El cambio permitirá agilizar notablemente los procesos judiciales. En la actualidad, el 80% de los casos de desahucio en España tardan entre 4 y 9 meses en resolverse. Con la reforma, estos casos se resolverán en 15 días.

 

Comparativa con otros países europeos

En otros países de Europa, las medidas contra la ocupación ilegal son más inmediatas:

  • Francia: La Policía puede desalojar sin autorización judicial en 48 horas. Las penas llegan a tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros.
  • Alemania: El desalojo se produce en 24 horas y las penas alcanzan hasta dos años de cárcel si se utiliza violencia.
  • Reino Unido: La Policía puede actuar sin permiso judicial y la pena máxima es de 51 semanas de prisión y multas de hasta 5.700 euros, salvo si los ‘okupas’ abandonan la vivienda antes de las primeras 24 horas.

 

 

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