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La Audiencia rechaza el recurso de Zaplana y confirma la prisión provisional acordada por la instructora

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Jun. (EUROPA PRESS) – La Audiencia de Valencia ha rechazado el recurso del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, en prisión provisional por el caso Erial, y ha confirmado la decisión de la jueza de Instrucción 8, encargada de investigar esta causa, de mantenerle en la cárcel de Picassent, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La defensa de Zaplana había presentado un recurso de apelación contra el auto de prisión provisional del 24 de mayo y otro posterior, de 1 de junio, en el que rechazó el recurso de reforma presentado por el exministro de Trabajo. Este martes se ha celebrado una vista en la sección quinta de la Audiencia provincial, tras la cual, la sala ha decidido mantener su situación de privación de libertad. Contra esta decisión no cabe recurso.

Eduardo Zaplana está siendo investigado por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.

A principios de mes, la instructora rechazó la petición del exministro de quedar en libertad por razones humanitarias o, subsidiariamente, pasar a arresto domiciliario, solicitud que el expresidente basaba en la enfermedad que sufre.

La defensa de Zaplana había presentado un recurso de reforma contra el auto de prisión, en el que alegaba que la medida era «innecesaria y desproporcionada», sostenía que no existía «ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas» ni de fuga, tanto por el «arraigo personal y familiar» como por la «grave enfermedad» que padece desde hace años –leucemia– y que requiere cuidados «continuos y periódicos».

Para las razones humanitarias se basaba en dos informes médicos, uno de ellos forense, en los que se apuntaban que Zaplana presenta un grave riesgo de sufrir «infecciones oportunistas» dado el «cuadro profundo de inmunosupresión» que padece el exministro.

Sin embargo, la jueza, rechazó el recurso con el argumento de que «quien comete presuntamente un delito debe asumir las consecuencias de sus actos siendo él el único responsable» y porque que las vigilancias a las que se ha sometido a Eduardo Zaplana desde el año 2015 –cuando comenzó la investigación– reflejan una vida «muy activa».

Además, apuntaba que Zaplana ha solicitado el uso del gimnasio de la cárcel de Picassent en la que se encuentra, lo que, a juicio de la magistrada, «evidencia que se encuentra en perfecto estado independientemente de la enfermedad que padece». La defensa recurrió entonces a la Audiencia, que ha confirmado ahora la decisión de la instructora.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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