Jun. (EUROPA PRESS) – La Audiencia de Valencia ha rechazado el recurso del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, en prisión provisional por el caso Erial, y ha confirmado la decisión de la jueza de Instrucción 8, encargada de investigar esta causa, de mantenerle en la cárcel de Picassent, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La defensa de Zaplana había presentado un recurso de apelación contra el auto de prisión provisional del 24 de mayo y otro posterior, de 1 de junio, en el que rechazó el recurso de reforma presentado por el exministro de Trabajo. Este martes se ha celebrado una vista en la sección quinta de la Audiencia provincial, tras la cual, la sala ha decidido mantener su situación de privación de libertad. Contra esta decisión no cabe recurso.

Eduardo Zaplana está siendo investigado por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.

A principios de mes, la instructora rechazó la petición del exministro de quedar en libertad por razones humanitarias o, subsidiariamente, pasar a arresto domiciliario, solicitud que el expresidente basaba en la enfermedad que sufre.

La defensa de Zaplana había presentado un recurso de reforma contra el auto de prisión, en el que alegaba que la medida era «innecesaria y desproporcionada», sostenía que no existía «ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas» ni de fuga, tanto por el «arraigo personal y familiar» como por la «grave enfermedad» que padece desde hace años –leucemia– y que requiere cuidados «continuos y periódicos».

Para las razones humanitarias se basaba en dos informes médicos, uno de ellos forense, en los que se apuntaban que Zaplana presenta un grave riesgo de sufrir «infecciones oportunistas» dado el «cuadro profundo de inmunosupresión» que padece el exministro.

Sin embargo, la jueza, rechazó el recurso con el argumento de que «quien comete presuntamente un delito debe asumir las consecuencias de sus actos siendo él el único responsable» y porque que las vigilancias a las que se ha sometido a Eduardo Zaplana desde el año 2015 –cuando comenzó la investigación– reflejan una vida «muy activa».

Además, apuntaba que Zaplana ha solicitado el uso del gimnasio de la cárcel de Picassent en la que se encuentra, lo que, a juicio de la magistrada, «evidencia que se encuentra en perfecto estado independientemente de la enfermedad que padece». La defensa recurrió entonces a la Audiencia, que ha confirmado ahora la decisión de la instructora.