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La casos bajan a la mitad en la Comunitat: 436 nuevos contagios

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La Comunitat Valenciana ha registrado en las últimas 24 horas tres fallecimientos por coronavirus y 436 nuevos positivos, casi la mitad que los 829 contagios del miércoles, la cifra más alta de toda la pandemia.

Según la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en agosto se han confirmado ya mediante pruebas PCR un total de 8.706 contagios por covid-19, y ha defendido que hay un crecimiento sostenido de casos porque hay mayor capacidad de detección y seguimiento.

En las últimas 24 horas, prácticamente se han producido el mismo número de contagios (436) que de altas (430), rompiendo así la tendencia de los últimos días, en los que había muchos más casos positivos que altas.

Hay 332 personas hospitalizadas con covid en la Comunitat (tres menos que el miércoles), de las que 42 (tres más que la jornada anterior) están en la UCI. El 45 % de los ingresados tiene entre 35 y 64 años, prácticamente el mismo porcentaje de ingresados que tienen más de 65 años (el 46’2 %).

El 8’5 % de ingresados tienen entre 16 y 34 años, y el 0’3 % es menor de 15 años, mientras que, de los enfermos en la UCI, el 56 % tienen entre 35 y 64 años, y el 29 % es mayor de 65 años.

La consellera ha destacado que el 40 % de los casos activos son asintomáticos; que en estos momentos están activos 4.849 casos (el 15’88 % del total de positivos), y que se han llevado a cabo 10.958 pruebas PCR más que en la jornada anterior.

Nuevos Brotes y residencias

Se han confirmado 17 nuevos brotes, con un total de 95 afectados, todos de origen social menos uno de origen laboral en Benigànim (Valencia), con 15 casos positivos.

De los nuevos brotes, en la provincia de Valencia se han detectado en Ontinyent (8 casos), Benigànim (15), Gandia y Rótova (4), Sagunto (5), La Pobla de Vallbona (3), Beniarjó (5), Gandia (6) y ocho brotes en la capital, con 36 afectados en total.

En la provincia de Alicante, se ha confirmado un brote en Dénia (4 casos), y en la de Castellón uno en Oropesa del Mar (3 casos).

Por lo que respecta a la situación en las residencias de mayores, 36 de ellas registran algún positivo (3 en la provincia de Castellón, 13 en la de Alicante y 20 en la de Valencia), así como 8 residencias de personas con diversidad funcional y 4 centros de menores.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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