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La casos bajan a la mitad en la Comunitat: 436 nuevos contagios

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La Comunitat Valenciana ha registrado en las últimas 24 horas tres fallecimientos por coronavirus y 436 nuevos positivos, casi la mitad que los 829 contagios del miércoles, la cifra más alta de toda la pandemia.

Según la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en agosto se han confirmado ya mediante pruebas PCR un total de 8.706 contagios por covid-19, y ha defendido que hay un crecimiento sostenido de casos porque hay mayor capacidad de detección y seguimiento.

En las últimas 24 horas, prácticamente se han producido el mismo número de contagios (436) que de altas (430), rompiendo así la tendencia de los últimos días, en los que había muchos más casos positivos que altas.

Hay 332 personas hospitalizadas con covid en la Comunitat (tres menos que el miércoles), de las que 42 (tres más que la jornada anterior) están en la UCI. El 45 % de los ingresados tiene entre 35 y 64 años, prácticamente el mismo porcentaje de ingresados que tienen más de 65 años (el 46’2 %).

El 8’5 % de ingresados tienen entre 16 y 34 años, y el 0’3 % es menor de 15 años, mientras que, de los enfermos en la UCI, el 56 % tienen entre 35 y 64 años, y el 29 % es mayor de 65 años.

La consellera ha destacado que el 40 % de los casos activos son asintomáticos; que en estos momentos están activos 4.849 casos (el 15’88 % del total de positivos), y que se han llevado a cabo 10.958 pruebas PCR más que en la jornada anterior.

Nuevos Brotes y residencias

Se han confirmado 17 nuevos brotes, con un total de 95 afectados, todos de origen social menos uno de origen laboral en Benigànim (Valencia), con 15 casos positivos.

De los nuevos brotes, en la provincia de Valencia se han detectado en Ontinyent (8 casos), Benigànim (15), Gandia y Rótova (4), Sagunto (5), La Pobla de Vallbona (3), Beniarjó (5), Gandia (6) y ocho brotes en la capital, con 36 afectados en total.

En la provincia de Alicante, se ha confirmado un brote en Dénia (4 casos), y en la de Castellón uno en Oropesa del Mar (3 casos).

Por lo que respecta a la situación en las residencias de mayores, 36 de ellas registran algún positivo (3 en la provincia de Castellón, 13 en la de Alicante y 20 en la de Valencia), así como 8 residencias de personas con diversidad funcional y 4 centros de menores.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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