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La Comisión de Investigación sobre el caso #Taula concluye exigiendo las actas a los ediles del PP

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La comisión municipal de investigación sobre el conocido como “caso Mesa” ha concluido este martes. Esta comisión se constituyó por acuerdo plenario para determinar las responsabilidades políticas derivadas de los presuntos hechos de carácter ilícito investigados en los tribunales sobre el supuesto blanqueo de capitales ocurrido en el Grupo Municipal Popular. Esta comisión, como se recordará, podía prolongarse durante un total de 6 meses, prorrogables a 3 más. En el Pleno del Ayuntamiento del mes de marzo se llevará a debate el informe de conclusiones aprobado.

El presidente de la comisión, Carlos Galiana, ha explicado que el informe final aprobado por la comisión ha exigido a los concejales populares “la entrega de su acta, tal y como también pidió la Presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig”. Galiana ha afirmado que “lo que ha quedado claro es que el grupo municipal popular funcionaba con total opacidad y que, consecuentemente, los concejales populares son responsables políticos de ese descontrol que, de manera nada clara, sirvió para financiar la campaña electoral. Si no abandonan su acta, pedimos al propio Partido Popular que tome cartas en el asunto y haga que los concejales abandonen el Grupo Municipal”. Esta conclusión ha sido propuesta por el presidente de la comisión y, a la vez, representante de Compromís, Carlos Galiana, y aprobada con el apoyo de la representante del PSPV, Sandra Gómez. El representante del Partido Popular, Eusebio Monzó, ha votado en contra, y desde Ciutadans y Valencia en común, se han abstenido pidiendo que prosiga en el tiempo la comisión.

El presidente de la Comisión de investigación, Carlos Galiana, además, ha aportado una serie de conclusiones que han sido aprobadas por mayoría. Entre ellas, y por unanimidad, se ha aprobado que de ahora en adelante se harán públicos los gastos de los grupos municipales “para que estén al alcance de todo el mundo”, y se creará un registro de entrada de las visitas así como unos documentos para dejar constancia de las facturas y gastos, tal como ha informado Galiana. Además, se marca la obligatoriedad de tener sólo una cuenta bancaria por grupo municipal; de no ser así en la actualidad, se contará con un plazo de tres meses para regularizar esta situación. También se ha acordado unánimemente que los grupos municipales no puedan llevar a cabo tareas propias de las delegaciones.

Los 5 grupos municipales representados en el Consistorio, han aprobado una propuesta para modificar el reglamento orgánico del Pleno que regule de manera óptima las comisiones de investigación. Aun así, el Grupo Municipal Popular ha sido el único que se ha desmarcado de la propuesta del presidente de la comisión para que las comparecencias en las comisiones creadas en el ámbito municipal sean obligatorias y tengan las mismas garantías de funcionamiento y organización que las otras administraciones.

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Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años

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¿Qué red social es más nociva para la salud mental?

Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años: la medida más estricta del mundo contra el uso digital infantil

Australia ha dado un paso decisivo en la regulación del entorno digital: el Gobierno federal ha anunciado una prohibición de acceso a redes sociales para todos los menores de 16 años, convirtiéndose en uno de los países con la normativa más estricta en protección digital infantil. La medida, que busca frenar los efectos nocivos del uso intensivo de plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat o Facebook, ha abierto un intenso debate internacional sobre privacidad, salud mental y derechos digitales.

Una decisión impulsada por la salud mental juvenil

El primer ministro australiano justificó la medida asegurando que “la evidencia es abrumadora: las redes sociales están dañando la salud mental de nuestros jóvenes”. Estudios del Ministerio de Sanidad del país alertaron de un aumento significativo en:

  • Trastornos de ansiedad y depresión en menores

  • Casos de ciberacoso

  • Adicción digital

  • Exposición a contenidos violentos o inapropiados

  • Problemas de autoestima derivados de la comparación constante

Para el Ejecutivo australiano, el acceso temprano a redes sociales constituye un riesgo que supera los beneficios.

**¿Cómo se implementará la prohibición?

Tecnología de verificación obligatoria**

A partir de la entrada en vigor de la ley, todas las plataformas de redes sociales deberán utilizar sistemas de verificación de edad mediante tecnologías autorizadas por el Gobierno. Estas herramientas podrían incluir:

  • Comprobación de documentos oficiales

  • Sistemas biométricos anonimizados

  • Verificación mediante intermediarios certificados

Las empresas que no cumplan con las nuevas reglas se enfrentarán a multas millonarias y posibles restricciones operativas dentro del país.

Excepciones y responsabilidades parentales

La medida prohíbe la creación de cuentas y el acceso habitual a menores de 16 años, pero el Gobierno está estudiando mecanismos para permitir:

  • Supervisión parental estricta

  • Contenidos educativos y de comunicación escolar

  • Canales técnicos especialmente diseñados para menores

Aun así, la regla general es clara: ningún menor de 16 años podrá tener presencia activa en redes sociales tradicionales.

Australia se coloca a la vanguardia de la regulación digital

La iniciativa supone un salto cualitativo respecto a normativas vigentes en otros países:

  • En EE.UU. algunos estados han limitado el uso nocturno o exigen permiso parental.

  • En la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales obliga a las plataformas a extremar la protección de los menores, pero no prohíbe su acceso.

  • Francia ha planteado la verificación obligatoria, pero sin prohibición total.

Australia, en cambio, adopta un modelo restrictivo, argumentando que la exposición a entornos digitales altamente adictivos no es compatible con el bienestar infantil.

Apoyo entre padres y especialistas, pero críticas por privacidad

Las asociaciones de padres y docentes han celebrado la medida como un “cambio necesario” ante la dificultad creciente de controlar el uso de dispositivos. También psicólogos y expertos en infancia respaldan la iniciativa como un freno a los riesgos psicológicos.

Sin embargo, organizaciones de derechos digitales han alertado sobre:

  • El riesgo de vigilancia excesiva

  • El impacto en la privacidad de menores

  • La posibilidad de exclusión tecnológica

  • La eficiencia real de las verificaciones de edad

Para estos grupos, la clave debería ser la educación digital, no la prohibición.

Un experimento global que marcará tendencia

Australia se convierte así en un laboratorio internacional de políticas digitales. Si la medida demuestra reducir problemas de salud mental y ciberacoso, otros países podrían adoptarla en los próximos años.

Entre tanto, el debate sigue abierto:
¿proteger a los menores o limitar su libertad digital?
El tiempo dirá si la prohibición es el comienzo de una nueva era de regulación global o una medida transitoria en busca de un equilibrio más adecuado.

 

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