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La Comisión de Investigación sobre el caso #Taula concluye exigiendo las actas a los ediles del PP

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La comisión municipal de investigación sobre el conocido como “caso Mesa” ha concluido este martes. Esta comisión se constituyó por acuerdo plenario para determinar las responsabilidades políticas derivadas de los presuntos hechos de carácter ilícito investigados en los tribunales sobre el supuesto blanqueo de capitales ocurrido en el Grupo Municipal Popular. Esta comisión, como se recordará, podía prolongarse durante un total de 6 meses, prorrogables a 3 más. En el Pleno del Ayuntamiento del mes de marzo se llevará a debate el informe de conclusiones aprobado.

El presidente de la comisión, Carlos Galiana, ha explicado que el informe final aprobado por la comisión ha exigido a los concejales populares “la entrega de su acta, tal y como también pidió la Presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig”. Galiana ha afirmado que “lo que ha quedado claro es que el grupo municipal popular funcionaba con total opacidad y que, consecuentemente, los concejales populares son responsables políticos de ese descontrol que, de manera nada clara, sirvió para financiar la campaña electoral. Si no abandonan su acta, pedimos al propio Partido Popular que tome cartas en el asunto y haga que los concejales abandonen el Grupo Municipal”. Esta conclusión ha sido propuesta por el presidente de la comisión y, a la vez, representante de Compromís, Carlos Galiana, y aprobada con el apoyo de la representante del PSPV, Sandra Gómez. El representante del Partido Popular, Eusebio Monzó, ha votado en contra, y desde Ciutadans y Valencia en común, se han abstenido pidiendo que prosiga en el tiempo la comisión.

El presidente de la Comisión de investigación, Carlos Galiana, además, ha aportado una serie de conclusiones que han sido aprobadas por mayoría. Entre ellas, y por unanimidad, se ha aprobado que de ahora en adelante se harán públicos los gastos de los grupos municipales “para que estén al alcance de todo el mundo”, y se creará un registro de entrada de las visitas así como unos documentos para dejar constancia de las facturas y gastos, tal como ha informado Galiana. Además, se marca la obligatoriedad de tener sólo una cuenta bancaria por grupo municipal; de no ser así en la actualidad, se contará con un plazo de tres meses para regularizar esta situación. También se ha acordado unánimemente que los grupos municipales no puedan llevar a cabo tareas propias de las delegaciones.

Los 5 grupos municipales representados en el Consistorio, han aprobado una propuesta para modificar el reglamento orgánico del Pleno que regule de manera óptima las comisiones de investigación. Aun así, el Grupo Municipal Popular ha sido el único que se ha desmarcado de la propuesta del presidente de la comisión para que las comparecencias en las comisiones creadas en el ámbito municipal sean obligatorias y tengan las mismas garantías de funcionamiento y organización que las otras administraciones.

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Podemos se abre a negociar el traspaso de competencias migratorias a Cataluña tras acuerdo con el PSOE

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Belarra amnistía

Madrid, 27 Ene. 2026 – La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que su formación política está abierta a negociar el traspaso de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña, después de cerrar un acuerdo con el PSOE para la regularización extraordinaria de migrantes sin papeles mediante decreto.

Belarra ha destacado que la prioridad del partido es garantizar los derechos de las personas migrantes y mejorar la gestión de la inmigración en España. Según sus declaraciones, el acuerdo con el PSOE permitirá avanzar en la regularización de miles de trabajadores y residentes irregulares, mientras que la negociación con Cataluña buscaría una gestión más directa y cercana a las comunidades autónomas.

Acuerdo con el PSOE para regularizar migrantes

El pacto entre Podemos y el PSOE se centra en aprobar un decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que incluirá a trabajadores esenciales, personas en situación vulnerable y solicitantes de asilo que cumplan los requisitos establecidos.

El objetivo, según la secretaria general de Podemos, es ofrecer seguridad jurídica, derechos laborales y acceso a servicios públicos a quienes hasta ahora se encontraban en situación irregular, además de impulsar la integración social y laboral de este colectivo.

Posible traspaso de competencias a Cataluña

Tras este acuerdo, Podemos se ha mostrado dispuesto a explorar la transferencia de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña, un paso que implicaría una mayor autonomía en la gestión de políticas de migración dentro de la comunidad autónoma.

Belarra ha explicado que esta medida permitirá una administración más eficiente y cercana a la realidad de los migrantes en Cataluña, donde ya existen programas piloto de integración y atención social que podrían fortalecerse con un traspaso de funciones.

Reacciones y próximos pasos

El anuncio de Podemos ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Algunos sectores ven con buenos ojos la descentralización de la gestión migratoria, mientras que otros advierten sobre la complejidad legal y administrativa de transferir competencias del Estado a las comunidades autónomas.

Por su parte, el PSOE reafirma su compromiso con la regularización de migrantes y la protección de sus derechos, asegurando que cualquier negociación futura con Cataluña se realizará dentro del marco legal vigente y con coordinación intergubernamental.

El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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