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La Comisión de Investigación sobre el caso #Taula concluye exigiendo las actas a los ediles del PP

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La comisión municipal de investigación sobre el conocido como “caso Mesa” ha concluido este martes. Esta comisión se constituyó por acuerdo plenario para determinar las responsabilidades políticas derivadas de los presuntos hechos de carácter ilícito investigados en los tribunales sobre el supuesto blanqueo de capitales ocurrido en el Grupo Municipal Popular. Esta comisión, como se recordará, podía prolongarse durante un total de 6 meses, prorrogables a 3 más. En el Pleno del Ayuntamiento del mes de marzo se llevará a debate el informe de conclusiones aprobado.

El presidente de la comisión, Carlos Galiana, ha explicado que el informe final aprobado por la comisión ha exigido a los concejales populares “la entrega de su acta, tal y como también pidió la Presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig”. Galiana ha afirmado que “lo que ha quedado claro es que el grupo municipal popular funcionaba con total opacidad y que, consecuentemente, los concejales populares son responsables políticos de ese descontrol que, de manera nada clara, sirvió para financiar la campaña electoral. Si no abandonan su acta, pedimos al propio Partido Popular que tome cartas en el asunto y haga que los concejales abandonen el Grupo Municipal”. Esta conclusión ha sido propuesta por el presidente de la comisión y, a la vez, representante de Compromís, Carlos Galiana, y aprobada con el apoyo de la representante del PSPV, Sandra Gómez. El representante del Partido Popular, Eusebio Monzó, ha votado en contra, y desde Ciutadans y Valencia en común, se han abstenido pidiendo que prosiga en el tiempo la comisión.

El presidente de la Comisión de investigación, Carlos Galiana, además, ha aportado una serie de conclusiones que han sido aprobadas por mayoría. Entre ellas, y por unanimidad, se ha aprobado que de ahora en adelante se harán públicos los gastos de los grupos municipales “para que estén al alcance de todo el mundo”, y se creará un registro de entrada de las visitas así como unos documentos para dejar constancia de las facturas y gastos, tal como ha informado Galiana. Además, se marca la obligatoriedad de tener sólo una cuenta bancaria por grupo municipal; de no ser así en la actualidad, se contará con un plazo de tres meses para regularizar esta situación. También se ha acordado unánimemente que los grupos municipales no puedan llevar a cabo tareas propias de las delegaciones.

Los 5 grupos municipales representados en el Consistorio, han aprobado una propuesta para modificar el reglamento orgánico del Pleno que regule de manera óptima las comisiones de investigación. Aun así, el Grupo Municipal Popular ha sido el único que se ha desmarcado de la propuesta del presidente de la comisión para que las comparecencias en las comisiones creadas en el ámbito municipal sean obligatorias y tengan las mismas garantías de funcionamiento y organización que las otras administraciones.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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