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La Comisión de Investigación sobre el caso #Taula concluye exigiendo las actas a los ediles del PP

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La comisión municipal de investigación sobre el conocido como “caso Mesa” ha concluido este martes. Esta comisión se constituyó por acuerdo plenario para determinar las responsabilidades políticas derivadas de los presuntos hechos de carácter ilícito investigados en los tribunales sobre el supuesto blanqueo de capitales ocurrido en el Grupo Municipal Popular. Esta comisión, como se recordará, podía prolongarse durante un total de 6 meses, prorrogables a 3 más. En el Pleno del Ayuntamiento del mes de marzo se llevará a debate el informe de conclusiones aprobado.

El presidente de la comisión, Carlos Galiana, ha explicado que el informe final aprobado por la comisión ha exigido a los concejales populares “la entrega de su acta, tal y como también pidió la Presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig”. Galiana ha afirmado que “lo que ha quedado claro es que el grupo municipal popular funcionaba con total opacidad y que, consecuentemente, los concejales populares son responsables políticos de ese descontrol que, de manera nada clara, sirvió para financiar la campaña electoral. Si no abandonan su acta, pedimos al propio Partido Popular que tome cartas en el asunto y haga que los concejales abandonen el Grupo Municipal”. Esta conclusión ha sido propuesta por el presidente de la comisión y, a la vez, representante de Compromís, Carlos Galiana, y aprobada con el apoyo de la representante del PSPV, Sandra Gómez. El representante del Partido Popular, Eusebio Monzó, ha votado en contra, y desde Ciutadans y Valencia en común, se han abstenido pidiendo que prosiga en el tiempo la comisión.

El presidente de la Comisión de investigación, Carlos Galiana, además, ha aportado una serie de conclusiones que han sido aprobadas por mayoría. Entre ellas, y por unanimidad, se ha aprobado que de ahora en adelante se harán públicos los gastos de los grupos municipales “para que estén al alcance de todo el mundo”, y se creará un registro de entrada de las visitas así como unos documentos para dejar constancia de las facturas y gastos, tal como ha informado Galiana. Además, se marca la obligatoriedad de tener sólo una cuenta bancaria por grupo municipal; de no ser así en la actualidad, se contará con un plazo de tres meses para regularizar esta situación. También se ha acordado unánimemente que los grupos municipales no puedan llevar a cabo tareas propias de las delegaciones.

Los 5 grupos municipales representados en el Consistorio, han aprobado una propuesta para modificar el reglamento orgánico del Pleno que regule de manera óptima las comisiones de investigación. Aun así, el Grupo Municipal Popular ha sido el único que se ha desmarcado de la propuesta del presidente de la comisión para que las comparecencias en las comisiones creadas en el ámbito municipal sean obligatorias y tengan las mismas garantías de funcionamiento y organización que las otras administraciones.

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Sánchez plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años

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Sánchez plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y endurecer el control sobre el odio digital

El Gobierno anuncia nuevas medidas para responsabilizar a las plataformas digitales que no retiren contenido ilegal o de odio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado una futura prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, dentro de una estrategia más amplia para reforzar la protección de los jóvenes en el entorno digital y combatir la difusión de contenido de odio e ilegal en internet.

La iniciativa contempla mayores obligaciones para las plataformas tecnológicas, que deberán retirar este tipo de contenidos de forma más rápida y eficaz. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo prevé acciones legales y sanciones que podrían alcanzar no solo a las empresas, sino también a sus responsables directivos.

Objetivos de la medida

  • Proteger a los menores frente a riesgos digitales y discursos dañinos

  • Reforzar la responsabilidad legal de las plataformas digitales

  • Combatir la proliferación de mensajes de odio y contenidos ilícitos en redes

  • Adaptar la legislación española al nuevo contexto tecnológico europeo

El anuncio se enmarca en el debate europeo sobre la regulación de las grandes plataformas, en línea con normativas como la Ley de Servicios Digitales (DSA), que busca un mayor control sobre los contenidos que circulan en internet.

La propuesta abre ahora un proceso político y legislativo que determinará cómo se verificará la edad de los usuarios, qué redes se verán afectadas y qué sanciones concretas se aplicarán en caso de incumplimiento.

Países donde ya se limita o prohíbe el acceso de menores a las redes sociales

La propuesta anunciada en España no es un caso aislado. Varios países ya han aprobado prohibiciones o restricciones severas al uso de redes sociales por parte de menores, especialmente para protegerlos frente a contenidos nocivos, adicción digital y discursos de odio.

Australia

Australia se ha convertido en uno de los referentes internacionales tras aprobar una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, obligando a las plataformas a verificar la edad de los usuarios. El incumplimiento puede acarrear multas millonarias para las empresas tecnológicas.

China

China mantiene desde hace años una de las regulaciones más estrictas del mundo. Los menores tienen límites de tiempo muy reducidos, controles parentales obligatorios y restricciones de acceso nocturno, especialmente en redes sociales y plataformas de vídeo.

Estados Unidos

Aunque no existe una prohibición federal, varios estados han aprobado leyes que limitan el acceso de menores, exigen verificación de edad o requieren consentimiento paterno para usar redes sociales. Estas medidas han abierto un intenso debate legal con las grandes tecnológicas.

Francia

Francia ha impulsado normas que obligan a contar con autorización parental para menores de 15 años, además de reforzar la responsabilidad de las plataformas en la retirada de contenidos ilegales o dañinos.

Corea del Sur

El país asiático ha aplicado políticas de control del uso digital juvenil, con restricciones horarias y herramientas obligatorias para evitar la adicción a redes y videojuegos en menores.

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