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La Comisión de Investigación sobre el caso #Taula concluye exigiendo las actas a los ediles del PP

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La comisión municipal de investigación sobre el conocido como “caso Mesa” ha concluido este martes. Esta comisión se constituyó por acuerdo plenario para determinar las responsabilidades políticas derivadas de los presuntos hechos de carácter ilícito investigados en los tribunales sobre el supuesto blanqueo de capitales ocurrido en el Grupo Municipal Popular. Esta comisión, como se recordará, podía prolongarse durante un total de 6 meses, prorrogables a 3 más. En el Pleno del Ayuntamiento del mes de marzo se llevará a debate el informe de conclusiones aprobado.

El presidente de la comisión, Carlos Galiana, ha explicado que el informe final aprobado por la comisión ha exigido a los concejales populares “la entrega de su acta, tal y como también pidió la Presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig”. Galiana ha afirmado que “lo que ha quedado claro es que el grupo municipal popular funcionaba con total opacidad y que, consecuentemente, los concejales populares son responsables políticos de ese descontrol que, de manera nada clara, sirvió para financiar la campaña electoral. Si no abandonan su acta, pedimos al propio Partido Popular que tome cartas en el asunto y haga que los concejales abandonen el Grupo Municipal”. Esta conclusión ha sido propuesta por el presidente de la comisión y, a la vez, representante de Compromís, Carlos Galiana, y aprobada con el apoyo de la representante del PSPV, Sandra Gómez. El representante del Partido Popular, Eusebio Monzó, ha votado en contra, y desde Ciutadans y Valencia en común, se han abstenido pidiendo que prosiga en el tiempo la comisión.

El presidente de la Comisión de investigación, Carlos Galiana, además, ha aportado una serie de conclusiones que han sido aprobadas por mayoría. Entre ellas, y por unanimidad, se ha aprobado que de ahora en adelante se harán públicos los gastos de los grupos municipales “para que estén al alcance de todo el mundo”, y se creará un registro de entrada de las visitas así como unos documentos para dejar constancia de las facturas y gastos, tal como ha informado Galiana. Además, se marca la obligatoriedad de tener sólo una cuenta bancaria por grupo municipal; de no ser así en la actualidad, se contará con un plazo de tres meses para regularizar esta situación. También se ha acordado unánimemente que los grupos municipales no puedan llevar a cabo tareas propias de las delegaciones.

Los 5 grupos municipales representados en el Consistorio, han aprobado una propuesta para modificar el reglamento orgánico del Pleno que regule de manera óptima las comisiones de investigación. Aun así, el Grupo Municipal Popular ha sido el único que se ha desmarcado de la propuesta del presidente de la comisión para que las comparecencias en las comisiones creadas en el ámbito municipal sean obligatorias y tengan las mismas garantías de funcionamiento y organización que las otras administraciones.

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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