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La compra de vivienda cae el 12,8 % en febrero en la Comunitat Valenciana

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Archivo/EFE/Kai Försterling

La compraventa de viviendas cayó el 12,8 % en febrero en tasa anual en la Comunitat Valenciana hasta las 5.871, por encima del descenso nacional del 4,3 %.

En el conjunto de España, la compraventa de viviendas suavizó su caída en febrero al 4,3 % y registró 43.185 operaciones, la cifra más alta que se observa desde hace justo un año, antes de que se desatara en España la pandemia de coronavirus.

Con esta caída, que es más moderada que la del 15,4 % de enero, la compraventa de viviendas encadena dos meses consecutivos en negativo tras los repuntes de noviembre y diciembre y un recorte acumulado del 10 % en lo que va de año, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de este ajuste en tasa interanual, la compraventa de viviendas aumentó en febrero un 8,6 % con respecto a un mes antes, enero.

MÁS DE 10.000 VIVIENDAS NUEVAS VENDIDAS

La vivienda nueva sigue siendo la única que crece y por primera vez en más de seis años y medio -desde julio de 2014- en España se vendieron más de 10.000 en un mes. En concreto, en febrero se registraron 10.130 compraventas de vivienda nueva -el 23,5 % del total-, una cifra que arroja un aumento del 11,1 % con respecto a un año antes.

Por el contrario, las compraventas de vivienda usada -que siguen siendo las más predominantes con el 76,5 % del total- siguieron disminuyendo, un 8,1 % en tasa interanual, hasta las 33.055 transacciones.

Si se compara con el mes anterior (enero) tanto las compraventas de vivienda nueva como de usada registraron aumentos, del 20,4 % y del 5,5 %, respectivamente.

En el cómputo del año, las transacciones de vivienda nueva encadenan un crecimiento del 5,6 % y las de vivienda usada siguen en terreno negativo con un recorte del 13,6 %.

Por régimen de vivienda, casi el 91 % de las viviendas que se transmitieron en febrero eran de precio libre: 39.242 operaciones (-4,6 %). La vivienda protegida concentró 3.943 compraventas, el 0,3 % menos que en 2020.

LAS ISLAS LIDERAN LAS CAÍDAS

En febrero, la compraventa de vivienda se redujo en 10 comunidades autónomas con respecto a un año antes y Canarias (-16,2 %) y Baleares (-15,9 %) lideraron las caídas afectadas por el frenazo del turismo a causa de la pandemia.

Entre los mayores descensos en las compraventas de vivienda también se encontraron Aragón (-13,1 %); Comunitat Valenciana (-12,8 %); Cataluña (-6,7 %) o Madrid (-4,4 %).

Por el contrario, los aumentos más pronunciados se dieron en La Rioja (13,7 %) y en el País Vasco (10,9 %).

De las 5.871 operaciones de compraventa de viviendas en la Comunitat, 5.356 correspondieron a vivienda libre y 515 protegida, y 1.013 fueron vivienda nueva y 4.858 usada.

EL SECTOR SE REPONE Y APUNTA A PRÓXIMAS SUBIDAS

Según Fotocasa, los datos de febrero muestran el dinamismo, la capacidad de recuperación del sector inmobiliario y el gran interés que tienen los españoles por cambiar de casa tras el confinamiento.

Después de un año de crisis sanitaria las transacciones superaron por primera vez la barrera de las 40.000 operaciones volviendo a niveles similares a los observados en 2019 y erigiéndose como uno de los motores de la recuperación económica de España, agrega el portal inmobiliario.

Idealista indica que, aunque los valores de febrero son aún inferiores a los de un año antes, la diferencia es cada vez menor y dibuja un escenario que apunta a crecimientos interanuales en el número de operaciones, que de seguir correctamente los procesos de vacunación podrían ser muy significativos.

LAS HERENCIAS SUBEN MÁS DEL 13 %

En un contexto de crisis sanitaria, las fincas transmitidas por herencia subieron un 13,6 % en febrero hasta las 40.589, mientras que las donaciones aumentaron el 5,6 % con 5.869 operaciones.

Por el contrario, las concentraciones parcelarias, divisiones horizontales, daciones en pago y ejecuciones hipotecarias se redujeron el 31,9 %, mientras que las permutas lo hicieron el 8,1 %.

En su conjunto, las fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad sumaron 178.240 en febrero, el 8,6 % menos.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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