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Valencia

La Comunitat cierra 2020 con un resultado negativo de 1.526 millones

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(EFE).- Los fondos extraordinarios del Gobierno central frente a la covid, que supusieron 3.011 millones de euros en 2020, han permitido mejorar el resultado económico patrimonial de la Administración de la Generalitat, que ha cerrado el año con un resultado negativo de 1.526 millones.

Esos fondos adicionales no reembolsables, un 108 % superiores a 2019, han rebajado el resultado negativo de los 2.225 millones de 2019 a los 1.526 millones del año pasado (700 millones menos), según los datos de la Cuenta General de la Generalitat presentados este lunes por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, tras su aprobación por el pleno extraordinario del Consell, antes de remitirse a la Sindicatura de Comptes.

Soler ha destacado que este resultado se ha producido a pesar de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, por el apoyo recibido del Gobierno central con fondos adicionales para hacer frente a la pandemia y también por la reducción del coste financiero de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El gasto financiero se ha reducido en 194,7 millones respecto a 2019 y la valenciana es la autonomía con el coste financiero «más barato», ha resaltado.

Asimismo, hay que sumar los recursos aportados dentro del sistema de financiación por el Gobierno central para 2020, que suponen un incremento adicional de 885,5 millones respecto a 2019.

El gasto social en sanidad, educación y servicios sociales ha aumentado por parte del Consell hasta los 14.800 millones -15.150 millones en términos de contabilidad nacional (gasto devengado)- y representa ser la comunidad «que más gasto social ha realizado» a lo largo del año de la pandemia, según el conseller, que ha añadido que además se ha ayudado a los colectivos más afectados por las restricciones.

Los datos reflejan, además, que en la última década (2011-2020) el resultado económico-patrimonial (con ligeras diferencias metodológicas) ha mejorado un 77,05 % al pasar en 2011 de un resultado negativo de -6.648 millones de euros a los -1.526 millones actuales.

Las subvenciones concedidas por el Consell han aumentado un 10,6 % hasta los 6.264 millones, e incluyen las subvenciones para paliar los efectos de la covid, los ERTE, las ayudas sociales como la renta de inclusión, y las transferencias a entidades o agentes sociales (ayudas a empresas para la reconversión y las destinadas a centros de mayores para mejorar el equipamiento frente a la covid).

En el conjunto de las obligaciones reconocidas netas, la Cuenta General refleja que el Consell ha aumentado los recursos destinados a gasto real un 8,83 % hasta 17.831,5 millones para líneas destinadas a la inversión en políticas sociales y al fomento de los sectores productivos.

Además de las subvenciones concedidas, el grado de ejecución de las inversiones directas asciende al 65 %, y se han aumentado los gastos de personal un 8 % para reforzar plantillas de hospitales y centros de salud, personal de residencias y refuerzos de profesorado.

En 2020 las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (las antiguas cuentas 409 y 411) se han reducido a menos de la mitad.

Soler ha señalado que la cuenta sigue «lastrada» por deudas heredadas o generadas por la etapa de gobierno del PP, como los 70,8 millones de las obligaciones derivadas del auto judicial que ordena la demolición de las Torres de Benidorm y la indemnización a los propietarios.

La Cuenta General también comprende al sector público instrumental de la Generalitat, cuyas cuentas se harán públicas en las próximas semanas a través de la web de la Conselleria.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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