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Valencia

La Comunitat cierra 2020 con una deuda de 50.807 millones, el 48,6% del PIB

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El conseller de Hacienda, Vicent Soler. EFE/Ana Escobar/Archivo

Madrid/València, 31 mar (EFE).- La Comunitat Valenciana cerró 2020 con una deuda pública de 50.807 millones de euros, la segunda más alta por detrás de Cataluña, un importe equivalente al 48,6 % del PIB, según los datos dados a conocer este miércoles por el Banco de España.

El porcentaje que supone el importe de la deuda valenciana respecto al PIB es el mayor de todas las Comunidades Autónomas.

En 2019 la deuda pública de la Comunitat ascendía a 48.438 millones, lo que representó el 42,1 % del PIB.

El Banco de España ha confirmado que la deuda pública española cerró 2020 en un máximo histórico de 1,35 billones de euros, equivalentes al 120 % del PIB, tras un ejercicio marcado por la pandemia que ha disparado los gastos.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas se situaba al cierre de diciembre de 2020 en 1.345.570 millones de euros, lo que supone una revisión al alza del dato avanzado por el Banco de España en febrero (1.311.298 millones), tras incorporar unos 34.000 millones de deuda de la Sareb por un cambio contable de Eurostat.

De acuerdo con estos datos, la deuda pública española superó la previsión inicial del Gobierno para 2020, que era del 118,8 % del PIB.

A lo largo de 2020, la deuda pública aumentó en 156.750 millones de euros, un 13,2 %, mientras que la ratio de deuda sobre el PIB sumó 24,5 puntos adicionales.

El Banco de España detalla que este incremento se debió tanto al aumento de la deuda en sí, por gastos asociados a la pandemia, como a la contracción del PIB, que eleva la ratio.

A esto se une el efecto de la incorporación de la Sareb en el perímetro del sector público, que ha supuesto añadir 34.182 millones de deuda adicionales que hasta ahora no computaban, lo que equivale a tres puntos del PIB.

La mayor parte de la deuda se concentraba en la administración central, con un récord de 1.206.541 millones (107,6 % del PIB), tras incrementar su deuda en 145.541 millones (un 13,7 %), de los que más de 34.000 correspondieron a la consolidación de la Sareb.

La deuda de la Seguridad Social creció un 55,1 %, hasta los 85.355 millones (el 7,6 % del PIB), y la de las comunidades autónomas, un 2,9 %, hasta los 303.622 millones (el 27,1 % del PIB), mientras que las corporaciones locales redujeron un 5,5 % su endeudamiento, hasta los 21.945 millones (2 % del PIB).

La suma de la deuda de cada administración excede el total porque la mayor parte de la deuda autonómica está contabilizada también por el Estado.

A cierre de año, la mayor parte de la deuda se concentraba en valores representativos de deuda (1.167.206 millones), tanto a largo plazo (1.076.201 millones) como a corto (91.005 millones), mientras que el resto se repartía en préstamos (173.405 millones) y efectivo y depósitos (4.959 millones).

La Generalitat reclama un nuevo modelo de financiación que compense la deuda

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha reclamado «de forma inaplazable» un nuevo modelo de financiación autonómica que aborde la compensación de la deuda histórica de la Comunitat, cuya deuda pública asciende a cierre de 2020 a 50.807 millones, equivalente al 48,6 % del PIB y un 4,89 % superior a la de 2019.

Soler ha insistido en la urgencia de que todas las formaciones políticas del Congreso se pongan de acuerdo para permitir no solo la aprobación de un nuevo modelo, sino también el diseño de los instrumentos necesarios para compensar la deuda histórica que arrastran los valencianos como consecuencia de la «sistemática infrafinanciación».

Según el responsable de Hacienda del Gobierno valenciano, tomando como punto de partida el modelo de 2002, la infrafinanciación explica el 46 % de la actual deuda, si bien, ha afirmado, «algunos expertos señalan que el maltrato financiero a la Comunitat nace de mucho antes, de la época de las transferencias de competencias».

Respecto al aumento de la deuda en 2020, responde prácticamente en su totalidad a los recursos recibidos a través del FLA en ese año: 205 millones del objetivo de déficit, 2.127 millones del FLA extraordinario correspondiente a la desviación del déficit del año 2019, un millón de euros de disposiciones pendientes del FLA de 2019, y 91 millones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación, según indica la Conselleria en un comunicado.

A esas cifras hay que restar 57 millones que la Generalitat ha reducido de su endeudamiento por las distintas operaciones de refinanciación de operaciones a corto plazo de Tesorería para reducir el pago de intereses, además de otras operaciones como «factoring» sin recursos y disminuciones de la deuda clasificada como APP (asociaciones público-privadas) que no han sido refinanciadas por el FLA.

Soler ha reiterado que el problema del endeudamiento no es por «un exceso descontrolado del gasto», sino por «una falta evidente de recursos por una infrafinanciación que cada vez lastra más nuestras cuentas».

Ha añadido que gracias a los recursos del FLA se ha garantizado la liquidez para atender el pago de los servicios fundamentales, pero ha recordado que el FLA es «un mecanismo de respiración asistida del que tenemos que desprendernos lo antes posible porque nuestro endeudamiento es cada vez mayor».

El nuevo modelo de financiación debe cumplir dos principios: la suficiencia de recursos y la equidad en el reparto, ha defendido Soler.

El coste de la deuda de la Comunitat Valenciana al cierre de 2020 se ha situado en el mínimo histórico del 0,75 %, por lo que ya es la segunda autonomía -solo superada por La Rioja- que cuenta con un menor coste financiero de su endeudamiento, muy por debajo de la media de las comunidades autónomas, que se sitúa por encima del 1,1 %.

Este menor coste de la deuda en la Comunitat Valenciana es consecuencia tanto del peso de los mecanismos de financiación del Estado sobre la deuda total por los que la Comunitat paga el mismo coste al que se endeuda el Tesoro Español, cercano al 0 %. Y recuerda que se han realizado en los últimos meses diversas operaciones de refinanciación de operaciones antiguas con el objetivo de abaratar los costes de las mismas y reducir sus tipos de interés.

En concreto, desde 2007, el coste de la deuda de la Comunitat Valenciana ha evolucionado desde un coste medio del 3,88 % al 0,75 % actual. Por su parte, y en relación a su vida media, la deuda valenciana tiene actualmente un vencimiento medio de 4,02 años, frente al mínimo de 2,39 años registrado en 2011.

Además, ha señalado que en el incremento de la deuda respecto a junio de 2015 (cuando comenzó a gobernar el Botànic), más del 24 % corresponde a desviaciones de déficit de 2014 y ejercicios anteriores o deriva de decisiones adoptadas por el anterior gobierno (200 millones comprometidos para salvar la Sociedad de Garantía Recíproca o 107 millones para atender el pago de obras que fueron realizadas entre 2005 y 2008 y financiadas por el denominado método alemán).

Valencia

El Consell anuncia un Plan de 50 millones para la defensa del litoral valenciano

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EFE/Kai Försterling/Archivo

València, 22 abr (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado por un puerto de València más sostenible y abierto a la ciudad y ha mostrado la voluntad de poner en marcha un plan «extraordinario de defensa del litoral y adaptación al cambio climático».

Durante la sesión de control en el pleno de Les Corts, Puig ha asegurado que este plan contará con un mínimo de 50 millones de euros, 15 de ellos aportados por el puerto de València.

Puig ha respondido a una pregunta del síndic de Compromís, Fran Ferri, sobre si es compatible «la macroexpansión» del puerto con la situación de emergencia climática decretada por el Consell en 2019, la protección del entorno y la salud de los valencianos.

El president ha defendido que el puerto de València es «un motor imprescindible para la economía y el empleo» de la Comunitat pero ha considerado necesario que éste sea «más sostenible y abierto a la ciudad».

Así, ha señalado que es necesario exigir al Ministerio de Transición Ecológica y al puerto una actuación «fundamental y rápida» para la protección de las playa del sur, que sufren «un proceso de erosión desde hace tiempo».

En este sentido, ha dicho que quieren poner en marcha un plan «extraordinario de defensa del litoral y adaptación al cambio climático, con un mínimo de 50 millones, 15 de ellos aportados por el puerto».

También ha defendido que deben ser los servicios jurídicos del Estado y no los políticos los que avalen la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación, y ha abogado por integrar la ciudad y el área metropolitana y por avanzar en el Corredor Mediterráneo.

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