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La defensa de Castedo solicitará la absolución en el caso por el presunto amaño del PGOU

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EU pide 10 años de cárcel para Castedo y Alperi y 13 para Ortiz por el supuesto amaño del PGOU de Alicante

(EUROPA PRESS)-La defensa de la exalcaldesa ‘popular’ de Alicante Sonia Castedo solicitará su absolución en la causa separada del caso Brugal que investiga el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Según han confirmado a Europa Press este viernes los representantes legales de Castedo, el juzgado todavía no les ha dado plazo para presentar el escrito de calificación previo a la apertura de juicio oral, pero han adelantado que «sin ninguna duda» solicitarán la absolución.

En la causa, también se investiga a su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y al empresario Enrique Ortiz, por supuestamente beneficiar a este último en la confección del plan urbanístico.

Este jueves se hizo pública la calificación provisional de la Fiscalía, en la que solicita penas que suman 10 años de prisión para la exalcaldesa y una multa de 126 millones de euros por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario y tráfico de influencias en concurso con prevaricación. Por su parte, la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento solicitó una pena de 4 años y nueve meses de cárcel para Castedo.

Para el antecesor de Castedo en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi, el ministerio público solicitó una pena de 10 años de prisión por los mismos delitos, y una multa de 63 millones de euros.

Así mismo, para el empresario Enrique Ortiz, la fiscalía solicitó 8 años de prisión y una multa de 86 millones de euros por los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento por particular de secretos o de información privilegiada, y los delitos continuados de tráfico de influencias por particular sobre funcionario público o autoridad y prevaricación.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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