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La EMA registra trombos en Pfizer y Moderna, pero sin abrir una investigación

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La Haya, 29 abr (EFE).- La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha recibido informes sobre once casos de trombosis con trombocitopenia tras la vacunación con Pfizer y dos tras el uso de Moderna en el Espacio Económico Europeo (EEE), integrado por la UE, Noruega, Islandia y Liechtenstein, pero aun no va a abrir ninguna investigación específica y seguirá vigiando, aseguró a Efe una fuente del regulador.

Según la fuente, “si bien se han informado algunos casos” de coagulación de sangre con un nivel bajo de plaquetas, cuando se observan en el contexto de la exposición de las personas a las vacunadas, estas cifras son extremadamente bajas y no generan preocupación” como para iniciar una investigación específica del riesgo de desarrollar trombos con estos dos preparados, que usan la misma tecnología de ARN mensajero.

No obstante, añadió la fuente, la EMA “está monitoreando de cerca los casos notificados después del uso de las vacunas de la covid-19 Comirnaty (nombre comercial de la vacuna de Pfizer/BioNTech) y Moderna”, aunque “considera en este momento que no hay señales» de alarma sobre el riesgo de coagulación sanguínea con estas vacunas.

En el caso de Pfizer, se han notificado hasta el pasado 13 de abril un total de once casos de trombosis con trombocitopenia en el Espacio Económico Europeo (EEE), donde se han administrado alrededor de 60 millones de dosis de esta vacuna.

Mientras tanto, se han inyectado más de 5 millones de dosis de Moderna y solo se han notificado dos casos de trombosis con trombocitopenia en el EEE.

“A modo de comparación, con Vaxzevria (nombre comercial de la vacuna de AstraZeneca) se habían notificado 142 casos de trombosis con trombocitopenia en el EEE hasta el 13 de abril y se habían administrado más de 17 millones de dosis”, añade a EMA.

A nivel mundial, ascienden a más de 300 los casos recogidos por la red europea de procesamiento de datos sobre reacciones adversas de medicamentos en el EEE, EudraVigilance, en los que los vacunados contra la covid-19 desarrollaron coagulación sanguínea y un nivel bajo de plaquetas, lo que, incluyendo los casos europeos, divide la cifra total entre 25 casos registrados con Pfizer y 5 con Moderna, además de los 287 con AstraZeneca y 8 con Janssen.

A diferencia de las que usan el ARNm, AstraZeneca y Janssen se basan en otra técnica: un vector adenoviral derivado de un adenovirus causante del resfriado común de chimpancé y de humano, respectivamente, modificado genéticamente para que no pueda replicarse y causar la enfermedad, por lo que se ha transformado para que exprese la proteína Spike del SARS-CoV-2 en las células.

“La EMA y los Estados miembros de la UE continuarán monitoreando y evaluando cualquier información nueva, incluidos los informes sobre presuntos efectos secundarios, relacionada con todas las vacunas del covid-19, y tomarán medidas cuando sea necesario para proteger la salud pública”, advirtió la agencia, que, de momento, mantiene su respaldo científico a la seguridad de todas las vacunas autorizadas en territorio comunitario.

El comité de seguridad (PRAC) de la EMA, con sede en Ámsterdam, tuvo que abrir dos investigaciones separadas sobre el riesgo de coagulación sanguínea con las vacunas de AstraZeneca y Janssen, y concluyó que existe un “posible vínculo” entre varios casos notificados de tromboembolismos y la vacunación con estos preparados, y decidió añadir una anotación de este posible efecto secundario inusual en el prospecto de las vacunas.

De momento, las cuatro vacunas mencionadas tienen una licencia de uso condicional en la Unión Europea y se están usando activamente en las campañas de vacunación contra la covid-19.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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