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El juez declara compleja la causa abierta contra el hermano de Ximo Puig por las ayudas sin control

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VALÈNCIA, 30 Oct.- El Juzgado de Instrucción número 4 de València ha declarado compleja la causa en la que se investiga a Francisco Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions y hermano del ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por las ayudas al valenciano.

Así consta en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se acuerda declarar compleja la instrucción, lo que significa que la misma tendrá un plazo de duración de 18 meses y podrá prorrogarse por igual plazo o uno inferior a instancia del ministerio fiscal y previa audiencia de las partes.

El juzgado ha adoptado esta medida tras requerirlo la Fiscalía Provincial de Valencia. Así mismo, esta acusación había solicitado una prestación de fianza a la acusación popular, el PP.

El magistrado se ha pronunciado sobre la petición de complejidad, que ha aceptado siendo previsible que la práctica de las diligencias pertinentes para la investigación no vayan a poder practicarse en el plazo de seis meses desde la fecha de incoación de las diligencias previas.

Así, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, el juzgado ha declarado compleja la causa por estar pendiente de declarar los investigados –están citados en diciembre– y por la posibilidad de que surja la práctica de nuevas diligencias.

La causa fue abierta por un posible delito de malversación en mayo de 2019 y parte de una querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a mercantiles que habrían recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 «sin ningún tipo de control».

En concreto, en la querella, firmada por la diputada ‘popular’ Eva Ortiz, se solicitaba el inicio de una investigación penal para analizar la documentación que acreditara la concesión a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions de subvenciones para el fomento del valenciano, al considerar que «no se cumplían los requisitos exigidos».

También se pedía investigar «las actuaciones arbitrarias llevadas a cabo por parte de Rubén Trenzano y Francisco Puig, que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones».

Esta querella se interpuso inicialmente en los juzgados de Vinaròs (Castellón) –ya que las empresas de Francisco Puig están radicadas en la localidad castellonense de Morella– pero se archivó al considerar que no tenían competencia territorial. Posteriormente, se presentó en València y recayó en el Juzgado de Instrucción número 4, que trasladó de nuevo la cuestión a Vinaròs. Al final, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acordó que debía quedarse la causa en València.

Fuente: EUROPA PRESS

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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