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Valencia

La Generalitat usará drones para frenar los ahogamientos en las playas de la Comunitat

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Xàbia (Alicante), 3 ago (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este martes la puesta en marcha de un programa piloto que permitirá la utilización de drones para frenar ahogamientos en las playas de diez municipios de la Comunidad Valenciana.

Puig también ha pedido prudencia a la ciudadanía para disfrutar de unos espacios naturales en los que el Consell pone todos los instrumentos a su alcance para garantizar tanto la seguridad en el baño como la protección frente a la COVID-19.

Así lo ha expresado en Xàbia (Alicante) durante la presentación de la campaña ‘Stop ahogamientos’ y del plan para el empleo de aeronaves no tripuladas en labores de salvamento y emergencias, según un comunicado del Gobierno valenciano.

El acto ha contado también con la participación de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, así como del responsable de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), José María Ángel, y del alcalde de la localidad, José Chulvi.

El proyecto piloto para la realización de labores de apoyo a los servicios de socorrismo y salvamento a través de aeronaves no tripuladas se ejecutará en las playas de Guardamar del Segura, Dénia, Xàbia y Benidorm, en la provincia de Alicante; Alboraya, Gandia y Cullera, en la de Valencia, y Burriana, Oropesa y Peñíscola, en la de Castellón.

El proyecto tiene una duración de tres meses, se desarrolla de lunes a domingo, puede ajustarse a las necesidades de cada municipio y su ejecución estará coordinada por la AVSRE.

Los drones trabajarán junto a los servicios de salvamento de estas playas para desplegar tareas de apoyo a la vigilancia en la zona de baño y realizar lanzamiento de flotadores a bañistas en situaciones de riesgo.

Puig ha recordado en este punto que el ahogamiento es en la actualidad la tercera causa de mortalidad en el mundo en niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años.

Por su parte, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública ha incidido también en que el objetivo de esta campaña de sensibilización es trasladar a la ciudadanía que los comportamientos imprudentes pueden conducir a desenlaces fatales.

Tal y como ha indicado, en la mayoría de casos, estos fallecimientos podrían haberse evitado «con un comportamiento responsable, como respetar las banderas, bañarse solo en plenas facultades físicas o evitar adentrarse en el mar sin socorrista».

El Gobierno valenciano está decidido a «lograr, junto con la implicación de la ciudadanía, una costa completamente libre de ahogamientos, porque, como dice el lema de la campaña dirigida a todas las personas que disfrutan de nuestras playas en verano, queremos volver a verte», ha expuesto Bravo.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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