(EUROPA PRESS)-La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València que investiga el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia, que el 3 de julio de 2006 costó la vida a 43 personas y provocó heridas a 47 más, ha citado a la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia y a otros cuatro investigados para tomarles declaración el 26 de marzo.

Así consta en la providencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que se detalla que los citados son: Gracia (a las 10 horas); Juan José Gimeno, entonces director de la Auditoría para la seguridad y circulación de FGV, a las 10.30; Manuel Sansano, exdirector de Operaciones, a las 11; Sebastián Argente, exjefe de la Línea 1, a las 11.30; y Luis Miguel Domingo, a las 12.

En la resolución, la jueza también ofrece la posibilidad de que presten declaración de nuevo Salvador Orts, quien ocupaba el cargo de jefe de estudios y proyectos y miembro del Comité de Seguridad de FGV; Francisco Gracía, ex director técnico de la explotación y miembro del Comité de Seguridad; y Vicente Antonio Contreras, entonces director adjunto de la explotación.

Asimismo, la instructora ha dado traslado a las partes de la petición de la Fiscalía para que la investigación se prorrogue tres años más. Tienen cinco días para manifestarse al respecto.

Por otro lado, la jueza pide a FGV que remita, a la mayor brevedad posible, copia de los expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados por el organismo para conocer la entidad de las lesiones padecidas por las personas que resultaron lesionadas como consecuencia del siniestro. Esto es necesario para la calificación de los hechos.

Esta resolución se produce después de que a mediados del pasado mes de febrero la Audiencia Provincial de Valencia ordenara a la instructora reabrir la causa del accidente, que la jueza ha llegado a archivar en tres ocasiones y que ha sido posteriormente reabierta por decisión de la propia Audiencia.

El juzgado archivó el procedimiento el pasado mes de mayo al descartar que existieran responsables penales y al no ver acreditado que en el siniestro «tuviese incidente un fallo o mal estado del material móvil o de la infraestructura».

Tanto la Fiscalía como la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio y otros afectados a título personal recurrieron esta decisión de sobreseimiento y la Audiencia Provincial les dio parcialmente la razón y ordenó a la instructora que reabriera el caso y ofreciera la posibilidad de tomar declaración como investigadas a ocho personas.