La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, además, ha ordenado la unión a la causa judicial de una fotografía exhibida por la Policía a un marinero del citado barco mercante y el interrogatorio como testigo de este marinero y el de otros dos miembros más de la tripulación, igualmente en calidad de testigos.
Esta decisión se produce después de que la Audiencia de Valencia aceptara un recurso de la acusación popular en este caso, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, solicitando dichas pruebas.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana han informado de la resolución, pero han precisado que las diligencias no suponen reactivar la investigación, que no ha sido nunca cerrada.
La instructora emitió hace un año una orden europea de investigación para solicitar la colaboración de las autoridades del Reino Unido sobre la supuesta huida en barco de Anglés. El juzgado había recibido un informe policial donde se solicitaban nuevos interrogatorios a testigos, concretamente a miembros de la tripulación del barco desde el que supuestamente huyó el fugitivo.
El capitán del barco «City of Playmouth», en el que supuestamente viajó como polizón el asesino de las tres adolescentes de Alcàsser, había dicho en un programa televisivo en La Sexta que un miembro de su tripulación pudo ayudar a Anglés a escapar, y la jueza ordenó tomar declaración al marinero.
De las declaraciones de marinero y del capitán se dedujo que Anglés mantuvo una conversación telefónica con un trabajador de una compañía de transportes desde el propio barco. Además, al parecer, un miembro de la tripulación le llegó a fotografiar.
La acción popular pidió a la juez la localización de esta fotografía y la identificación del empleado de la compañía de transportes, diligencias que la magistrada rechazó y que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha considerado oportunas, a petición de la citada asociación.
Los magistrados de la Audiencia entienden, en un auto al que ha tenido acceso EFE, que esas diligencias «tienen una finalidad útil y pertinente para la continuación del procedimiento (la localización de investigado) y resultan proporcionadas a la evidente gravedad de los hechos delictivos objeto de investigación».
«Confirmar que el investigado era el polizón descubierto en el barco puede permitir sentar una nueva base desde la que continuar las pesquisas para determinar su ulterior itinerario y, en su caso, su actual paradero», añade la Audiencia.
Tras recibir el auto de la Audiencia, el citado Juzgado de Alzira ya ha acordado la práctica de esas nuevas diligencias.
El secuestro y asesinato en noviembre de 1992 de Miriam, Toñi y Desirée, las tres vecinas de Alcàsser (Valencia) de entre 14 y 15 años violadas y torturadas hasta la muerte por el prófugo Antonio Anglés y su compinche Miguel Ricart -en libertad desde 2013-, mantuvo en vilo a España durante más de dos meses, hasta que aparecieron sus cadáveres.
Investigaciones posteriores han seguido la pista del posible paradero de Anglés, en caso de seguir vivo, o la confirmación de su muerte, que pudo haberse producido al arrojarse al mar desde el citado barco rumbo a Dublín.
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