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La madre de Marta Calvo en el Congreso: «A los asesinos no les puede seguir saliendo gratis callar»

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Madrid, 5 nov (EFE).- Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven supuestamente asesinada en noviembre de 2019, ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular cuyo objetivo es que se tipifique como delito autónomo la ocultación intencionada del cadáver tras un homicidio o asesinato.

Burón, en todo momento respaldada por el portavoz de la familia materna de Marta Calvo, Mariano Navarro, y el padre de la también desaparecida Marta del Castillo, Antonio del Castillo, ha reclamado a las puertas de la Cámara baja que «a los asesinos no les puede seguir saliendo gratis callar».

La madre de Marta Calvo, visiblemente emocionada y sujetando una pancarta con el logotipo de la plataforma que lleva el nombre de su hija, ha explicado que perseguirá la instauración del ocultamiento intencionado del cadáver como delito penal «cueste lo que cueste».

«Si no hay cuerpo, hay menos delito. Los delincuentes tienen derecho a mentir y a callar. ¿Qué derechos tenemos las familias?», ha reivindicado Marisol Burón.

Tras el registro de esta iniciativa legislativa popular (ILP) en el Congreso, ha detallado que recibirán una respuesta en un plazo aproximado de quince días. En caso de ser positiva, la familia de Marta Calvo podrá comenzar una recogida de 500.000 firmas para continuar con el trámite de la propuesta en la Cámara baja.

Marisol y sus acompañantes han recibido el apoyo de varios diputados de distintos partidos políticos, que han salido del hemiciclo para respaldar la iniciativa.

Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, desaparecida hace casi trece años, ha denunciado que en España «ocultar un cadáver no tiene ninguna pena», por lo que los asesinos lo hacen «para eliminar pruebas».

Además, ha subrayado que desde la desaparición de su hija se han conocido “muchos casos” de ocultación del cadáver tras un asesinato. «Han tomado nota y no podemos consentir que siga así», ha añadido.

Por su parte, el portavoz de la familia materna de Marta Calvo, Mariano Navarro, ha remarcado que también cuentan con el apoyo de Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer. «Este equipo de tres va a conseguir su objetivo», ha asegurado Navarro.

La búsqueda del cuerpo de Marta Calvo, supuestamente asesinada en noviembre de 2019 por Juan Ignacio P.J., al que se le atribuyen al menos otras dos muertes violentas y otros cinco intentos, se prolonga ya durante 23 meses en los que se han sucedido diversos operativos multitudinarios, todos ellos infructuosos hasta el momento.

El detenido, que se entregó el 4 de diciembre en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, sostiene que la muerte de la joven fue «un accidente» tras haber mantenido una relación sexual con consumo de cocaína, y que procedió a desmembrar el cuerpo, cuyas partes distribuyó en varios contenedores.

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Suben a 8 las víctimas, 5 de ellas menores, por agresión sexual de un miembro de una relevante iglesia evangélica valenciana

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Suben a 8 las víctimas, 5 de ellas menores, por agresión sexual de un miembro de una relevante iglesia evangélica valenciana-ARCHIVO FREEPIK

València, 17 may (OP-EFE).- Un miembro relevante de una asociación de carácter religioso de Valencia permanece en prisión, por riesgo de fuga y de reiteración delictiva, acusado de haber agredido sexualmente a ocho personas de las que, al menos, cinco serían menores de edad, según fuentes judiciales.

La Policía Nacional ya informó en julio de 2023 de la detención de este hombre de 30 años en una localidad de la comarca valenciana de l’Horta que aprovechaba su condición de «miembro destacado» de una entidad religiosa para ganarse la confianza de menores de corta edad, a tres de las cuales agredió sexualmente e hizo tocamientos durante años.

A ese hombre, de origen paraguayo, se le acusaba entonces de realizar tocamientos a tres niñas y de dos delitos de exhibicionismo y provocación sexual por mostrar contenido pornográfico, incitar a prácticas sexuales y masturbarse delante de dos niños.

La investigación se inició después de que se tuviera conocimiento de que dos hermanas, una de ellas menor de edad, podían haber sido agredidas sexualmente por un hombre amigo de la familia.

Al parecer, el hombre habría comenzado a agredir a la mayor de ellas cuando él era también menor de edad y la víctima apenas tenía 5 años, sometiéndola a tocamientos durante más de diez años.

Asimismo, averiguaron que la otra hermana, también menor de edad, también habría sufrido este tipo de conductas en varias ocasiones aprovechando que el hombre recogía a la niña del colegio cuando su madre trabajaba y se quedaba a solas con ella en el domicilio.

Durante la investigación, los agentes descubrieron otra agresión sexual cometida por el investigado a otra menor, así como de otro hecho también de índole sexual ocurrido con dos jóvenes cuando estos también eran menores, donde al parecer, el hombre les habría mostrado contenido pornográfico incitándoles a realizar prácticas sexuales mientras se masturbaba.

El hombre aprovechaba la diferencia de edad con las víctimas y su inmadurez, ya que la mayoría tenía entre 5 y 8 años, para lograr una escasa resistencia. Además les convencía para que no contaran nada de lo sucedido a sus progenitores y les hacía creer que era un juego secreto entre ellos.

Las novedades judiciales del caso

Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha confirmado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Mislata tiene abiertas esas diligencias previas desde junio de 2023 tras la detención del sospechoso por la Policía Nacional como presunto autor de cinco delitos de agresión sexual contra menores de edad.

El pasado 9 de febrero, el nuevo titular del juzgado, tras recibir declaración de dos de esas víctimas como prueba preconstituida, convocó una comparecencia de prisión y, a petición de la Fiscalía y la acusación particular, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado.

El juez tomó esa medida al apreciar un evidente riesgo de fuga y de reiteración delictiva, y también le impuso medidas cautelares de prohibición de aproximación y de comunicación respecto a las cinco víctimas contabilizadas en ese momento.

El pasado 12 de abril, el juez dictó un nuevo auto en el que denegó la petición de libertad formulada por la defensa del investigado, ya que entendía que persistía el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, riesgo que no podía conjurarse con medidas menos restrictivas que la prisión preventiva.

A ello se suma el hecho de que la Policía hubiera presentado un nuevo atestado donde hacía constar la existencia de tres nuevas víctimas, con lo que el número total de éstas ascienden ya a ocho, señalan desde el TSJCV.

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