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Sucesos

La «manada de Callosa», condenada a entre 14 y 18 años de cárcel

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Alicante, 16 jul (EFE).- Los cuatro miembros de la conocida como ‘manada de Callosa’ de Alicante han sido condenados a penas entre los 14 y 18 años de prisión por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por la violación en grupo sufrida por una joven el día de Año Nuevo de 2019 en la localidad de Callosa d’en Sarrià.

Notificada este viernes a las partes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la sentencia declara a cada uno de los penados autor de un delito continuado de agresión sexual por su participación directa en los hechos, y cooperador necesario de los tres delitos del mismo tipo penal cometidos por cada uno de los otros tres coacusados.

A dos de ellos, además, la Sala les condena por un delito de descubrimiento y revelación de secretos porque fotografiaron o grabaron con sus teléfonos móviles los hechos.

Según declara probado la resolución judicial, los acusados coincidieron con la víctima, entonces de 19 años, en la zona de ocio de Benidorm durante la celebración de la Nochevieja de 2018, y siguieron con ella de fiesta.

En las horas posteriores acudieron a un domicilio de Benidorm, donde la chica fue agredida sexualmente por dos de los hombres, y al sótano de la vivienda de Callosa d’en Sarrià de uno de ellos, quien volvió a agredirla sexualmente mientras los demás participaban directamente o cooperaban de alguna manera en esa violación.

La víctima «fue menospreciada y reducida a un mero objeto sexual de los acusados», quienes se dirigían a ella «con ánimo denigratorio» o «en tono de burla» mientras sucedían los hechos,

Actuaron «como si se tratara de un evento festivo, reproduciendo constantemente música» o «chistando» como respuesta a sus quejas y lamentos, según recoge la sentencia dada a conocer por el TSJCV.

La Audiencia de Alicante aprecia en la conducta de los procesados las atenuantes de confesión y reparación del daño, ambas contempladas en sus conclusiones definitivas por la Fiscalía y la acusación particular.

Esto es así porque todos los acusados reconocieron los hechos durante el juicio y pidieron expresamente perdón a la perjudicada.

Por lo que respecta a la segunda atenuante, la propia víctima declaró sentirse resarcida por la indemnización de 60.000 euros consignada en una cuenta judicial por sus agresores antes de la celebración de la vista oral.

El tribunal también aplica la atenuante de embriaguez -que reconocía la acusación particular pero no el Ministerio Público-, al considerar acreditado que la actuación de los agresores se vio influida por una «incesante» ingesta importante de alcohol y sustancias estupefacientes.

Al individualizar las penas, los magistrados imponen la más alta, 18 años de cárcel, a uno de los agresores frente a los 21 años y dos meses solicitados por la Fiscalía, y a los 16 años y cuatro meses que pedía la acusación particular.

El resto de los tres acusados ha sido condenado a 14 años y dos meses, 14 años y 10 meses y 17 años y dos meses de cárcel, respectivamente. Todas estas penas llevan aparejada las correspondientes órdenes de prohibición de aproximación y comunicación con la perjudicada.

El fallo, que puede ser recurrido en apelación, ordena la obtención, incluso forzosa, de pruebas de ADN de los cuatro condenados para su inclusión en una base de datos policial, «habida cuenta la gravedad de los hechos y la reiteración de la agresión a la víctima».

 

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Sucesos

Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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