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Valencia

La mascarilla deja de ser obligatoria en la Universitat de València

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Imagen de archivo de estudiantes de una universidad. EFE/Archivo

València, 29 abr (EFE).- La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha informado este viernes al Consejo de Gobierno de la institución de que, ante el cambio de contexto de la última semana y escuchada la comunidad universitaria, se deja sin efectos la resolución de obligatoriedad del uso de la mascarilla vigente hasta el momento pero se «insta firmemente» a su utilización.

Según fuentes de la institución académica, en la reunión en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, la representación del estudiantado «ha apoyado a la decisión del Consejo de Dirección de la Universitat de València de instar firmemente al uso de la mascarilla».

La UV adoptó una resolución de obligatoriedad del uso de las mascarillas en periodo de vacaciones académicas y atendiendo la recomendación de la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE) de seguir usándola en espacios interiores, mantener los protocolos de ventilación y seguir recomendando la higiene de manos.

También atendía el marco normativo del Real Decreto, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la LOU, el Estatuto del Estudiantado Universitario y la resolución de la Conselleria de Sanidad del 21 de abril.

Según las fuentes, tras la adopción de la decisión por parte de la UV, se conoció que la mayoría de las universidades españolas había interpretado el documento de CRUE-Sostenibilidad en el sentido de «recomendación no obligatoria».

Así, la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional de la Generalitat había indicado la no obligatoriedad del uso de la mascarilla, a todos los efectos, para el alumnado, profesorado y personal no docente.

«Estas actuaciones de las Administraciones Públicas y las universidades evidencian su valoración de que es posible mantener en el ámbito educativo un nivel que consideran aceptable de protección frente a la COVID-19 sin una obligatoriedad en el uso de la mascarilla», indican las fuentes.

Con este nuevo contexto, el Consejo de Dirección de la UV inició el 26 de abril, nada más retomarse la actividad lectiva, un proceso de información y consulta, con la Comisión Asesora Estudiantil (CAES) y con decanos, decanas y directores, y se reunió la comisión permanente del Comité de Seguridad y Salud dos días más tarde.

Según la UV, en este proceso de consultas «se han expresado posiciones favorables a la obligatoriedad en el uso de la mascarilla, y posiciones que plantean que se pueden conseguir los objetivos de protección perseguidos con una recomendación, no necesariamente obligatoria, de este uso».

El objetivo, ha expresado la rectora, «siempre ha sido la máxima protección de las personas, como hemos hecho desde el inicio de la pandemia».

El coordinador de la Asamblea General de Estudiantes (AGE), Víctor Herrera, ha agradecido el diálogo mantenido con el equipo de la rectora, Mavi Mestre, y ha celebrado que a partir de ahora el uso de la mascarilla sea una recomendación a la que el colectivo de estudiantes se une «enérgicamente».

Desde la AGE se ha instado asimismo al conjunto del estudiantado a hacer uso de las mascarillas en las instalaciones y se han mostrado convencidos de que «la responsabilidad individual y colectiva seguirá dando sus frutos como en los últimos dos años».

En la reunión del Consejo de Gobierno, Mestre ha informado de que, desde el Consejo de Dirección, ha considerado que «el objetivo de garantizar la máxima seguridad de las personas, no solo de la comunidad universitaria sino también de sus familias, se puede conseguir desde la obligatoriedad o desde la responsabilidad compartida y un uso responsable por parte de cada cual y cada una de nosotros».

Por ello, ha añadido, «el Consejo de Dirección ha decidido dejar sin efectos la resolución del día 22 de abril, instando firmemente en la comunidad universitaria al uso de la mascarilla en todas las instalaciones de nuestra Universidad hasta el fin del curso académico’.

La Universidad continuará proporcionando al personal de la Universitat de València mascarillas y se mantendrá la ventilación de los espacios y los sistemas de control de calidad del aire.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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