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La nueva RTVV busca imagen y nombre por 50.000 euros

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La Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) ha convocado el concurso para la selección del nombre y la imagen del conjunto del ente formado por la televisión, radio, plataforma web y perfiles en redes sociales, entre otros.

Así se refleja en la publicación que recoge este lunes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), donde se explicitan las bases del concurso para la selección del ‘naming’ y ‘books’ o ‘portfolios’ para el diseño de la identidad visual, cuyo plazo de presentación es de 20 días naturales a partir de este martes. Para ello, CVMC ha autorizado un gasto de 50.000 euros, con cargo a su presupuesto.

La propuesta de ‘naming’ elegida será retribuida con una prima de 5.000 euros y cada uno de los tres finalistas seleccionados para el desarrollo visual del nuevo nombre recibirán 5.000 euros. El ganador de esa segunda fase obtendrá una prima adicional de 30.000 euros.

Con todo ello, según la resolución, se busca la selección del nuevo nombre y marca de las plataformas públicas audiovisuales y la selección de tres finalistas que participen en el desarrollo del diseño de la identidad visual. Por tanto, los finalistas seleccionados desarrollarán la identidad visual de la marca elegida durante el proceso de selección previo.

La citada selección tiene la naturaleza de concurso de proyectos, contará con un jurado y se desarrollará en dos fases. Las personas que deseen participar en este proceso pueden hacerlo optando solo al apartado de ‘naming’, solo al apartado de ‘book’ o a ambos apartados.

En el caso de la propuesta de nombre, se seleccionará la nueva marca que debe actuar como marca que englobará la cadena de televisión generalista, dos cadenas de radio, plataforma, perfiles de redes sociales, aplicaciones para dispositivos móviles y otros canales existentes como la televisión híbrida, smart TV y otras plataformas y canales de futura creación.

Respecto al desarrollo de la identidad visual de la nueva marca, se seleccionarán tres finalistas para el diseño de la nueva identidad visual que deberán proponer el desarrollo del conjunto corporativo gráfico que represente a la nueva plataforma audiovisual: televisión, radio e internet, mediante una propuesta de logotipo y símbolo, logotipo y símbolo autónomos o logotipo y símbolos fundidos. La propuesta incluirá el desarrollo de Manual de Identidad Corporativa.

Las propuestas presentadas deben ser en valenciano, así como originales e inéditas. A la hora de evaluar los nombres propuestos se tendrá en cuenta que promocione la cultura valenciana (25% de la puntuación), que contribuya a la vertebración del territorio de la Comunitat Valenciana (25 % de la puntuación), que sea legible y fácil en su lectura, comprensión e interpretación (25 % de la puntuación) y que esté concebido con criterios de durabilidad (25 % de la puntuación).

Los finalistas se comprometen a entregar la propuesta visual y sonora desarrollada a partir del nombre elegido en un plazo de 45 días naturales a contar desde el día siguiente a que el jurado seleccione la propuesta de books o ‘portfolios’ y de naming y se las entregue. El jurado seleccionará el ganador en un plazo máximo de 15 días desde la finalización del plazo anterior.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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