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La ONU considera arbitraria la inhabilitación de Garzón y da 6 meses a España para que se le repare

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Madrid, 26 ago (EFE).- El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue inhabilitado en un «proceso arbitrario» cuando instruía el caso Gürtel, y pide a España «una reparación fectiva» porque el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia.

La resolución del organismo de la ONU, adelantada por el diario.es y a la que ha tenido acceso Efe, concluye que el Tribunal Supremo vulneró la presunción de inocencia de Baltasar Garzón y no observó las preceptivas garantías de un proceso judicial cuando en 2012 le condenó a 11 años de inhabilitación por ordenar que se interceptaran las comunicaciones que mantuvieron los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados.

Entiende el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el proceso judicial que acabó con la inhabilitación de Garzón fue «arbitrario» y critica que el magistrado fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir.

Así, exige al Estado español una «reparación integral» a Garzón, que borre sus antecedentes penales y le proporcione «una compensación adecuada por el daño sufrido».

El dictamen da a España seis meses para «garantizar una reparación efectiva» a Garzón por los derechos lesionados.

«El Comité considera que la condena del autor fue arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida», detalla el escrito, que aboga por una «reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados».

«En consecuencia, el Estado parte tiene la obligación de borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro», concluye.

Y añade que el Comité desea recibir del Estado español, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen, y que le de publicidad.

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Fiscalía solicita prisión sin fianza para Ábalos por riesgo de fuga en la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo el ingreso en prisión provisional sin fianza para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ante el riesgo de fuga de cara al juicio por la trama de mascarillas durante la pandemia. La solicitud se produce en el marco de la revisión de las medidas cautelares que actualmente mantienen en libertad a Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Acusaciones y petición de penas

La Fiscalía considera que existen indicios racionales de criminalidad y una elevada petición de pena que justifican la prisión preventiva. Para Ábalos, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión, mientras que para Koldo García se reclaman 19 años y medio, por presuntos delitos de:

  • Pertenencia a organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación de fondos públicos

  • Uso de información privilegiada

Además, se solicita que ambos sean condenados a pagar una multa de 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares elevan las penas a 30 años e incluyen delitos adicionales como prevaricación y falsedad documental.

Riesgo de fuga y medidas cautelares

La Fiscalía argumenta que el ingreso en prisión es idóneo, necesario y proporcionado para evitar el riesgo de fuga antes del juicio. Actualmente, Ábalos y Koldo García están sujetos a medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, escuchará a las partes durante la vista para decidir si modifica las medidas cautelares y decreta la prisión provisional, conforme al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

 

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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